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Un modelo consolidado de legalización descentralizada ha convertido a los celulares en salas de juego 24 horas, logrando que 8 de cada 10 jóvenes ya haya apostado por esa vía. Solo en el último año, las consultas por juego compulsivo recibidas en la línea 141 aumentaron el 27% respecto del anterior.
Sin embargo, un proyecto de ley de prevención de ludopatía y regulación de apuestas, que tiene media sanción de Diputados desde fines de 2024, quedó frenado en el Senado. El resistido dictamen de la Cámara baja restringe severamente la publicidad, la promoción y el patrocinio de los juegos de azar en todo el país y prevé penas de 3 a 8 años para quien organice o administre sistemas de captación de juegos de azar sin la autorización correspondiente, además de prohibir bonos de bienvenida y exigir validación biométrica para menores.
La reciente creación de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía en la provincia de Buenos Aires abrirá el debate y las disputas sobre proyectos que involucren el control de uno de los más millonarios negocios bonaerenses.
A nadie escapa ya que los intereses en juego vienen, hasta aquí, logrando exitosamente frenar cualquier legislación regulatoria que pudiera afectar a un sector que, se estima, moverá más de 1720 millones de dólares este año, cuando en 2019 habían sido solo 300 millones. El tiempo transcurre sumando afectados y daños en miles de familias, hoy a merced de la voluntad de quienes engrosan sus bolsillos a su costa, con un Estado cómplice que se desentiende de su responsabilidad. Recordemos que el presidente Javier Milei sugirió que vetaría la iniciativa por considerarla “antiliberal” y “comunista”.
La pátina de legalidad con fines recaudatorios que rige actualmente ha promovido desde patrocinios masivos en ámbitos deportivos, pasando por publicidad a cargo de figuras reconocidas en distintas plataformas y empresas multinacionales recurriendo a estrategias puntualmente diseñadas para captar al público joven, más proclive a caer en la adicción en busca de la gratificación inmediata.
Brasil vuelve a darnos un ejemplo. Informes del Banco Central del vecino país identificaron los montos de dinero de beneficiarios de programas sociales que fueron a parar a plataformas de apuestas. La inmediata respuesta de Lula Da Silva revela cuán sencillo puede ser tomar el toro por las astas. Automáticamente se ordenó el bloqueo de más de 2000 sitios no autorizados, limitándose fuertemente la publicidad y prohibiendo el uso de tarjetas de crédito para las apuestas a fin de evitar el sobreendeudamiento de los apostadores. El presidente se comprometió a trabajar junto al Congreso y el Poder Judicial para que los casinos digitales “no sigan endeudando a las familias y destruyendo el hogar”, expresó en un video subido a sus redes.
Países como el Reino Unido, Francia, España, Italia o Australia reformaron sus marcos regulatorios para crear conciencia y desalentar la participación de menores, entre otras muchas medidas de control.
Mientras tanto, la ludopatía se extiende como una mancha de aceite entre nuestros jóvenes, víctimas de un ecosistema digital diseñado para sumar más y más adictos. Si quienes nos representan carecen de la voluntad requerida para poner los torniquetes en esta tremenda herida que desangra a nuestra sociedad, solo habrán confirmado su nivel de connivencia con los dueños de la ruleta que sigue jaqueando tantas vidas. No va más.
