Más capitalismo de amigos

Con la venta del porcentaje mayoritario de la distribuidora eléctrica Edenor al Grupo Vila-Manzano, aún pendiente de aprobación por el respectivo ente regulador, junto al probable desembarco de Cristóbal López en la empresa postal OCA, todavía a consideración de la Justicia Comercial, se abre otro capítulo de gestiones gubernamentales kirchneristas asociadas al capitalismo de amigos. No implica ni más ni menos que el retorno de los “expertos en mercados regulados”, auténticos cortesanos del poder que simulan ser representantes de la “burguesía nacional”.

El traspaso de Edenor llamó la atención por el sospechoso interés del grupo comprador en una compañía que no vislumbra mejor futuro, teniendo en cuenta que el gobierno nacional se muestra en principio reacio a incrementar las tarifas de servicios públicos en sintonía con la creciente inflación, para evitar el impacto electoral que dicho aumento podría tener.

Ante la venta del paquete mayoritario de Edenor por parte del Grupo Pampa Energía al encabezado por el exministro del Interior José Luis Manzano, el empresario mediático Daniel Vila y el proveedor de cloro de la empresa Aysa, Mauricio Filiberti, conviene detenerse en un detalle que revela la dinámica de los servicios públicos sometidos a criterios de gestión electoralista.

Sorprende que Manzano y Vila vengan administrando otra distribuidora eléctrica en Mendoza, Edemsa, que tiene, al igual que Edenor, una importante deuda con Cammesa, la compañía mixta encargada de administrar el mercado mayorista eléctrico de la Argentina. Como señalamos en un anterior editorial, entran a jugar aquí una vez más las relaciones políticas, en particular a partir de que, a instancias del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa –cuya amistad con Manzano, Vila y Filiberti es ostensible–, se incluyó en el presupuesto nacional 2021 un artículo que contempla un régimen especial para la regularización de deudas de las distribuidoras eléctricas con Cammesa, incluido el reconocimiento de un crédito sobre el 66% de las obligaciones a pagar, mientras que el saldo restante se podría abonar hasta en 60 cuotas mensuales con una tasa de interés equivalente al 50% de la propia del mercado eléctrico mayorista. Se suma que la autoridad de aplicación de cualquier acuerdo será la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo del exdiputado Daniel Martínez, allegado a Massa.

En un mar tan revuelto, la ganancia volverá a ser para quienes pesquen bajo la sombra del poder político

El negocio de Manzano, Vila y Filiberti, quienes comparten una estrecha vinculación con el poder político, no consistiría ya en comprar electricidad y distribuirla a los usuarios a cambio de una tarifa razonable, que garantice la reinversión y la renta empresarial. Por el contrario, el verdadero negocio podría consistir en adquirir la energía de Cammesa, no pagarla y sacar ventaja de la negociación política de esa deuda con funcionarios públicos. Se trata, en consecuencia, de lucrar con subsidios. O, lo que es lo mismo, con los impuestos de los contribuyentes que sostienen el retraso tarifario. Un rubro, este de hacer negocios con impuestos, ya inaugurado por Cristóbal López, quien compró infinidad de activos con retenciones de tributos a sus clientes, que no le transfería a la AFIP.

Cristina Kirchner advirtió en diciembre, durante el recordado acto en el Estadio Único de La Plata, que el crecimiento económico previsto para este año no debería quedar “en manos de tres o cuatro vivos”. El caso Edenor promete una situación diferente, casi surrealista: el beneficio para los vivos tendría su origen en la decadencia de un perverso sistema.

Se abre un interrogante más: ¿aprobará el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) la transferencia? Ese organismo, comandado de manera indirecta por la señora de Kirchner a través de la interventora Soledad Manín, ¿dará el visto bueno para que de la gestión de la compañía endeudada se hagan cargo los de otra sobre la que también pesa un pasivo gigantesco? En tren de hacer preguntas, aparece otra: ¿qué bancos estarán financiando esta “inversión”?

Paralelamente, el Grupo Clear, vinculado a Cristóbal López, prepara su desembarco en OCA, al tiempo que él y su socio Fabián de Sousa han quedado a un paso de acceder a una moratoria de la AFIP por la abultada deuda de Oil Combustibles con el fisco, que rondaría los 11.800 millones de pesos entre capital e intereses, de acuerdo con la estimación efectuada un año atrás por técnicos del organismo recaudador.

Hoy no resulta factible ni mucho menos rentable manejar empresas de servicios públicos u otras compañías sujetas a fuertes regulaciones sin que medien oscuras relaciones con los funcionarios de turno

El capitalismo de amigos se extiende también, como en las mejores épocas del kirchnerismo, a la industria de los juegos de azar.

Con la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a aquellos trabajadores en relación de dependencia cuyos salarios no superen los 150.000 pesos, se proyecta, como compensación al fisco, que las empresas paguen más. Para financiar el costo fiscal de aquella medida, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley para establecer una estructura de alícuotas marginales escalonadas que implicarán un aumento del tributo.

Según señaló la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), esa iniciativa oficial propicia reemplazar la actual alícuota fija del 30% que grava a la casi totalidad de las sociedades empresarias, tanto grandes como pymes, por una alícuota máxima del 35% para el excedente de beneficios sobre 2,6 millones de pesos anuales, a lo que se debe añadir la alícuota del 7% en caso de distribución de utilidades.

Curiosamente, en este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso desapareció la alícuota especial del 41,5% que se les impuso en su momento a las empresas que obtienen ganancias de los juegos de azar. Así, en una iniciativa que les incrementará el impuesto a las ganancias a numerosas empresas que denodadamente intentan ser rentables en un contexto tan adverso como el actual, increíblemente se termina beneficiando a las vinculadas al juego, cuyos nefastos efectos sobre la población hemos subrayado desde este espacio.

En síntesis, como ya ha ocurrido en otros tiempos de administraciones kirchneristas, vuelve el capitalismo de amigos y testaferros, a quienes el poder político procurará garantizarles pingües ganancias. En un mar tan revuelto, la ganancia volverá a ser para quienes pesquen bajo la sombra del poder político. Si bien es la facción kirchnerista la que mejor representa a esta particular cultura, sería arbitrario limitarla a ese sector. Filiberti, por ejemplo, es socio de dos empresarios de la intimidad del macrismo, como Alejandro Macfarlane y Nicolás Caputo.

Pero lo cierto es que en función de la concepción kirchnerista del Estado, no resulta factible ni mucho menos rentable manejar empresas de servicios públicos u otras compañías sujetas a fuertes regulaciones sin que medien oscuras relaciones con los funcionarios de turno. Mientras al emprendedor competitivo se lo asfixia con una irracional carga tributaria, los parásitos de la política inauguran una nueva industria: la de hacer fortunas con los impuestos que pagamos los extenuados contribuyentes para continuar favoreciendo el capitalismo de amigos del poder.