No más planes ni piquetes, trabajo

Hacía falta que se aproximaran los comicios nacionales para que los discursos y promesas de importantes dirigentes del oficialismo modificaran la vieja consigna de sumar planes para privilegiar la necesidad de crear empleos genuinos. Los empleos dignos no se crean por arte de magia ni de la noche a la mañana. Son el resultado de políticas consistentes y sostenidas que favorezcan la capacidad de las empresas privadas de generar las actividades productivas; un desafío ciclópeo que incluye persuadir a muchos radicalizados adherentes, si se quisiera de verdad revertir los daños infligidos como nunca antes sobre la cultura del trabajo y la disciplina que hicieron grande a nuestro país.

No podemos pasar por alto, sin embargo, que los gobernantes han comprendido, casi una semana antes de las PASO, que la frivolidad ideológica con la cual han actuado hasta aquí está produciendo escozor incluso en la vasta clase media baja. Importantes sectores de esa franja han acompañado tradicionalmente al peronismo, pero ahora parecen comenzar a identificarlo como el causante de los graves males que los aquejan. Integran el espacio social más próximo a una marginalidad en la que se roba y mata sin distingos, cercano a las mafias de narcotraficantes y de otras calañas que se enseñorean por las calles, y son quienes sufren como los que más el cierre de fuentes de trabajo, el éxodo de empresas y de personas y la degradación de la moneda como consecuencia de una inflación que se eterniza y que castiga principalmente a los más pobres.

Con una tendencia en alza, pese a la situación sanitaria, la conflictividad social se tradujo en récord de piquetes durante julio: 586 en el orden nacional. En la ciudad, equivale a un promedio de más de dos cortes por día hábil, sin barbijos ni protocolos. Organizaciones piqueteras propiamente dichas, muchas subvencionadas por el propio Gobierno, sindicalistas, grupos de desocupados y autoconvocados ganaron las calles ante el agravamiento de la situación socioeconómica y la falta de respuestas satisfactorias de quienes conducen los destinos del país.

La situación social es sumamente crítica frente a un Estado quebrado al que solo le queda seguir emitiendo si no encara los cambios profundos que el país necesita

A raíz de denuncias de numerosos beneficiarios de planes sociales difundidas por TV, el fiscal Guillermo Marijuan hizo recientemente público lo que ya sabíamos desde hace tiempo. No sumarse a las movilizaciones organizadas por las superestructuras piqueteras implica perder la ayuda social que reciben; un método extorsivo que les demanda participar obligatoriamente de los frecuentes cortes que convulsionan calles y accesos a la ciudad de Buenos Aires, así como en otros puntos del país. No solo eso. Se comienzan a conocer los casos de numerosos beneficiarios de planes que están siendo obligados a desempeñarse como fiscales por el Frente de Todos. ¿Qué otras ilegales trapisondas podremos también prever ligadas a la votación y a los recuentos que los involucran? La extrema gravedad de un fenómeno que pone al descubierto el abusivo manejo de punteros en la distribución de fondos de asistencia solventados por el Estado –o sea, por todos los contribuyentes– exige explicaciones tanto de los actuales gobernantes, así como también de algunos funcionarios de la administración anterior.

¿Qué tiene para decir sobre esto Mario Quintana, de quien dependía la doctora Carolina Stanley, anterior ministra de Desarrollo Social, que supo mantener buenas relaciones con los jerarcas piqueteros? Podrían ellos, al menos, haber salido al cruce de la vicepresidenta de la Nación, quien, sumando peras con manzanas, acusó al macrismo de duplicar el número de planes sociales durante su administración, siendo cierto que los aumentó.

No podemos menos que celebrar las declaraciones del flamante ministro de Desarrollo Social, el exintendente de Hurlingham Juan Zabaleta, poco dispuesto a negociar con cortes de calles, cuando dijo días atrás: “Vamos claramente hacia el camino de transformar los planes sociales en trabajo genuino”. ¿Pero cómo plantean producir ese cambio? Modificar rígidas y obsoletas normas laborales que imposibilitan el funcionamiento a pleno de muchas empresas con la incorporación de nuevos empleados en sus planteles se da de bruces con políticas como la tributaria, por citar un solo ejemplo, que impiden desde hace diez años el crecimiento, a tal punto que el ingreso per cápita de los argentinos se halla estancado desde 1974. En cuestión de días se oyeron expresiones similares por parte de Victoria Tolosa Paz, candidata a diputada por el Frente de Todos, quien dijo que los planes sociales de subsidio solo han sido “para la emergencia” y que, en adelante, se aprestan a “generar planes con trabajo”. Y la vicepresidenta, figura clave en el siniestro ciclo de retroceso de la cultura del trabajo y del esfuerzo, sugirió que los beneficiarios de subsidios del Estado deben ir preparándose para realizar algún tipo de contraprestación por lo que reciben. La grieta entre los miembros de La Cámpora y el piqueterismo K se profundiza: además de dejarlos fuera de las listas hay que acotar el peligro de desafiantes movilizaciones.

En ese orden de ideas, se ha sabido que tanto el ministro de Economía como el de Desarrollo Social han llegado a la conclusión de que es imposible instituir, como reclaman desde ámbitos piqueteros, un salario básico universal. Calculado a la fecha por fuentes privadas en unos 20.000 pesos mensuales, arrojaría al año un costo próximo al 3 por ciento del PBI.

El país espera hechos, no palabras, para conferirle seriedad a este supuesto giro de un gobierno que acaba de conceder a las organizaciones piqueteras la personería social, antesala de la personería gremial que corresponde a quienes hablan en nombre de los trabajadores, que en este caso, paradójicamente, todavía no trabajan.

Con un presupuesto social ejecutado ya en un 95%, se dice que la ampliación solicitada se destinaría en buena parte a fondear programas de empleo. Habrá que ver si las rencillas políticas intestinas se resuelven en esa dirección. Los pronósticos se inclinan por vaticinar que, cualquiera sea el resultado de las elecciones, el oficialismo extremará medidas, dispuesto a quemar las naves. La situación social es una papa demasiado caliente para un Estado quebrado al que solo le queda continuar emitiendo si no encara los impostergables cambios profundos que el país necesita.