Matar a los niños por nacer

En estos días, la comunidad se ha visto sacudida por el horror pasado por una niña caída en un pozo de 25 metros, por el sufrimiento de sus padres y por el exitoso esfuerzo mancomunado por rescatarla de tan peligrosa situación.

El caso puede compararse con los proyectos abortistas en trámite legislativo que, con distintos matices, terminan por matar a un ser vivo, totalmente indefenso e inocente de cualquier circunstancia relacionada con su concepción en el vientre de su madre, y persona humana para la ciencia y para el derecho.

Nos sorprende el grado de insensibilidad que se ha hecho carne en algunos sectores políticos y legislativos al punto de no advertir que estos proyectos son un retroceso en la evolución de nuestra condición humana.

Se ha repetido hasta el cansancio que nadie obliga a quien no es capaz de ser madre o padre a hacerse cargo de un niño que no quiere, o que no soporta, por el motivo que fuese. Pero eso no autoriza a matarlo. Muchos aceptarían con agrado recibirlo y ayudarlo a vivir y desarrollarse en su futuro como ser humano.

Se nos quiere hacer creer, sin fundamento científico alguno, que es psicológicamente más grave para una madre, por caso víctima de una violación, tener a su hijo y entregarlo en adopción que matarlo en su propio vientre. Seguramente no han tenido oportunidad de conocer a nadie que se haya practicado un aborto, con las inevitables secuelas psicológicas, y que haya quedado imposibilitada de concebir. Ni tampoco habrán tenido oportunidad de observar las imágenes de una simple ecografía en la que la evolución de un embrión se registra en tres dimensiones.

La lista de normas de derecho que contradicen estas propuestas es larga, suficientemente conocida y denunciada, con muy poco eco en un Congreso que prefiere el discurso ideológico o político a la argumentación jurídica y al imperio de la ley.

Sólo nos permitimos recordar que nuestra Constitución Nacional impone al Congreso la "obligación de dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización de la enseñanza elemental, y a la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia".

Desde la óptica científica, la Academia Nacional de Medicina confirma la personalidad jurídica del embrión humano al afirmar que el niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. ¿Cómo es posible, pues, que se ignore tan claro mandato y se eluda tamaña responsabilidad legislativa?

Frente al hecho científico y tecnológico hoy indubitado de que se está destruyendo vida humana, sorprende saber que, por ejemplo, la madre no necesitará de la conformidad del padre para eliminar a su hijo. Toda la ley de patria potestad, de no tan lejana sanción, está basada en la cotitularidad de los deberes y derechos de los padres sobre sus hijos menores para su protección desde la concepción y mientras sean menores.

Tanto más grave es la proyectada norma que permite eliminar a los niños que presenten "malformaciones fetales graves", en un claro acto discriminatorio, inhumano y que nos hace volver a Esparta o a la doctrina del tristemente célebre doctor Menguele, bajo el régimen nazi.

¿En qué nos estamos convirtiendo cuando declamamos respetar la diversidad, proclamamos la integración, la igualdad de derechos entre todos los seres humanos, y elegimos cuáles viven y cuáles mueren, por no ser perfectos? ¿Perfectos a los ojos de quién? ¿De los legisladores que aprobarían esta legislación?

Ayer se cumplieron 21 años de la Convención de los Derechos del Niño, una decisión ejemplar para su defensa y promoción en el mundo entero. Por ello, es muy penoso ahora ver retroceder a la humanidad, comprender la legítima conmoción por el rescate de una niña accidentada e hipócritamente no temblar ante una norma que autorizará la muerte de miles de niños en el vientre de sus madres. Es lamentable que todo lo que al Estado se le ocurra hacer al respecto sea eliminarlos.

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