Más Avellaneda, menos Lenin

El expresidente nos enseñó que es mejor un ajuste del sector público a una larga penuria de toda la población en aras de una ideología extraviada
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1 de febrero de 2020  

Nicolás Avellaneda, el tercer presidente argentino luego de la Organización Nacional, debió enfrentar una grave crisis económica, debido al exceso de endeudamiento en un contexto de caída de los precios internacionales. Sin embargo, en 1876 pronunció su famoso mensaje al Congreso nacional. Dijo: "Los tenedores de bonos argentinos deben reposar tranquilos. La República puede estar dividida, pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera. Hay dos millones de argentinos que economizarían hasta su hambre y su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros".

Avellaneda, un tucumano austero y patriota, no tenía particular afecto por los acreedores extranjeros, sino que amaba a su país. Adhería al programa alberdiano adoptado desde 1862, basado en la educación común, la inmigración europea ("gobernar es poblar") y el desarrollo de infraestructura para integrar el inmenso territorio nacional cuya consolidación realizaría su sucesor, Julio A. Roca. Todo ello requería preservar el buen crédito de la República para financiarlo. Para ello, Avellaneda redujo el tamaño del Estado (por entonces, minúsculo), disminuyó sueldos y suspendió la convertibilidad del papel moneda. Al actuar con convicción, el esfuerzo fue breve y los capitales fluyeron de inmediato, rindiendo frutos abundantes y duraderos.

Como señaló Félix Luna en LA NACION (18-7-2001) al referirse a las celebraciones del Centenario: "En 30 años, una nación periférica, casi sin Estado, pobre, sin moneda ni exportaciones, se había convertido en la mejor expresión de la civilización europea en América Latina". La Argentina era el 6º país del mundo (en PBI per cápita) y, para muchos observadores, pronto superaría a los Estados Unidos. En 1918, se cotizaban en Nueva York nuestros bonos soberanos Argentine Government 6% Gold Tresury Bonds con calificación de Moody's "A", igual que los emitidos por Suiza. Por contraste, ese mismo año, en la Rusia bolchevique de la Revolución de Octubre, Vladimir Lenin declaró que no reconocería la deuda zarista, para aliviar las cuentas públicas luego de abandonar la Primera Guerra Mundial.

Una década más tarde, en ausencia de crédito externo, José Stalin sometió a la población a privaciones y trabajos forzados para desarrollar la industria pesada y la fabricación de armamentos. Una versión extrema de "vivir con lo nuestro" cuando muchos intelectuales de Occidente todavía admiraban la dictadura del proletariado como vía alternativa al capitalismo burgués, afectado por el crash bursátil de ese año. Estos ejemplos muestran la importancia del ahorro externo para el crecimiento de una nación joven o atrasada y las consecuencias funestas para la población cuando solo queda su esfuerzo diario para sostener la estructura del Estado, sus gastos corrientes y las inversiones para las generaciones siguientes.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, invitó a los tenedores del bono provincial BP21, que venció el 26 de enero, a refinanciar el pago de 275 millones de dólares, hasta el 1° de mayo. Al no haber conseguido la adhesión del 75% de los bonistas se vio obligado a extender el plazo de la negociación hasta el 5 de este mes con alguna mejora ofrecida en forma tardía, como un pago anticipado de intereses.

Kicillof ha llevado a cabo un proceso inusual y bastante improvisado. El BP21 por 750 millones de dólares fue emitido en 2011 por su predecesor Daniel Scioli, con más apuro que sensatez, pues los fondos no se utilizaron para obras que incrementasen la productividad de la economía, sino para gastos corrientes. Se pactó la tasa exorbitante del 10.875%, se renunció a la inmunidad soberana y se aceptó la ley de Nueva York para pagar sueldos docentes, que ya nadie recuerda ni agradece.

Ahora Kicillof ha invocado la "imposibilidad de pago" como todo argumento y reclama "buena fe" a los acreedores para que accedan a su propuesta, una postergación hueca, sin salida clara. Quizás el gobernador no haya sido alertado de que, en el estado de Nueva York, la expresión "buena fe" en materia contractual tiene un significado preciso, ajeno al lenguaje coloquial de los argentinos y que Kicillof suele utilizar en versión más callejera.

Cuando un deudor ha incumplido un contrato le corresponde realizar el primer esfuerzo para demostrar buena fe y no a la inversa. En la Argentina se puede decir cualquier cosa "para la tribuna", pero mañana, si la provincia fuese ejecutada ante tribunales neoyorquinos, las palabras dichas y las actitudes tomadas serán analizadas con detalle por esos jueces para resolver incidencias del pleito, como habilitar plazos, aceptar defensas, abrir incidentes o disponer embargos.

Bajo la ley de Nueva York no es de buena fe plantear una oferta de pago "tómala o déjala" en un plazo perentorio, sin dar alternativas a quienes vieron frustradas sus expectativas de cobro. Tampoco lo sería simular una tratativa para lograr resultados en otra distinta, como podría ser la reestructuración de la deuda nacional. Y no es de buena fe postergar un pago "en el aire" sin una explicación numérica que demuestre capacidad de pago futura. Cuando un país accede a someterse a la ley de Nueva York, tiene el beneficio de lograr una tasa de interés más baja, pues los inversores confían en la severa ecuanimidad de esos tribunales, bien distintos a la ductilidad de Comodoro Py o aun a la amable contención del Vaticano, que ha ofrecido su recinto para que el Gobierno se reúna con el FMI.

El gobernador se ha escudado en la necesidad de cuidar las prestaciones esenciales del Estado provincial, como la educación, la salud, la seguridad y las jubilaciones, además de los gastos políticos, que no menciona, pues la Legislatura bonaerense, con sus 92 diputados y 46 senadores, es una de las cajas más opacas del presupuesto provincial.

Pero una cosa son la Educación, la Salud y la Seguridad, con mayúsculas, según la terminología presupuestaria, y otra cosa son la educación, la salud y la seguridad, sin iniciales rimbombantes, sino como las prestaciones reales que llegan a la población. Todos sabemos que la mayor proporción de esas partidas se pierden en los entresijos de los organigramas, sus reparticiones redundantes, sus innumerables empleados, asesores, voceros y las consiguientes contrataciones, horas extras, licencias, viáticos y otras formas de vivir del presupuesto, dejando muy poco en "el fondo de la olla" para la educación, la salud y la seguridad cotidianas que las familias requieren y que poco reciben.

Son tan graves las consecuencias de un default provincial, incluyendo la posibilidad de acelerar los plazos de bonos emitidos por otras provincias, que se debe tener plena conciencia de su impacto en términos de penurias colectivas, de muy difícil subsanación posterior. Y en este estrecho desfiladero, cuando rige la ley de Nueva York, los pasos deben ser prudentes y apegados a la jurisprudencia, como se espera de los deudores de buena fe que quieren preservar su crédito.

Avellaneda nos enseñó que un "shock de confianza" puede revertir de inmediato una situación crítica y que es mejor un ajuste breve del sector público a una larga penuria de toda la población en aras de una ideología extraviada.

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