Más cajas negras de la política
Es indispensable reconstruir el sistema de valores que hizo grande a nuestro país y desmontar los nichos de corrupción financiados con recursos públicos
6 minutos de lectura'
LA NACION
Hasta no hace mucho, los ciudadanos de a pie no sabíamos qué era un fondo fiduciario o fideicomiso; mucho menos, que a través de algunos de ellos se evaporaba el 2% del producto bruto interno (PBI) de nuestro país, a través del manejo discrecional de recursos públicos que terminan en verdaderas “cajas negras de la política”, según la aseveración del propio presidente Javier Milei.
Las resistencias quedaron a la vista cuando fue en este punto, precisamente, que se trabó el debate en particular de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias. El primer mandatario procuraba obtener facultades para “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos”, que fueron rechazadas por la mayoría de los legisladores. De los 29 fideicomisos activos que dependen del sector público nacional, solo podrá apelar a suprimir apenas seis por decreto. Para el resto, necesita que el Congreso vote las correspondientes leyes. Hasta aquí, el ahorro quedaría entonces reducido a unos 1000 millones de dólares, la mitad de lo que pretendía el actual gobierno.
Desde la creación del Fondo para la Integración Socio Urbana, en 2019, sobre 6500 obras reportadas, solo 400 habrían sido terminadas, con un tercio que corresponde a veredas o cordones cuneta
Los recortes ya se han hecho sentir. Uno de los primeros afectados ha sido el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU). Creado en 2019, llegó a tener 600 empleados; hoy alberga a unos 450. Financia proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y, hasta la finalización de la gestión anterior, su manejo estuvo en manos de Fernanda Ramona Miño, tan allegada a Juan Grabois que él mismo había anunciado que sería su ministra de Desarrollo Social si llegaba a la Casa Rosada.
En lugar del actual 9% de la recaudación del impuesto PAIS, unos dos millones de dólares diarios, el FISU pasaría a recibir solo un 0,3%, en lo que muchos entienden que sería un paso previo a su liquidación; la diferencia irá a infraestructura económica en manos del Tesoro nacional. Los fondos se canalizaron a través del BICE. Además de múltiples asignaciones de organizaciones internacionales y aportes discrecionales de parte del Ejecutivo, durante la pandemia, sumó también el aporte solidario extraordinario. Máximo Kirchner fue clave para que el FISU engordara con recursos públicos, no solo del impuesto PAIS, sino también del impuesto a las grandes fortunas, que él mismo impulsó.
Desde la creación del fondo, se concretaron unas 1278 obras de integración en barrios populares. Un 34% del dinero se repartió entre organizaciones de la sociedad civil, mayormente cooperativas ligadas al polémico Grabois, sin detalle ni transparencia alguna. Otro 34% fue a municipios para la ejecución de obras: sobre 6500 obras reportadas, solo 400 habrían sido terminadas, con un tercio que corresponde a veredas o cordones cuneta. Unas 1200 se encuentran en ejecución. De lo realizado, el 78% estuvo en manos de organizaciones sociales mientras que, de lo asignado, solo el 17% tuvo una contrapartida comprobable, por lo que el Gobierno está auditando el destino de los fondos.
Mientras el Observatorio de la Deuda Social de la UCA estimó que la pobreza habría alcanzado su mayor valor en 20 años, los argentinos seguimos enterándonos de quiénes fueron y qué métodos utilizaron los responsables de esta tragedia
Extrañamente, hasta aquí no habrían detectado irregularidades evidentes a excepción de alguna discrecionalidad al favorecer a municipios peronistas y cooperativas vinculadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y enroladas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), continuadora de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), de Grabois; la Corriente Clasista y Combativa, del exdiputado oficialista Juan Carlos Alderete; el Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico, y otras organizaciones, como Somos/Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez. Más allá de que, lógicamente, la investigación debería quedar en manos de la Justicia, lejos de desentenderse, el presidente Milei debería promover una ejemplificadora identificación de todos y cada uno de los responsables de este robo a mansalva.
Solo en viáticos y comisiones, el año pasado el FISU registró erogaciones por 130 millones de pesos. A través de la Secretaría de Integración Socio Urbana o con la intermediación de cooperativas que recibían transferencias discrecionales de las que reiteradamente nos ocupáramos desde este espacio, a lo largo de los cuatro años de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner el fideicomiso manejó directa o indirectamente unos 1244 millones de dólares, según surge de un informe parcial que mandó a hacer la propia Miño.
El documento reporta también fuertes inversiones en tierras, compradas en dólares cuando no los había, supuestamente para urbanizarlas, aunque no haya vecinos que puedan dar cuenta efectiva de ello.
El nuevo secretario de Integración Socio Urbana, antigua pata del desaparecido Ministerio de Desarrollo Social, será Sebastián Pareja, al frente del comité ejecutivo del FISU. Tendrá a su cargo el que venía siendo el tercer presupuesto de aquel polémico ministerio –detrás del Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, que dependían del Movimiento Evita y La Cámpora–, con un impetuoso crecimiento que superó las previsiones inflacionarias, tal como revela un acumulado que, desde 2020, supera los 236 millones de dólares. Armador de Milei en la provincia de Buenos Aires, Pareja había sido relegado del entorno cercano ante sospechas de acuerdos con la oposición en la confección de las cuestionadas listas de candidatos.
Un Grabois enfurecido en la intimidad pretendía repeler acusaciones afirmando que “lo que necesita la Argentina, si quiere resolver su crisis habitacional y alimentaria en un plan de 8 años, son aproximadamente 3000 millones de dólares anuales”. Y añadió: “Así que la caja que me atribuyen es bastante más chiquita que la que vamos a usar cuando hagamos la revolución de las 3 T (tierra, techo y trabajo)”. Con su acostumbrada arrogancia, destacó el mérito de las obras realizadas bajo el impulso de los movimientos populares, que “ejecutaron personas brillantes, comprometidas, eficientes y honestas como pocas en este país”. Sus palabras seguramente puedan emocionar a algunos. En la práctica, lo enfrentaron con las apetencias de funcionarios como Daniel Arroyo, Juan Zabaleta o Victoria Tolosa Paz, tentados por tan suculentos fondos, pero amedrentados ante la capacidad de movilizar en las calles que tiene el referente del Frente Patria Grande.
Mientras el Observatorio de la Deuda Social de la UCA estimó en enero que la pobreza habría alcanzado su mayor valor en 20 años, un escandaloso 57,4%, los argentinos seguimos enterándonos de quiénes fueron y qué métodos utilizaron los responsables de esta tragedia. Desmantelar todas las cajas negras de la política y sus varias veces billonarias estelas de corrupción no será tarea fácil. Recuperar la economía es solo una parte del problema. Debemos restablecer también el sistema de valores que hizo grande a esta nación y que una banda de delincuentes entronizados por demasiados años en el poder se ocuparon de destruir.
Tipo de trabajo:
opinión
