Malvinas: la diplomacia como instrumento de soberanía
La defensa de los derechos argentinos exige mesura, perseverancia, recuperar la confianza internacional y no confundir firmeza con estridencia
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Las recientes iniciativas argentinas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, relacionadas con las actividades de exploración y explotación petrolera en las inmediaciones de las islas Malvinas, y la reacción del gobierno británico vuelven a poner de manifiesto la complejidad de una controversia que exige mucho más que declaraciones de principios.
La Argentina tiene razones históricas y jurídicas para sostener su reivindicación de soberanía. Pero la legitimidad de una pretensión no garantiza, por sí sola, la eficacia de los medios empleados para hacerla valer. Mucho menos cuando se enfrenta a un conflicto prolongado, con profundas implicancias políticas, económicas y estratégicas.
En principio, recurrir a un tribunal internacional constituye una decisión acertada, coherente con la voluntad de encauzar las controversias mediante los instrumentos que ofrece el derecho internacional. La jurisprudencia internacional ofrece antecedentes que pueden proporcionar fundamentos para la posición argentina, aunque sería prematuro anticipar el resultado de las actuaciones.
Como ocurre con toda iniciativa diplomática de semejante trascendencia, su evaluación debe comprender no solamente las posibilidades de obtener un pronunciamiento favorable, sino también las eventuales consecuencias jurídicas y diplomáticas de una decisión adversa. La prudencia exige medir tanto las ventajas que se esperan obtener como los riesgos que se está dispuesto a asumir. Esa tarea, propia de una diplomacia profesional, resulta particularmente importante cuando están comprometidos intereses nacionales de largo plazo.
Por otra parte, los complejos aspectos técnicos de la iniciativa ponen de manifiesto, una vez más, la necesidad y el beneficio de contar con un cuerpo diplomático de carrera y altamente especializado, formado en las disciplinas pertinentes y capaz de actuar con profesionalismo, conocimiento de los mecanismos internacionales de solución de controversias, memoria institucional y, sobre todo, continuidad. También muestran los riesgos de convertir las representaciones diplomáticas en instrumentos de compensación de favores políticos, confiando responsabilidades que requieren conocimientos y experiencia a personas cuya principal credencial es su cercanía con el poder.
La política exterior no admite improvisaciones. En una cuestión tan delicada como la de Malvinas, los arrebatos verbales, las provocaciones innecesarias, los gestos destinados al consumo político interno o las inverosímiles comparaciones entre nuestra controversia territorial y el supuesto “robo” de los mármoles del Partenón difícilmente contribuyan a mejorar la posición argentina.
En una reciente columna sobre las relaciones entre España y Marruecos, Arturo Pérez-Reverte ha señalado, con su habitual mordacidad, las ventajas que obtiene una diplomacia paciente, profesional y conocedora de su interlocutor frente a otra dominada por la improvisación y las urgencias políticas. Su reflexión contiene una enseñanza que trasciende aquel conflicto: en las controversias internacionales no basta con tener razón. Es indispensable conocer al adversario, comprender sus intereses, anticipar sus movimientos y sostener una estrategia que sobreviva a los gobiernos.
Una nación que aspira a modificar una situación internacional consolidada necesita una diplomacia más paciente, mejor preparada y más constante que la de quien procura mantener el statu quo. La diplomacia profesional no garantiza el éxito, pero la improvisación suele garantizar el fracaso.
Algunos observadores han sugerido que las recientes desavenencias entre los Estados Unidos y el Reino Unido podrían ofrecer a la Argentina una oportunidad diplomática. Es posible que, ocasionalmente, los astros parezcan alinearse favorablemente en determinadas causas. Pero sería imprudente confundir esas circunstancias pasajeras con transformaciones permanentes de las relaciones internacionales.
Los vínculos históricos, estratégicos y culturales entre Washington y Londres son demasiado profundos como para suponer que un momentáneo desacuerdo entre sus gobiernos modificará necesariamente una alianza construida durante generaciones. Las probabilidades de que sus relaciones recuperen sus cauces habituales son considerablemente mayores que las de una ruptura duradera.
La política exterior no admite improvisaciones. Los arrebatos verbales, las provocaciones innecesarias y los gestos destinados al consumo político interno difícilmente contribuyan a mejorar la posición argentina
La Argentina debe, por consiguiente, medir cuidadosamente sus pasos. Sus argumentos en favor de la soberanía sobre las Malvinas no pueden depender de las discrepancias circunstanciales entre terceros países ni, mucho menos, aparecer como el aprovechamiento oportunista de esas diferencias. Deben sostenerse siempre sobre fundamentos jurídicos sólidos y procedimientos de impecable legalidad.
La historia debería habernos enseñado el costo de apartarnos de ese camino. En 1982, la decisión de recurrir a la fuerza constituyó un gravísimo error de la conducción política y militar argentina, cuyas consecuencias todavía pesan sobre nuestra posición internacional.
Esta afirmación no encierra juicio negativo alguno sobre la valentía, el arrojo o el patriotismo de quienes debieron combatir. Su sacrificio merece respeto y gratitud. Lo que corresponde examinar críticamente es la decisión de quienes los enviaron a la guerra y la profunda equivocación diplomática y estratégica que esa decisión representó.
Recuperar la confianza internacional después de semejante antecedente exige tiempo, perseverancia y una conducta irreprochable. La Argentina debe demostrar -no solo proclamar- que su reivindicación territorial se encuadra sin reservas en las reglas de convivencia de la comunidad internacional.
La firmeza no debe confundirse con la estridencia. Defender los derechos del país exige mesura, dignidad y perseverancia. También exige distinguir lo esencial de lo accesorio y utilizar con inteligencia las herramientas jurídicas y diplomáticas propias de una convivencia civilizada, incluso con aquellos Estados con los que mantenemos profundas discrepancias.
La recuperación del ejercicio de la soberanía sobre las islas constituye un objetivo consagrado por nuestra Constitución. Pero ese objetivo no puede quedar reducido a una consigna ni concebirse al margen de las personas que habitan el archipiélago.
Una política seria de largo plazo debería procurar que la Argentina se convierta en un país cada vez más atractivo y confiable para sus vecinos insulares. Ello supone estabilidad institucional, respeto por las libertades, previsibilidad económica y oportunidades concretas de integración cultural, comercial y humana, sin desconocer las diferencias existentes.
No se trata de renunciar a nuestros derechos ni de subordinar nuestra posición jurídica a la voluntad de los habitantes de las islas. Se trata de comprender que una solución pacífica y duradera difícilmente pueda construirse sin generar confianza.
Las controversias internacionales no se resuelven mediante declaraciones altisonantes ni gestos de indignación. Se encauzan mediante argumentos sólidos, negociaciones pacientes, decisiones prudentes y una conducta estatal coherente.
En definitiva, la defensa de la soberanía exige algo más difícil que proclamarla: construir, día tras día, las condiciones que permitan ejercerla. La diplomacia no es una manifestación de debilidad. Es uno de los instrumentos más exigentes y representativos de la fortaleza de un Estado.
