Nicaragua: aberrantes condenas

Sin las más mínimas garantías del debido proceso, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro miembros del directorio del diario La Prensa de Managua, y los trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Walter Gómez, Pedro Vázquez y Marcos Fletes corrieron igual suerte que todos los presos políticos en Nicaragua que han sido condenados por una sentencia dictada de antemano desde fuera del ámbito judicial.

Cristiana Chamorro, una de las favoritas para competir contra la reelección de Daniel Ortega –en el poder desde 2007–, integra un grupo de 46 opositores que fueron detenidos el año pasado, la mayoría acusados de conspirar contra el gobierno. La justicia nicaragüense, controlada por Ortega, la condenó a ocho años de prisión por considerarla culpable de los delitos de lavado de dinero, apropiación indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica, por lo que deberá permanecer en arresto domiciliario durante todo el período de la condena.

La farsa judicial sandinista también ha sentenciado a los colaboradores de la presidenta de la Fundación Chamorro y a su hermano a penas que van desde 7 hasta 13 años.

El juez los declaró culpables a pesar de que la defensa demostró de manera contundente su inocencia y debió sortear todo tipo de obstáculos impuestos por la policía, que no permitió a los abogados defensores ingresar con sus computadoras y celulares tan necesarios para la defensa que debían preparar ni se les dio el tiempo necesario para entrevistarse las veces que fuese necesario con sus defendidos.

Sobre el particular el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, expresó que “es obvia la falta de independencia de los jueces nicaragüenses que siguen emitiendo fallos sin debido proceso para satisfacer a la dictadura” y agregó que “estas condenas son una aberración contra las libertades de expresión y de prensa y una afrenta al Estado de Derecho”.

Si bien los abogados defensores de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, de su hermano y de los ex trabajadores de la Fundación Chamorro apelarán la sentencia dictada por el juez de Managua, se descuenta que esta será rechazada y quedarán agotadas las instancias necesarias para trasladar los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estos procesos judiciales, contrarios a la Constitución y las leyes de Nicaragua, fueron funcionales a la intención de Ortega de neutralizar a todos los posibles candidatos presidenciales que pudieran poner en peligro su continuidad al frente del gobierno nicaragüense.

Las citadas condenas constituyen la consumación de la persecución de todo aquel que pretenda desafiar a la dictadura encabezada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, y un aviso de que cualquiera que siga el camino de Cristiana Chamorro terminará de la misma manera.