Mendoza: escuchar a la gente no es dar el brazo a torcer

Lo ocurrido en Mendoza, con la reciente derogación de la reforma a una ley de minería, es una lección de la ciudadanía para el cuidado del ambiente, demostrativa de que el futuro ha alcanzado una consideración en la conciencia de gran parte de la sociedad.

La vieja política se adelantó a interpretar lo sucedido como un fracaso. Pero deberíamos entenderlo como un aprendizaje. Es mucho más enriquecedor reconocer la alteridad de una ciudadanía que sabe pensar en lo que no pasa todavía, pero podría suceder, que no acota su responsabilidad al cíclico período electoral. El fortalecimiento de la cultura cívica limita la posibilidad de adoptar decisiones con fundamento en urgencias coyunturales que podrían impactar de manera irreversible en los recursos naturales. Es elogiable también una sensibilidad que recoja y advierta la magnitud del problema en juego e impide que en el futuro haya que lamentar daños a los valiosos recursos naturales o que un conflicto se vuelva incontrolable.

La provincia contaba con una ley sancionada en 2007 que expresamente prohibía el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otros materiales tóxicos similares en los procesos mineros. El 21 de diciembre, mediante otra ley, se introdujo una modificación que habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico, posibilitando la minería metalífera a cielo abierto, pero manteniendo la prohibición del uso del mercurio. Apenas sancionada esta norma, y superando cualquier grieta política, la ciudadanía se movilizó desde San Carlos hasta la Casa de Gobierno, en una convocatoria que alcanzó cincuenta mil personas que solicitaron su derogación, que finalmente se produjo.

No hace falta demasiado saber para comprender que se trataba de un "ablandamiento normativo" que violaba los principios preventivo, precautorio y progresivo de la política ambiental, establecidos por la ley general del ambiente 25.675. El reclamo no era contra la minería, actividad que resulta imprescindible, sino para que se desarrolle de un modo sustentable y sin burlar el sistema normativo. De alguna manera, el rechazo apunta a evitar que predomine la producción de nuestros recursos sobre la salud y el bienestar de las poblaciones.

La ciudadanía, al igual que lo hizo nuestra Corte Suprema al convalidar la constitucionalidad de la ley de preservación de los glaciares, entendió que cuando existen derechos de incidencia colectiva atinentes a la protección del ambiente -que podrían afectar el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua- se debe considerar de manera sistémica la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.

Este tipo de sorpresas que explicitan muchas veces la buena relación entre la industria minera y las autoridades no son novedad en materia minera. Y lamentablemente no pocas veces dan lugar a un contraproducente movimiento antiminero generalizado, que termina perjudicando a la propia actividad y a las empresas que cumplen sus actividades de acuerdo con una ética que respeta los valores ambientales y los riesgos a los que se exponen los valiosos recursos naturales de los argentinos. En Chubut se está gestando, en este momento, una movilización similar, reclamando la no modificación de la ley que prohíbe la minería metalífera y el uso de cianuro.

No sorprende que políticos sin mayor formación ambiental sean designados en los máximos cargos ambientales. Por eso estas reacciones pacíficas demuestran el verdadero progreso de una comunidad que reclama un desarrollo en armonía con la naturaleza, que no admite que por razones económicas o políticas se tolere un impacto a un valioso recurso que es menester proteger para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.