Mejores reglas para las ONG
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LA NACION
El vasto universo de organizaciones que conforman el llamado sector social clama por mejores reglas para llevar adelante su insustituible labor. Apenas el 10% logra cumplir con los requisitos. La Mesa Sociedad Civil en Red, integrada por siete organizaciones federativas: el Foro del Sector Social, la Red Encuentro, la Red Argentina para la Cooperación Internacional, la Federación de Fundaciones Argentinas, la Red Argentina de Banco de Alimentos, el Grupo de Fundaciones y Empresas y la Confederación de la Sociedad Civil, impulsa la campaña Mejores Reglas para las organizaciones sociales. El objetivo es que clubes, comedores comunitarios, centros culturales, organizaciones de base y demás entidades sociales cuenten con un marco legal, fiscal y laboral adecuado, basado en normas simples y trámites gratuitos.
Entre las metas se destacan, por ejemplo, tener una ventanilla única para presentar documentación, a través de plataformas digitales que permitan reducir el tiempo para obtener la imprescindible personería jurídica que hoy demora casi dos años, o presentar una única declaración jurada anual, lo que permitiría ahorrar tiempo y dinero para volcarlo a las causas de bien público que lideran. Además de promoverse un sistema de incentivos a las acciones filantrópicas institucionales y particulares que se traduzca en mayores donaciones, también debe modificarse el encuadre impositivo de las ONG para que contemple beneficios en impuestos –entre ellos, el IVA– y servicios y en todo gravamen que se vincule a las actividades que desarrollan para sostenerse económicamente. Por otra parte, necesitamos legislaciones que contemplen el triple impacto –social, ambiental y económico– al encuadrar a emprendimientos y fondos de inversión.
Estas entidades demandan, además, un régimen laboral ajustado a la dinámica propia de contrataciones para asumir y resguardar las diferentes relaciones laborales. Es imperioso establecer una reducción o una cofinanciación estatal de las cargas sociales, así como la adopción de contratos de trabajo por proyecto y la creación de un régimen laboral sobre la base de la escala y dimensión de cada entidad.
Solo con mejoras en las reglas que las regulan podrán aumentar su positivo impacto sobre la calidad de vida de todos. La burocracia estatal las frena, las normativas las ignoran, los impuestos las debilitan y las regulaciones las complican. Necesitan que la dirigencia política en general deje de percibirlas como competencia y que los gobiernos municipales, provinciales y nacional reconozcan en ellas su invaluable capacidad potenciadora de políticas públicas.
Para avanzar en estas nuevas reglas no se precisan grandes transformaciones. Por ejemplo, una adecuada reglamentación de la existente figura de simple asociación permitiría regularizar a la mayoría de comedores comunitarios, clubes de barrio y organizaciones de base que hoy están obligados a operar de manera informal porque les resulta imposible cumplir con las regulaciones.
Como sociedad debemos no solo agradecer sino también facilitar el trabajo altruista de quienes trabajan incansablemente por el bien común. No podemos permitir que la mezquindad de una dirigencia política que insiste en preservar para sí el monopolio de lo público obstaculice tan loables fines.
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