Marihuana: ¿legalización encubierta?

Al presentar el proyecto de ley de marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó en junio del año último que ese mercado crece exponencialmente a nivel global y es una nueva fuente de empleo de calidad y avance productivo. Argumentaba por entonces que más de 50 países contaban con algún nivel de legalización para su uso medicinal e industrial, impulsando un exponencial crecimiento de la producción, al tiempo que prometía una oportunidad para acceder a divisas.

Ya con la aprobación del Senado, días atrás el proyecto se convirtió en ley en la Cámara de Diputados por 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones y fue promulgado por el presidente Alberto Fernández. La norma pretende clarificar aspectos relevantes de la industria, implicancias del régimen penal, el estándar aplicable para el dictado de autorizaciones que habilitan el desarrollo de actividades regladas en ella, sanciones aplicables en caso de incumplimientos y la articulación de la nueva norma con la anterior aún en vigor.

“La iniciativa da un marco legal al desarrollo productivo del cannabis medicinal y garantiza el derecho a la salud”, afirmó la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos-Entre Ríos), impulsora de la ley que promueve, además, la despenalización del consumo y agregó: “Es un mercado emergente que generará 10.000 puestos de trabajo con el desarrollo productivo de una industria incipiente, con un futuro prominente”. Imposible anticipar cuántos nuevos adictos. Por su parte, la inefable ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, celebraba saldar una “deuda pendiente” dejando atrás una ley que consideró de “mirada punitiva y persecutoria”.

Constantemente se suman evidencias científicas sobre los daños que provoca el consumo adictivo de cannabis. Nada debería contribuir a naturalizarlo

La legisladora Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical-Córdoba) cuestionó algunas aristas, como las que involucran la creación de nuevas estructuras del Estado que “son innecesarias porque –dijo– ya hay áreas capacitadas para este tema”. Precisamente, la norma desafecta a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para crear un organismo especial, descentralizado y autárquico, uno más en la elefantiásica estructura estatal: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Si solo estuviéramos hablando de cannabis para uso medicinal como se busca hacer creer, sería deseable que se habilitara exclusivamente aquello que realmente sirve y que responde verdaderamente a estándares medicinales, algo que la administración nacional de medicamentos bien podría controlar.

Ricardo Buryaile (UCR–Formosa), presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, advirtió: “Aprobar este proyecto no es una carta blanca ni para el consumo, ni para el narcotráfico”, mientras que Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) alertó que lo que se busca es claramente la legalización y que esta conducirá a la multiplicación del consumo. En Uruguay, por caso, una similar apertura condujo a aumentos del consumo entre el 8% y el 20%.

La ley de 2017 ya establecía un marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal y sus derivados, que algunos juzgaron insuficiente. En 2020, se volvió a reglamentar la ley sobre el cultivo de cannabis medicinal no criminalizando a cosechadores individuales y a asociaciones civiles y, en 2021, se creó el Reprocan, un registro para consumidores y cultivadores medicinales que autoriza el cultivo controlado y el transporte a quienes tramitan la habilitación gratuita correspondiente con una indicación médica y su validación en la página oficial. Las patologías inscriptas predominantes incluyen dolor crónico, enfermedades neurodegenerativas (esclerosis, Parkinson y Alzheimer) y articulares (artritis, artrosis), junto con ansiedad, insomnio y hasta bruxismo. La falta de médicos que receten es una de las complicaciones que se presentan a la hora de inscribirse y también se ha vuelto un negocio para muchos profesionales que cobran abultadamente por avalar el trámite que ya autorizó a más de 45 mil personas.

Si no se comprenden los nefastos efectos del consumo sostenido de marihuana, menos aún parece entenderse que esta sustancia sea la puerta de ingreso a drogas más duras

También se cuestiona la inadecuada respuesta de las fuerzas de seguridad y de los oficiales de Justicia que no están familiarizados con las normas vigentes y aplican erróneamente la ley de drogas en casos de flagrancia con detenciones y destrucción de plantas. Varios ministerios reportan que tienen en desarrollo programas para la formación de estos agentes.

Mientras tanto, los promotores de la nueva ley hablan de la unanimidad del apoyo de la sociedad civil, en gran parte claramente a favor de que se abran las puertas a las ONG para su cultivo, no así aquellas dedicadas a acompañar la larga y dificultosa recuperación del cada vez mayor número de adictos. Constantemente hay más hallazgos con evidencia científica sobre los daños que genera el consumo de cannabis, sobre todo hoy con concentraciones de THC muy superiores a las de hace unos años. Nada debería contribuir a naturalizar el consumo de drogas y, mucho menos, a bajarle la percepción del daño que este acarrea, sobre todo a los jóvenes.

El volante oficial, distribuido hace unas semanas en Morón, que promovía abiertamente el consumo de sustancias adictivas escandalizó a buena parte de la sociedad y esta nueva ley se inscribe en la misma dirección. Si no se comprenden los nefastos efectos del consumo sostenido de marihuana, menos aún parece entenderse que esta sustancia es la llave de ingreso a otros consumos problemáticos como confirman tantos internados en centros de rehabilitación: en más del 90% de los casos se verifica que, en sus inicios, fueron adictos a la marihuana, un depresor del sistema nervioso central que conduce a consumir alcohol y drogas más duras, como cocaína o metanfetaminas, para superar el estado de inacción depresiva en el que caen.

El Estado no está para ser cómplice, sino para combatir el narcotráfico

Un Estado ineficiente e inoperante, pero activo en la promoción del consumo de sustancias adictivas, será ahora el encargado de permitir transportar y consumir cannabis. Un Estado cómplice que, con contadas y valientes excepciones, no compromete sus mejores esfuerzos en el combate al narcotráfico. Un Estado que avanza por el sendero de otra solapada promoción del consumo.

Con una ley disfrazada de saludable que claramente termina siendo funcional al servicio del delito, seguiremos pagando con vidas lo que tantas sociedades adormecidas y lentas de reflejos hoy ya no logran detener.