Megacorrupción y silencio cómplice
El mayor daño que produce la corrupción no siempre consiste en el dinero que desaparece, sino en la esperanza que lentamente pierden quienes todavía creemos que la ley debe ser igual para todos
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LA NACION
Hay escándalos que indignan por los hechos que revelan. Otros, en cambio, por la forma en que terminan desarrollándose. El llamado AFAGate parece pertenecer a esta segunda categoría.
Las investigaciones judiciales y periodísticas han puesto sobre la mesa interrogantes de una enorme gravedad acerca de la administración de la Asociación del Fútbol Argentino, el destino de importantes ingresos generados por la selección argentina en el exterior, el papel desempeñado por sociedades intermediarias y la falta total de transparencia en el manejo de esos recursos. Corresponderá a la Justicia determinar si esos hechos constituyen o no delitos y establecer, en su caso, las responsabilidades que correspondan.
Pero, una vez más, antes de toda respuesta judicial aparece un fenómeno que los argentinos conocemos demasiado bien: el silencio cómplice. Silencio de quienes deberían ofrecer explicaciones públicas. Silencio de quienes administran instituciones que pertenecen, en definitiva, a toda la comunidad. Silencio de una dirigencia que parece haber olvidado que la primera obligación del poder no consiste únicamente en actuar dentro de la ley, sino también en rendir cuentas.
Y, paralelamente, otro espectáculo igualmente conocido: la discusión acerca de la competencia judicial: qué jueces habrán de intervenir para identificar posibles ilícitos y, si fuera el caso, sancionarlos.
Cuando el centro de la escena deja de ser la investigación de los hechos para convertirse en una interminable discusión acerca de qué magistrado debe investigarlos, algo comienza a desordenarse profundamente
Las reglas que determinan qué juez debe actuar constituyen una garantía esencial del Estado de Derecho. Nadie podría seriamente cuestionarlo. Pero cuando el centro de la escena deja de ser la investigación de los hechos para convertirse en una interminable discusión acerca de qué magistrado debe investigarlos, algo comienza a desordenarse profundamente.
El ciudadano común no alcanza a comprender por qué una causa de semejante trascendencia parece avanzar más lentamente en la resolución de sus cuestiones preliminares que en el esclarecimiento de los hechos que la motivaron.
Unos jueces consideran que la causa debe tramitar ante otro tribunal. Otros procuran retenerla. Los recursos y las dilaciones se suceden. Las apelaciones se acumulan. Los expedientes cambian de despacho. Y, mientras tanto, la pregunta esencial permanece sin respuesta. Y mientras a esa pregunta no se la enfrenta, las pruebas se deterioran, la memoria de los testigos se desvanece y las evidencias se evaporan.
Esa frustrante sensación de inmovilidad constituye uno de los mayores factores de desgaste institucional. Porque la corrupción produce un daño económico, pero produce también otro daño, quizá más profundo: va erosionando lentamente la confianza de los ciudadanos honestos para los que el esfuerzo, el cumplimiento de la ley y la decencia siguen teniendo algún sentido.
Hay millones de argentinos que pagan sus impuestos, cumplen sus contratos, respetan la palabra empeñada y procuran educar a sus hijos en la convicción de que la honestidad continúa siendo una virtud. No esperan privilegios. Apenas esperan que las instituciones funcionen. Que cuando aparecen sospechas graves investigue con seriedad, que los involucrados expliquen su conducta, que la sociedad conozca finalmente la verdad y que se sancione a los responsables.
Lo que con demasiada frecuencia reciben es otra cosa. Reciben años de discusiones procesales, conflictos de competencia, recursos, nulidades, chicanas, incidentes y silencios. Al cabo del tiempo, muchas veces ya nadie recuerda con precisión cuál fue el hecho que dio origen al expediente. El proceso continúa abierto, pero la confianza pública se ha ido erosionando .
Lo más preocupante no es solamente la existencia de conductas ilícitas. Es la creciente impresión de que ciertos sectores del poder viven bajo reglas distintas y mucho más favorables que aquellas que rigen para el resto de los ciudadanos.
La creciente impresión es de que ciertos sectores del poder viven bajo reglas distintas y mucho más favorables que aquellas que rigen para el resto de los ciudadanos
Quien se demora en pagar un impuesto recibe rápidamente una intimación. Quien incumple un contrato afronta consecuencias jurídicas inmediatas. Quien pretende justificar un error debe hacerlo sin demora. En cambio, cuando las sospechas recaen sobre personajes poderosos, como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino parecería abrirse un tiempo diferente: el de las explicaciones indefinidamente postergadas y las investigaciones cuya duración termina convirtiéndose en una respuesta en sí misma.
No hay República posible cuando esa percepción termina instalándose en el espíritu colectivo.
La responsabilidad política es anterior a la responsabilidad penal. Nadie está obligado a admitir delitos que no ha cometido. Pero todo dirigente que administra recursos ajenos está obligado a explicar con claridad su conducta cuando ella suscita dudas razonables. Ese deber de transparencia no nace de un código penal. Nace de la ética republicana, del mero hecho de vivir en una sociedad de iguales.
La democracia no se debilita solamente cuando existe corrupción. Se debilita también cuando la corrupción —real o presunta— deja de exigir explicaciones inmediatas y comienza a quedar atrapada en un laberinto de tecnicismos procesales, conflictos de competencia y silencios cuidadosamente administrados.
El mayor daño que produce la corrupción no siempre consiste en el dinero que eventualmente desaparece o cambia de manos. Consiste en la esperanza que lentamente pierden quienes todavía creen que la ley debe ser igual para todos y que nuestro país tiene un futuro edificado sobre la base de la decencia y el trabajo honesto.
Una República puede recuperar recursos. Puede incluso corregir errores. Lo que le resulta mucho más difícil recuperar es la confianza de aquellos ciudadanos que, después de contemplar durante años el mismo espectáculo, empiezan a preguntarse si la honestidad sigue siendo un motivo de orgullo, un ejemplo para sus hijos y una razón para mantener la frente alta.
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Tipo de trabajo:
opinión
