Menores y delito: un debate que trasciende la imputabilidad
1 minuto de lectura'
LA NACION
Es hora de que la dirigencia política encare un proyecto serio y comprometido que abarque todas las aristas de este grave problema
Los graves episodios delictivos protagonizados por menores de edad que conmocionan a nuestra sociedad son, en parte, consecuencia de la inexistencia de una política social y educativa enfocada a la supresión del fenómeno de la marginalidad y obligan al replanteo de las normas legales que garanticen la seguridad ciudadana.
Los trastornos y el costo social de la marginalidad –uno de los mayores pecados en que puede caer una sociedad– son cada vez más preocupantes y de más graves consecuencias. Asentamientos con habitantes que viven en condiciones indignas y de creciente hacinamiento, con contaminación ambiental, inseguridad, y precariedad habitacional y educativa, testimonian diariamente a la vista de los gobernantes una obscena muestra de ausencia de regulación, planificación y control.
La niñez y la adolescencia se encuentran en constante peligro en estos ámbitos, al tornarse en piezas valiosas para el crimen organizado. Cocinas de paco, acopio y venta de drogas, robos a mano armada y hurtos de todo tipo los tienen como actores principales, cooptados como "mano de obra barata", lo que favorece la impunidad de los delitos mediante el aprovechamiento de su inimputabilidad, en una perversa y creciente modalidad delictiva, mediante la cual los mayores utilizan a los menores.
Dieciséis años resulta ya un límite discutible cuando menores de 13, 14 y 15 años protagonizan homicidios y otros graves delitos que, además de sus nefastos efectos, quedan sin consecuencia alguna para sus autores. Carentes en general de una educación que hubiera impedido o dificultado su caída en el delito, una vez que lo cometen se los priva de un régimen sancionatorio o disciplinario que permita no solo su reinserción social, sino también que evite la reiteración de sus conductas.
Educar, al igual que gobernar, es prevenir. No se trata solo del futuro de tantos jóvenes que deberían recibir una buena alimentación temprana, una educación en valores capaz de transmitir sentido de vida y oportunidades para la inserción laboral en su adultez, sino también de frenar la ola delincuencial que se ha cobrado la vida de numerosas personas, incapacitado de por vida a muchas otras y sumido en la tristeza y la desolación a miles de familias que padecen impotentes el flagelo de la inseguridad.
Resulta inútil la discusión de si el auge de la delincuencia juvenil se debe al aumento de la marginalidad o al crecimiento de las organizaciones criminales que utilizan a jóvenes en sus diversas modalidades delictivas. No basta con que los gobernantes adviertan la urgente necesidad de una política permanente y eficaz contra la marginalidad para operar simultáneamente desde el ámbito policial y judicial en forma enérgica sobre las mafias. Es necesario debatir nuevamente –al margen de preconceptos provenientes de posturas divorciadas de la realidad y convenientemente asociadas a ideologías garantistas y abolicionistas– el límite de imputabilidad para los menores, por lo menos en el caso de los delitos graves, esto es, aquellos sancionados con 15 o más años de prisión.
Los menores que cometan otra clase de delitos deben ingresar a un sistema eficiente de medidas de seguridad, como parte de un programa obligatorio destinado a frenar su temprana carrera delictiva, debiéndose impulsar medidas para que no terminen encarcelados en prisiones con adultos.
El necesario debate sobre la baja de la edad de imputabilidad dentro de un programa integral penal juvenil constituye un factor esencial para una eficaz política de seguridad, que no podrá tener éxito sin una política educativa adecuadamente enfocada en niñez y adolescencia en riesgo como las de los asentamientos precarios de nuestras grandes ciudades. La gravedad de la situación interpela los deberes, la eficiencia y hasta la propia honestidad de nuestros gobernantes. La dirigencia política tiene la obligación de dar un debate serio y profundo sobre los temas que más preocupan a la sociedad: la seguridad, el futuro de los jóvenes y los derechos de las víctimas son tres asuntos urgentes que no admiten chicanas partidarias ni demagogia electoral.
LA NACION
