No han aprendido nada

En el mundo de la política no puede esperarse benevolencia, ni aun de quienes comulgan con las mismas ideas. Cuando se trata de ganar o retener poder, nadie regala nada, sino lo contrario.

La herencia envenenada que dejó el terceto kirchnerista es terreno fértil –valga la paradoja– para que algunos se aprovechen de quien asumió el costo de rectificar el rumbo y evitar el precipicio social, sin pagar precios individuales. Salvan así su cara, quedan bien con sus grupos de referencia y, como dijo Miguel Angel Pichetto con ironía, “sostienen posiciones históricas a las que debo respetar”.

En el imaginario colectivo prevalece la inocente idea de que existe una real opción entre el crudo ajuste fiscal que se lleva a cabo y una alternativa más compasiva, volviendo a algún punto del pasado y desde allí, analizar caminos menos penosos e igualmente efectivos.

La realidad es que esa alternativa no existe: quien está cayendo en el vacío no puede optar entre continuar la caída o quedar flotando en una ficticia nube hospitalaria. Para frenar el desplome solo cabe extirpar sus causas de inmediato sin dejar dudas con respecto a la firmeza de la decisión. Solo así cambiarán las expectativas de forma creíble.

El 14 de agosto de 1975 Antonio Cafiero asumió como ministro de Economía de Isabel Perón dos meses después del “Rodrigazo” y, en su discurso de asunción, anunció líneas de crédito con emisión monetaria para reactivar la economía pues los aumentos de precios habían “creado iliquidez”. Ya sabemos lo que ocurrió después.

Ni el récord de inflación, ni los niveles de pobreza, ni el auge del narcotráfico son fruto de la gestión de Javier Milei, quien solo lleva apenas más de dos meses en el gobierno. Y menos aún el calvario de los jubilados, provocado por el aluvión de beneficiarios sin aportes que provocó el déficit del sistema, agravado por el éxodo al trabajo informal.

Tantas penurias son culpa del kirchnerismo, que plantó la semilla del estrago al subsidiar las prestaciones más difíciles de brindar cuando los recursos se acaban: la comida, la salud, la educación, la seguridad, el transporte, la vivienda, el combustible, la luz y el gas. Una bomba de tiempo colocada por quienes ahora se rasgan vestiduras “republicanas” desde sus bancas legislativas.

En el difícil tránsito hacia el país normal, quienes fueron cómplices de los desajustes que se deben corregir anuncian más paros y movilizaciones, pretendiendo resolver la crisis con más de lo mismo

Los reproches opositores a Milei por su lenguaje violento y falta de diálogo son previsibles y en algunos casos quizás justificados. Pero resultan insuficientes si no se postulan otras vías equivalentes que logren estabilizar sin afectar los bolsillos. Todos llevan agua a sus molinos sugiriendo caminos más amables para proteger a los afectados, pero agravando la crisis colectiva. Si se suavizase el impacto de cada una, el programa se revertiría y la inflación treparía en espiral. Todos lo saben, pero hay quienes aseguran que “el problema es Milei” por sus malos modales.

Los gobernadores no ignoran que el mayor crecimiento de empleo estatal desde la crisis de 2001 ocurrió en provincias y municipios, al punto que en más de la mitad supera el empleo privado. Poco han hecho para reducir su dependencia del poder central achicando gastos y eliminando el clientelismo. Ninguno modificó el régimen de licencias de sus estatutos docentes, ni los privilegios laborales en ministerios, legislaturas y empresas. Y nadie propuso fusionar provincias en regiones, en lugar de aumentar impuestos locales para continuar financiando estructuras redundantes y solventando escandalosas obras.

Se reclaman planes de desarrollo para morigerar el impacto del ajuste, pero cuando “no hay plata” tampoco hay fondos de promoción regional como otrora, ni créditos blandos de la banca oficial. La reactivación debe llegar por otro lado, bajando la inflación y recuperando la moneda.

El Gobierno corre contra el tiempo, pues la opinión pública es lábil y cambiará si no resiste el “shock de sinceramiento” en curso. La carrera no se libra en el Congreso, foro de debates estructurales, sino en el 5º piso del Palacio de Hacienda y en el Banco Central, donde, para evitar que 47 millones volemos por el aire, se procura desconectar los cables de la bomba que el triunvirato saliente dejó con los colores cruzados de forma intencional.

Allí se trabaja contra reloj para eliminar el déficit fiscal y la emisión monetaria, unificar los tipos de cambio y suprimir el cepo cambiario. Si ello ocurriese, habría mayor oferta de dólares para la producción y se regularizaría el movimiento de capitales. Los nuevos flujos de inversión crearían trabajo genuino, mal que les pese a los gestores de la pobreza. Y se habría eliminado la “restricción externa” que la exvicepresidenta sindicó como causa de la inflación. En ese escenario favorable, el público volvería a guardar sus pesos, colocándolos a plazo fijo para aprovechar las tasas interés ante un dólar en baja y la expansión del crédito impulsaría la expansión de la economía y la recuperación de los salarios.

Sin embargo, la bomba aún no ha sido desactivada, pues el equilibrio fiscal alcanzado no será sostenible si otros factores no llegan en su auxilio, como la cosecha gruesa, el ingreso de capitales, los menores gastos por reformas estructurales y la mayor recaudación por mejora de la actividad económica.

En el difícil tránsito hacia el país normal, quienes fueron cómplices de los desajustes que se deben corregir anuncian más paros y movilizaciones, pretendiendo resolver la dramática crisis actual con más de lo mismo. Deberían escuchar aquel discurso de Antonio Cafiero donde promete aquello que los sindicalistas actuales quieren oír y preguntarle al fantasma de Casildo Herreras, el secretario general de la CGT que luego “se borró”, qué ocurre cuando se pretende ganarle a la inflación con mayor emisión. Después de 50 años, no han aprendido nada.