Ni sesiones ni extraordinarias: solo expectativas defraudadas

L as sesiones extraordinarias del Congreso nacional, que concluyeron el martes último, tuvieron el resultado más magro de los que se recuerden para ese período de trabajo legislativo.

Del 23 de enero al 28 de febrero, el Parlamento fue convocado por el Presidente para debatir casi una treintena de iniciativas, entre ellas, cuatro referidas a la Justicia. De ese grupo, solo comenzó a debatirse en comisión el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, un proyecto descabellado que difícilmente vea la luz, pero que le ha servido al oficialismo para montar un degradante show en Diputados con el doble propósito de desacreditar a la Corte en particular y a la Justicia en general porque no está de acuerdo con los fallos que condenan la probada corrupción de sus funcionarios y exfuncionarios, y para agitar la mentira de la proscripción electoral de la vicepresidenta. A ningún legislador del oficialismo le importó, en cambio, el tratamiento del acuerdo requerido para designar al procurador general de la Nación, un cargo interina pero brillantemente desempeñado por Eduardo Casal, funcionario que ha sido blanco de tan viles como injustificados ataques por parte del Gobierno.

Quedaron también sin tratar, entre muchos otros, varios proyectos vinculados con medidas económicas y otros referidos a prevención y represión del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Como ha sucedido cada año en el llamado a sesiones extraordinarias, el Presidente abunda en palabras que los legisladores de su partido no pueden o no están dispuestos a llevar a la práctica. En el caso de las extraordinarias de 2022, por ejemplo, ese período estuvo a punto de naufragar tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de su bloque, enfrentado con su propio gobierno por las negociaciones llevadas adelante con el Fondo Monetario Internacional. En la actualidad, al artero ataque contra el Poder Judicial, que llevó al grueso de la oposición a adelantar que retacearía el quorum si no se daba marcha atrás con esa arremetida, se sumó que estamos en el comienzo de un año electoral y que, lamentablemente, y como siempre ocurre en lo que concierne a la producción legislativa, el parate legislativo es casi absoluto.

Casi con el último aliento, un día antes de concluir el período extraordinario, el oficialismo logró un quorum ajustadísimo para aprobar una nueva moratoria previsional por la que se instrumenta otro plan de pago de deuda que permitirá que se jubilen unas 800.000 personas. Otro disparate que no solo agrava el serio riesgo de la sustentabilidad del sistema, como lo han hecho los múltiples “perdones” instaurados por el kirchnerismo a lo largo de sus gobiernos, sino que viene a ratificar y a consolidar la manifiesta inequidad y desigualdad de trato para con quienes han cumplido a rajatabla la exigencia de aportes jubilatorios durante 30 años y aun más. ¿Qué incentivo van a tener los nuevos trabajadores para seguir aportando si después todo da lo mismo?, preguntaban casi retóricamente varios diputados opositores durante la sesión en la que se debatió este nuevo disparate. No hubo respuestas convincentes de parte del oficialismo como no las hay cada vez que se dan pasos hacia el vacío con fines claramente electoralistas.

Además de ese proyecto, Diputados convirtió en ley la obligatoriedad de acceso libre de los pacientes a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país. No llevó al recinto ningún proyecto más.

En el caso del Senado, el período de sesiones extraordinarias fue todavía más patético. Nunca se reunió la Cámara alta, ni siquiera para convertir en ley el proyecto aprobado en Diputados denominado “ley Lucio”, en referencia a Lucio Dupuy, el niño pampeano de cinco años asesinado por su madre y la pareja de esta, condenadas a prisión perpetua. Esa iniciativa, que había sido agregada por el Poder Ejecutivo en una ampliación del temario de extraordinarias, dispone, entre otras cuestiones claves, la capacitación obligatoria sobre derechos y violencias contra niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del Estado.

Si bien no es nueva esta poca predisposición parlamentaria a sesionar, no deja de indignar que quienes se llenan la boca con propuestas de todo tipo terminen demostrando en los hechos la nula importancia que le asignan a la palabra empeñada. Sucede también con las promesas que realiza el Poder Ejecutivo en cada apertura anual de sesiones ordinarias del Congreso. De todo lo comprometido a realizar por Alberto Fernández el 1º de marzo de 2022, algunos proyectos de su autoría ni siquiera fueron al Congreso.

No deberían asombrarse entonces los dirigentes políticos de que la ciudadanía les desconfíe o les descrea cada vez más. Esa reacción es directamente proporcional al desinterés que le demuestran por intentar resolver los verdaderos problemas que la aquejan.

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