Mataron a un fiscal: no lo olvidemos
El aún impune asesinato de Nisman, quien investigaba el mayor ataque terrorista en nuestro país, es uno de los más sombríos crímenes de nuestra historia reciente
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La muerte de Alberto Nisman dejó una herida abierta. El cargo que ostentaba le imponía el deber de impulsar la acción penal y llevar adelante la investigación de los delitos cometidos en su jurisdicción. Desde 2004, investigaba el mayor acto terrorista ocurrido en la Argentina, producto del atentado a la sede de la AMIA, con el tristísimo saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, lo cual entrañaba un peligro evidente para su persona.
La Constitución nacional reformada en 1994 le confiere al Ministerio Público, del cual dependía Nisman, el carácter institucional de órgano independiente que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la República. Su misión consistía en investigar ante la sospecha de la existencia de un delito. En palabras simples, era el abogado encargado de actuar en nombre de todos los ciudadanos frente a hechos que pudieran esconder un crimen. En el caso particular del ataque a la AMIA, su trabajo suponía enfrentar organizaciones siniestras e inclementes, cuyos tentáculos no respetan límites ni fronteras.
La historia es bien conocida: en enero de 2015, tras cuatro días de haber presentado una denuncia contra Cristina Kirchner y otras notorias figuras públicas de su entorno, lo encontraron muerto en su departamento.
Al cumplirse una década de aquella muerte, el senador Oscar Parrilli se burló en X, con una prosa precaria y desafiante, de los diarios Clarín y LA NACION Comenzó diciendo que las noticias difundidas le permitían afirmar: “No fallan, son de manual (...) todos los años bombardean con su asesinato, inventado”. Sin ningún prurito, cuestionaba la difusión pública de una preocupación latente en la sociedad argentina, que necesita que la Justicia esclarezca los hechos denunciados por Nisman sobre el encubrimiento de ciudadanos iraníes y determine quiénes acabaron con su vida. Ambos hechos están estrechamente ligados.
Parrilli atacó, además, al juez Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano, de quienes dijo que “de todo se vuelve, menos del ridículo”, al opinar sobre cómo conducen la causa por el homicidio del fiscal Nisman.
Es oportuno recordar que, entre 2003 y 2014, Parrilli se desempeñó como secretario general de la Presidencia, cargo de máxima confianza de Néstor y Cristina Kirchner. El juez federal Claudio Bonadio concluyó, en junio de 2017, al ordenar su procesamiento en la causa por encubrimiento, que Parrilli conocía los pormenores de la trama del delito gestado con la firma del memorándum con Irán.
No puede olvidarse que el 16 de diciembre de 2014 Parrilli y Juan Martín Mena asumieron la conducción de la entonces Secretaría de Inteligencia en reemplazo de Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher. Un mes antes de la muerte de Nisman, Parrilli y Mena asumieron las máximas responsabilidades del espionaje argentino.
Mena, actual ministro de Justicia bonaerense, era subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación cuando ocurrieron las maniobras que llevaron a la firma del memorándum. Bonadio señaló que Antonio Stiuso, en su declaración testimonial, sindicó a Mena como redactor de una de las versiones del memorándum.
Los jueces de la Cámara Federal y Correccional Martín Irurzun y Eduardo Farah, en diciembre de 2017, confirmaron los procesamientos de Cristina Kirchner, Parrilli y Mena, entre otros, por el delito de encubrimiento que Nisman había denunciado cuatro días antes de su muerte.
La demora en avanzar contra los responsables del crimen confirma, una vez más, que no todos somos iguales ante la ley
Ambos camaristas destacaron que el memorándum, respondiendo a los intereses del gobierno de Irán, contenía la injustificada cláusula séptima que permitía que los cancilleres remitieran el acuerdo a Interpol antes de su aprobación final interna. No era un tratado, pero producía sus importantes efectos. Increíble, pero real. Resignaba la soberanía para comprometer la voluntad del Estado en manos de un funcionario no electivo: el canciller.
El memorándum preveía que podía ser ejecutado sin ser tratado por el Congreso. Esa sola circunstancia posibilitaba adicionarles a las alertas rojas un salvoconducto para los funcionarios iraníes. De esa cláusula séptima operativa con la firma de los cancilleres no habla ninguno de los procesados por encubrimiento. Prefieren discutir sobre qué pasó la noche del asesinato de Nisman, cuestión sin duda mucho más difícil de dilucidar. El entonces canciller Héctor Timerman y su par iraní, Alí A. Salehi, remitieron una nota conjunta a Interpol el 15 de febrero de 2013 en la que informaban sobre lo acordado. En consecuencia, antes de que el Congreso nacional aprobara el 27 de febrero de 2013 el memorándum, los efectos auspiciados por Irán (el encubrimiento) ya se habían consumado.
El asesinato de Nisman y el encubrimiento son dos cuestiones inescindibles. La denuncia de Nisman identificaba en principio como responsables del encubrimiento a quien estaba en el vértice del Poder Ejecutivo y a dos de las figuras que comandaban la inteligencia. Cristina Kirchner, Parrilli y Mena tienen una gran responsabilidad política que les exige aclarar qué negociaron para llegar a la firma del memorándum y qué vinculación tuvieron con la muerte del fiscal. La Justicia tiene como deuda decidir si hubo encubrimiento y, al mismo tiempo, resolver el homicidio de Nisman.
El ataque de Parrilli al fiscal Taiano se relaciona con el informe que este presentó sobre la muerte de Nisman. Taiano brindó allí un exhaustivo panorama sobre lo sucedido cuando Parrilli y Mena, por decisión de Cristina Kirchner, fueron designados número uno y dos de la SIDE. Taiano sostuvo que, con la llegada de Parrilli y Mena, se produjo un proceso de desjerarquización del organismo y una política de sometimiento a la autoridad presidencial, que incluyó persecuciones, interrogatorios y desapoderamiento del material de trabajo.
Llama la atención la mención de Taiano a las graves amenazas personales y a su familia recibidas por Nisman, sobre todo a partir de 2012, año anterior a la firma del memorándum. Lo llamaban “pajarito” o “rusito descerebrado” para denostarlo y le anunciaban un siniestro destino desde 2012.
Según el escrito de Taiano, la causa por el asesinato tiene 126 cuerpos en un total de más de 20.000 fojas. Allí se encuentran más de 900 declaraciones testimoniales y se analizaron unas 200.000 comunicaciones telefónicas. Ese informe no permite concluir que pronto se descubrirá quiénes segaron la vida de Nisman. Sin embargo, es incomprensible que las contundentes decisiones de Bonadio y la ratificación de los procesamientos por parte de Irurzun y Farah, que fueron confirmados por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y por la Corte Suprema, firmes desde marzo de 2019, todavía no hayan sido examinados en un juicio oral cuya fecha de inicio es inadmisiblemente desconocida.
Resta esperar que el Tribunal Federal Oral 8, ahora integrado por Javier Ríos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, lo antes posible convoque a las audiencias en que se discernirán las responsabilidades penales por el encubrimiento. Han pasado siete años, demasiado tiempo desde el procesamiento, lo cual torna imperiosa una ágil tramitación de la etapa del proceso donde se podrán escuchar las acusaciones, las defensas y las pruebas que preceden la sentencia.
Es evidente que no todos somos iguales ante la ley. Las chicanas, los recovecos de los juicios y el ejercicio descarado del poder real hacen que no sepamos quién mató al fiscal Nisman, mientras vemos que los poderosos denunciados de perpetrar el delito de encubrimiento sobre el atroz atentado se siguen burlando de la sociedad argentina.
Sin duda se trata de uno de los mayores y más sombríos crímenes de nuestra historia reciente.
Ante esta madeja de poder oculto también cabría preguntarse si las noticias sobre el apoyo político del kirchnerismo a la candidatura del cuestionado juez Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es otra pieza del ajedrez de impunidad.
Es cierto que es muy difícil volver del ridículo. También lo es que la jactancia cínica e hipócrita puede simplemente constituir una máscara para ocultar lo inconfesable.
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