Maltrato oficial a las academias nacionales

Hacia el año 387 a.C., Platón instaló en la vieja casa de Academus su centro de difusión del saber. Allí nacieron las academias como centros de irradiación cultural. Su rol fue siempre diferente pero complementario al de las universidades. Las academias griegas y sus continuadoras sobrevivieron 900 años hasta la clausura dispuesta por el emperador Justiniano en el 529 d.C. Fue la primera pero no la última vez en que estas instituciones colisionaron con gobiernos autoritarios o populistas, a los que perturba esa actividad cultural o científica.

La primera academia fundada en la Argentina fue la de Medicina, en 1822, por iniciativa de Bernardino Rivadavia. Le siguió la Academia Nacional de Ciencias, fundada por Domingo Faustino Sarmiento, en Córdoba, en 1869. Pocos años después nacieron las academias de Letras, en 1873, y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en 1874. Tres integrantes de esta última recibieron el Premio Nobel: Bernardo Hussey, Luis Federico Leloir y César Milstein. En 1893, se formó la Academia de la Historia. Durante la primera mitad del siglo 20 fueron creadas las academias de Derecho de Buenos Aires y de Córdoba, la de Ciencias Morales y Políticas, la de Agronomía y Veterinaria, de Bellas Artes y la de Ciencias de Buenos Aires.

En 1950, el gobierno de Juan Perón promovió una ley, luego sancionada por el Congreso Nacional con el número 14.007, que hirió de muerte a las academias. En los considerandos decía: “Esas organizaciones conocidas por el pueblo –poderoso motor de toda actividad nacional– trabajaban alejadas de ese pueblo. Es ese pueblo que hoy exige que sus academias dejen de ser el refugio de los representantes de las viejas clases dirigentes para convertirse en un organismo vivo, joven y dinámico que marche a tono con las exigencias de la hora revolucionaria que vive el país”. Era un lenguaje que hoy podría ponerse en boca de algún buen discípulo de Ernesto Laclau en el Instituto Patria. La ley, reglamentada dos años después, suprimía la autonomía de las academias, las ponía al servicio del Poder Ejecutivo, que nombraba a sus integrantes y autoridades. La consecuencia fue la desaparición formal de esas entidades. Sus integrantes siguieron reuniéndose en la casa de alguno de los miembros desplazados.

En noviembre de 1955, el gobierno del general Pedro Aramburu emitió un decreto que restituyó la autonomía a las academias, que así volvieron a su actividad. Desde entonces, el Gobierno les otorgó mensualmente una suma que alcanzaba para pagar dos o tres sueldos y un mínimo de gastos. Esto ha sido suficiente en instituciones con administraciones muy austeras en las que los académicos y profesionales trabajan ad honorem e, incluso, aportan dinero. Hoy, hay 22 academias nacionales que desarrollan una encomiable actividad. Desde hace ocho años han logrado coordinarse para elaborar anualmente un valiosísimo trabajo conjunto sobre un tema de interés nacional. El de 2020 se refirió a la pandemia analizada desde los distintos ángulos de cada área del conocimiento.

Con excepción de la Academia Nacional de Medicina, que desarrolla actividades asistenciales y que por ello está considerada administrativamente en el presupuesto del Ministerio de Salud, el resto de las academias se relaciona con el Ministerio de Educación. El monto anual que se les asigna no alcanza al 0,03% del que ese ministerio aplica a las universidades nacionales. Para que se comprenda bien, por cada mil pesos gastados en universidades, se gastan treinta centavos en las academias. No se trata, por lo tanto, de un esfuerzo económico para el Estado.

El peronismo nunca se llevó bien con las academias. Cada vez que ha sido gobierno lo ha demostrado. Hoy volvemos a presenciar un embate sutilmente instrumentado a través del estrangulamiento económico. Con una inflación del 4% mensual, el congelamiento de las partidas implica una severa reducción real. Desde la asunción de este gobierno se congelaron nominalmente los aportes, mientras que otros gastos han crecido más de un ciento por ciento desde septiembre de 2019, fecha del último ajuste.

Con cierta hipocresía, el Gobierno argumenta que las academias no son entes dependientes y que no le generan obligaciones. En otras palabras, que se arreglen solas. Evidentemente no considera ni comprende la contribución que realizan a la sociedad cientos de científicos, pensadores, intelectuales e investigadores que dan su tiempo, esfuerzo y conocimiento sin cobrar un centavo. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, recibió solo en una oportunidad en forma virtual a los presidentes de las Academias Nacionales, pero no dio respuesta al reclamo de sostener el valor de las partidas. Tampoco ha designado un funcionario de contacto, como existía en el gobierno anterior. En rigor, optan por ignorar la existencia de las academias, movidos por una cuestión ideológica e histórica. La autonomía y la libertad de pensamiento son inconciliables con liderazgos autoritarios y discursos falaces. Esto debe cambiar.