"No soy el peor de todos" La despedida de Canicoba Corral

Huyendo de las acusaciones que debieron conducirlo al juicio político, el juez se retira para gozar de su escandalosa impunidad

La discusión pública sobre la independencia de la Justicia y los consiguientes cruces de opiniones adquieren dimensión principalmente porque el Consejo de la Magistratura ofrece inagotables y nada ingenuos nichos de impunidad. La anunciada salida del juez en lo criminal y correccional federal Rodolfo Canicoba Corral fue descripta por un colega suyo del siguiente modo: se va el peor de todos. La frase no fue muy feliz. Tampoco lo fue la respuesta de Canicoba Corral: "Me van a extrañar, no soy el peor de todos".

Carece de sentido analizar un ranking tan desgraciadamente disputado, pero sí importa considerar que cualquier discordia por estas vergonzosas posiciones es fiel reflejo de una situación intolerable, cobijada por el oficialismo y la oposición en el órgano asignado al control del desempeño de los jueces. Precisamente, el Consejo de la Magistratura.

El Consejo de la Magistratura ofrece inagotables y nada ingenuos nichos de impunidad

Sobre Canicoba Corral recaen cinco acusaciones por cobro de sobresueldos de la entonces Secretaría de Inteligencia, incremento patrimonial, enriquecimiento ilícito, pedido de dinero a un imputado y viajes en aviones privados de empresarios.

Esos cargos primero fueron examinados por la representante de los abogados y hoy expresidenta de la Magistratura Adriana Donato, quien confesó que fue presionada para detener la investigación. El hecho, de una gravedad inusitada, no produjo la imprescindible reacción de los consejeros, lo que era razonable esperar de un cuerpo que debe garantizar el prestigio y neutralidad del Poder Judicial. Después, las denuncias contra Canicoba Corral pasaron a Juan Pablo Más Vélez, también representante de los abogados, que llegó al Consejo por impulso del expresidente de Boca Daniel Angelici. El dictamen de Más Vélez, del que luego incluso pretendería retractarse, exculpaba a Canicoba Corral de todas las imputaciones, salvo por sus viajes de placer en aviones de empresarios, demasiado difíciles de justificar. No se ocupó de reconstruir la escandalosa evolución patrimonial del juez ni de indagar sobre su ostentoso nivel de vida. Su paupérrimo desempeño abre todo tipo de suspicacias y muestra que ciertas inconfesables acciones del gobierno anterior no están exentas de merecidas responsabilidades. Al conocerse públicamente su opinión, Más Vélez dejó la Comisión de Acusación e intentó retirar su dictamen. Las huellas que allí dejó se fijaron de manera indeleble. Ya era tarde para arrepentirse.

A esa impresentable opinión de Más Vélez se aferró el actual oficialismo para apurar una votación que dejara indemne al juez. Canicoba Corral contaba con los votos de cinco consejeros para aprobar la opinión del arrepentido Más Vélez. El representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz; los legisladores kirchneristas María Pilatti de Vergara, Vanesa Siley y Mariano Recalde, y el juez Alberto Lugones, presidente del Consejo, avalaban su absolución.

En tiempos de pandemia, con un humor social crispado y frente al sufrimiento de miles de familias que enfrentan una crisis económica que ya se ensaña con muchas de ellas, se conoció la fastuosa vivienda que, en tiempos de cepos y controles, el juez alquila por 3200 dólares mensuales. El virtual empate entre los consejeros sobre la eventual absolución de Canicoba Corral debía resolverse en una reunión plenaria virtual en la que era decisivo el voto de Graciela Camaño, representante de los diputados por el bloque de Roberto Lavagna. Un "inesperado" corte de luz impidió a Camaño expresarse y todo terminó en nada. Es totalmente inverosímil que un incidente tan menor no pudiera solucionarse frente a un acontecimiento de esa envergadura. Hubiera bastado con otras prevenciones tecnológicas para superar el problema. Sin embargo, la inadmisible artimaña, o la excusa, resultaba ser útil a todos para sortear las consecuencias e inconvenientes de continuar exhibiendo públicamente lo peor de la política. Se postergó así, sin plazo, la votación a la espera de que Canicoba Corral cumpliera, en cuestión de días, sus 75 años.

Hace menos de un año, algo similar sucedió con un colega de Canicoba Corral, el exjuez Oyarbide, a quien el gobierno de Macri, lejos de impulsar su bien ganado juicio político, abrió las puertas al beneficio de acogerse a la jubilación. En agosto del año pasado vimos llorar ante las cámaras a un atribulado Oyarbide que reconocía haber cerrado las causas por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner debido a que lo habían "agarrado del cogote". El realismo mágico no es patrimonio exclusivo de la literatura.

La ley de jubilaciones privilegiadas establece taxativamente que quedan exceptuados de sus beneficios aquellos que son removidos por juicio político. Un corte de luz y un entramado de inconfesables fidelidades armado para garantizar su impunidad permiten que Canicoba Corral, a partir de agosto, sume a su ya exorbitante patrimonio unos 300.000 pesos mensuales gracias a los contribuyentes.

Atrás quedaron acusaciones por enriquecimiento ilícito, pedido de dinero a un imputado y viajes en aviones privados de empresarios

La inmensa mayoría de jueces argentinos hacen digna y responsablemente su trabajo. Ellos no merecen ser ensuciados por un debate sobre quién es el peor de todos. Mientras el Consejo de la Magistratura continúe deshonrando tan ostensiblemente la insustituible misión que le asigna la Constitución, la ciudadanía no podrá recuperar su confianza en una Justicia que sigue pagando, con el dinero de todos, el escandaloso precio de la impunidad.