No a los apetitos territoriales
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El gobierno de Donald Trump publicó en noviembre último la Estrategia de Seguridad Nacional, donde afirma que el objetivo es asegurar que Estados Unidos permanezca como “el país más fuerte, rico, poderoso y exitoso del mundo para las décadas a venir”. En este contexto se debe entender la decisión de Trump de nombrar al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a Groenlandia, insistiendo en que su país necesita este enorme territorio insular por razones de “seguridad nacional”.
Este nombramiento cobró rápidamente especificidad funcional cuando el propio gobernador difundió un mensaje a través de una red social, en el cual le señala a Trump: “Es un honor servirlo a usted en este puesto voluntario para hacer de Groenlandia una parte de los EE.UU”.
Groenlandia fue integrada al reino de Dinamarca en 1953 como territorio autónomo y, desde 2008, con la Ley de Autogobierno, asumió mayores competencias en la administración y en el control de sus recursos. En respuesta a este nombramiento, los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia dijeron enfáticamente que “las fronteras nacionales y la soberanía de los estados están enraizados en el derecho internacional” y que “no se pueden anexar otros países”.
Sorprende, preocupa y asombra entonces que en el siglo XXI se intente regresar a prácticas superadas por el avance de la conciencia humana y por el positivo desarrollo del derecho internacional.
La Carta de las Naciones Unidas señala claramente en su artículo 2.4 que los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
La naturalización de la amenaza de por sí es arcaica e ilegal. Es muy peligroso desandar décadas de cooperación y de respeto a normas legales internacionales por vías como la invasión territorial, la imposición unilateral de sanciones económicas, la injerencia en asuntos internos y el no respeto al principio de autodeterminación.
El sistema internacional es anárquico en el sentido que no hay una autoridad supranacional, ni poder de policía capaz de imponer la aplicación de leyes y normas. Por lo tanto, el sistema es funcional en la medida en que todos los estados miembros cumplan con el derecho internacional y respeten los propósitos y principios de la Carta de la ONU, y mantengan su compromiso con la diplomacia multilateral como ámbito de prevención y solución de controversias. Y muy especialmente que los países más poderosos abandonen el apotegma disfuncional de que “el poder es fuerza” y apliquen las palabras del presidente Harry Truman, en su discurso pronunciado en la Conferencia de San Francisco el 26 de junio de 1945: “De este conflicto han surgido naciones militarmente poderosas, totalmente adiestradas y equipadas ahora para la guerra. Pero no tienen derecho a dominar el mundo. Es más bien el deber de estas naciones el de asumir las responsabilidades de dirigir la marcha de todos hacia un mundo de paz. Es por eso por lo que hemos dispuesto aquí que la fuerza y el poderío deben emplearse no para hacer la guerra, sino para mantener el mundo en paz y libre del temor de la guerra”.
Con su propio ejemplo, las naciones poderosas del mundo deben alumbrar el camino de la justicia internacional. Este principio es la guía espiritual por la cual se debe cumplir la Carta de las Naciones Unidas.







