Nicaragua silencia a opositores

El autoritarismo del régimen de Daniel Ortega sigue manifestándose, entre otras cuestiones, en una represión brutal sobre los nicaragüenses.

Ortega relanzó un Ministerio del Interior con mayores poderes, similar al de la época del gobierno sandinista, que sirvió para controlar a la oposición y que fue utilizado como arma frente a la guerrilla de los “contras”.

Diversos son los frentes a los que últimamente su despótica gestión ha atacado. Impuso, por ejemplo, el control político total de la educación superior con el propósito de tener convenientemente domesticados a los estudiantes para que no vuelvan a protestar en las calles por ningún motivo, mucho menos en contra del gobierno.

Según el informe Disolución de universidades nicaragüenses y violaciones de derechos humanos, presentado por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, la primera universidad se canceló en el 2021, en 2022 fueron 18 las cerradas y otras 11 cayeron en 2023.

La Iglesia Católica también sigue sufriendo injustificables ataques. Actualmente, unos 16 sacerdotes, entre ellos dos obispos, y seminaristas, están presos en las cárceles del régimen de Ortega bajo retención domiciliara o con paradero desconocido después de haber sido apresados.

El régimen ha prohibido que se mencione en los oficios religiosos el nombre de monseñor Rolando Álvarez, quien ya lleva más de 500 días en prisión tras ser condenado a 26 años de cárcel por traición a la patria.

De acuerdo con lo manifestado por un sacerdote, que por razones de seguridad pidió mantener reserva de su identidad, las homilías son permanentemente grabadas por espías del régimen que llegan a las iglesias a comprobar que no se mencionen en los sermones y oraciones palabras como democracia, derechos humanos, libertad y el nombre de monseñor Álvarez.

Esta persecución dio lugar a que el papa Francisco, tras el rezo del primer Ángelus del año, desde la ventana del Palacio Apostólico, manifestara su preocupación por “todo lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de la libertad. Les traslado a ellos, a su familia y a toda la Iglesia del país -dijo- mi cercanía en la oración”.

Para consolidar aún más su deriva autoritaria, Ortega cuenta con magistrados que le son afines en el Consejo Supremo Electoral y en la Corte Suprema de Justicia, y una bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional que aprueba todas las leyes que él presenta.

La comunidad internacional lleva demasiado tiempo paralizada ante la tragedia política y social que vive la sociedad nicaragüense, permanentemente bajo control y férrea vigilancia para silenciar toda clase de disidencia. Solo con una firme presión externa que asegure un decidido apoyo a quienes luchan por la libertad será posible promover reales avances hacia la democracia en Nicaragua.