Malas artes en la derrota

No hubo que esperar mucho tiempo para comprobar cómo iba a reaccionar el Gobierno tras la categórica derrota que sufrieron sus candidatos en el orden nacional en las elecciones generales del 14 de este mes.

Al descabellado festejo del Presidente –quien, en la misma noche de los comicios, arengó a los suyos a celebrar un falso triunfo–, le siguieron una suerte de manotazos institucionales protagonizados por algunos amanuenses oficialistas habituados a poner la cara para realizar el “trabajo sucio”.

La casi inmediata reaparición en la escena pública del “disciplinado” senador Oscar Parrilli y del tan jactancioso como bravucón gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, no es inocente y prenuncia una catarata de proyectos que irán en la misma dirección, urgidos por el próximo recambio parlamentario.

Todo lo que el oficialismo no logre imponer con su actual mayoría en el Senado y su primera minoría en Diputados tropezará a partir del 10 de diciembre con una oposición que ha crecido en número en ambas Cámaras del Congreso y hará respetar su voz. Hasta entonces, veremos repetirse lamentables y preocupantes escenas como la de la semana última, cuando el oficialismo, en soledad, ratificó en comisión y sin debate 116 decretos de necesidad y urgencia del Presidente, lo cual significa –como bien ha expresado el senador de la oposición Luis Naidenoff –“un grave atropello institucional que demuestra el desprecio por el Congreso, por la Constitución y por las reglas de la democracia”.

Los pésimos ejemplos de violencia verbal que emiten funcionarios del Gobierno contra la prensa independiente se convierten en insumo para una escalada como la que llevó al ataque con bombas molotov al diario Clarín

Esa arremetida por legalizar decretos de Alberto Fernández estuvo acompañada por la presentación en el Senado de un proyecto de ley que relaja las mayorías necesarias para impulsar la realización de una consulta popular. El autor es el senador Parrilli, presidente del Instituto Patria, quien impulsa modificar la ley que reglamentó ese instituto eliminando la obligación de conseguir el voto afirmativo de la mayoría absoluta de cada cámara legislativa (la mitad más uno de sus miembros) para sancionar la convocatoria a una consulta popular. El proyecto de Parrilli mantiene la prohibición actual de someter a ella temas que requieran mayorías especiales para su sanción o que el trámite sea iniciado en una determinada cámara, pero elimina esa restricción constitucional para el caso de las consultas no vinculantes, al establecer que podrán ser convocadas para tratar “todo asunto de interés general para la Nación”. En este caso, el voto no es obligatorio.

Con pocas horas de diferencia respecto de Parrilli, Capitanich hizo otro aporte a la desmesura. Volvió sobre sus pasos cuando, siendo jefe de Gabinete, había roto ante cámaras un ejemplar del diario Clarín, simplemente porque al gobierno kirchnerista siempre le molestaron las críticas del periodismo independiente. En esta oportunidad, trató a los ciudadanos de estúpidos al sostener que “piensan lo que los periodistas proponen”; un razonamiento de muy corto vuelo, además de falaz. No le ha servido de mucho al Gobierno gastar discrecionalmente tanto dinero público para sostener el relato en medios afines cuando está visto que no convence ni a los propios. También podría pensarse que no han logrado su perverso objetivo porque son esos medios los menos leídos, vistos o escuchados, precisamente por la dependencia partidaria que los vuelve acríticos, ciegamente sectarios.

Capitanich trata a los ciudadanos de estúpidos cuando sostiene que “piensan lo que los periodistas proponen”, un razonamiento no solo falaz, sino de muy bajo vuelo, tal como la intentona de Parrilli de modificar la ley de consulta popular

“La propuesta es una corrección de dos o tres artículos de la ley de medios para garantizar mecanismos de equidad. Si no hay mecanismos de equidad, la incidencia en la construcción de los marcos mentales incide de manera notable”, pretendió explicar Capitanich, quien al hablar de “marcos mentales” dice mucho más de él que de quienes combate y aborrece.

Los pésimos ejemplos de violencia verbal que emiten funcionarios del Gobierno contra la prensa independiente se convierten en insumo –cuando no en aliento– para grupos de forajidos y marginales como las nueve personas encapuchadas que el lunes pasado por la noche atacaron con bombas molotov la sede del diario Clarín, provocando un principio de incendio.

Mientras algunos van cerrando filas para capitalizar los pocos días que quedan antes de la renovación parlamentaria, el Gobierno recibió con agrado la reinstauración de otra vocería propia en los medios: la vuelta del programa 6,7,8, nave insignia comunicacional del kirchnerismo más acérrimo. Con otro nombre –6,7,9–, será difundido por redes sociales, donde el “todo vale” intentará imponer los falsos relatos conspirando contra el chequeo y la legitimación profesionales que corresponde hacer a todo medio de prensa serio.

Es verdad que la ciudadanía está nerviosa y preocupada, pero no lo está por lo que difunden los medios independientes, como quiere hacer creer Cristina Kirchner, sino por la dura realidad que le toca vivir, culpa del deplorable desempeño del gobierno que ella integra

Sería parcial, no obstante, adjudicar todo este embate del oficialismo a la mala performance electoral del pasado domingo 14. En el lapso transcurrido entre las PASO y los últimos comicios, Cristina Kirchner ya había comenzado a resembrar el camino de las críticas al periodismo independiente. Ella también cargó sobre la prensa al decir: “La gente piensa lo que los periodistas proponen (…) Hace tiempo que [los medios] están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos”. Ciertamente, no se puede esperar de la vicepresidenta que reconozca el origen del nerviosismo ciudadano, cuyo hartazgo quedó evidenciado en las urnas.

Sí se puede esperar, y debería ser imperioso que ocurriera, que los gobernantes y los legisladores se ocuparan de solucionar los temas del país apelando a la autocrítica, la búsqueda de consensos y el establecimiento de políticas de Estado que intenten sacarnos, de una vez por todas, del fondo del pozo al que se ha conducido a nuestro país.

En ese esquema, la oposición deberá tener un rol también acorde con el delicado momento que nos toca vivir, alejada de falsos triunfalismos y comprometida con el mandato de las urnas. De nada serviría que a las malas artes de la derrota se sumen las malas prácticas de la victoria.