Más fiestas clandestinas
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Aún resuena la indignación ciudadana ante aquella fiesta de cumpleaños en la residencia presidencial de Olivos del 14 de julio de 2020, en tiempo de estrictas restricciones por el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) fijado por la pandemia de Covid-19, que le valió denuncias al expresidente Alberto Fernández y a su pareja de entonces, Fabiola Yañez. La causa judicial se cerró sin juicio oral en mayo 2022 luego de un acuerdo por el cual el exmandatario pagó 1,6 millones de pesos y la entonces primera dama, 1,4 millones. Una escandalosa resolución que no satisfizo las demandas ciudadanas.
Seis años después, algunos de los invitados a otro original festejo accedieron a revelar su participación en un contexto similar a aquel denunciado. Las imágenes difundidas desde la señal LN+ permitieron observar a Fabiola Yañez, la agasajada, soplando velas en las penumbras de una aeronave que resultó ser el antiguo avión presidencial T-01. Este habría sido utilizado entre las 17 y las 21 del mismo 14 de julio de 2020, dando comienzo a los festejos VIP del cumpleaños que luego continuarían en la residencia presidencial.
Las tareas de preparación habrían comenzado tres días antes en las instalaciones del aeropuerto de El Palomar donde el avión se encontraba estacionado, afectando para ello a personal de aviación. El aprovisionamiento habría incluido servicio de catering con sushi, salmón, torta y bebidas alcohólicas, todo ello financiado con la caja chica de la Secretaría General de la Presidencia. Alberto Fernández no habría participado, pero sí autorizado el uso y la organización del evento en la aeronave. También en esta oportunidad sin barbijos, desconociendo la situación sanitaria y el encierro al que se sometió a la población.
El abogado Ignacio Barrios realizó una presentación judicial apuntando a “funcionarios públicos y, en su caso, particulares” involucrados en la organización de encuentros de carácter privado pagados por la Administración Pública Nacional, empleando el avión presidencial.
La presentación apunta a que “los órganos competentes confirmen o descarten, mediante documentación estatal, registros técnicos, testigos y pericias independientes la existencia de cada episodio”. Obviamente, el objetivo será reconstruir la cadena de órdenes, el compromiso de recursos públicos y las intervenciones individuales en los hechos denunciados para probar eventualmente la malversación de fondos, la administración fraudulenta, la sustracción de un avión y la violación del ASPO.
Tan impunes y al margen de la obligación de respetar las normas se sentían quienes las establecían que poco sorprenden ya sus procederes. Mientras regían las angustias de quienes ni siquiera podían acompañar a sus muertos al cementerio, desde la cúspide del poder la vida era una fiesta. Y no una sino varias, porque se informó también que los amigos de Yañez habrían sido convocados nuevamente a bordo del T-01 el 10 de agosto de 2020. El particular vínculo que la unía con dicha aeronave quedaría demostrado si se documentaran la cantidad de viajes que realizó con su familia.
Si este nuevo escándalo ha salido a la luz seis años después es porque la trama de complicidades y silencios comienza a romperse. Se dice que se destruyeron pruebas y documentos en relación con mucho de lo que ocurría en la base de El Palomar. Seguramente haya muchas otras situaciones que deban revelarse para que sus responsables rindan cuentas ante la Justicia. La ley debe ser pareja para todos, sin más estelas de impunidad ni acuerdos de conveniencia.
