Nostalgias del 49
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LA NACION
La pulsión estatista que están demostrando muchos funcionarios del actual gobierno recuerda a la vieja Constitución pergeñada por Perón
La intervención en la empresa Vicentin es apenas un lunar en la tela con la que buena parte del peronismo en el poder aspira a vestir este nuevo capítulo de su dudosa epopeya nacionalista, con la que procura maquillar la pretendida reedición épica del llamado a vivir con lo nuestro, de espaldas al mundo y a expensas de coartar derechos y conculcar libertades.
No hace falta que explicite los argumentos. Los hechos hablan por sí mismos. En los últimos tiempos, muchas de las acciones del oficialismo muestran al Gobierno decididamente nostálgico de preceptos que habían sido consagrados en la Constitución de 1949, luego derogada.
Durante su primera presidencia, Juan Domingo Perón impulsó una reforma constitucional cuyos ejes giraban en torno de la función social de la propiedad; de la estatización de los recursos naturales, el ahorro, la banca y el comercio exterior, y de la regulación del capital.
"Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad", decía el artículo 38 de la Constitución sancionada en 1949 por una convención que, además, se excedió en sus atribuciones, tras haber forzado la mayoría requerida para la declaración de la necesidad de la reforma.
"El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social", rezaba el artículo 39 de aquel texto legal que también aseguraba a Perón la posibilidad, no solo de volver a presentarse para su propia reelección, sino de poder hacerlo de manera indefinida.
"El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguarda de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales (...) Salvo la importación y exportación que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios", decía el artículo 40, para agregar en otro tramo: "Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación, con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine". Si algo se le puede rescatar a ese glosario de disposiciones estatistas era que, al menos, requería de la sanción de una ley.
La duración de la Constitución de 1949 fue muy efímera, pues el golpe militar de 1955 la dejó sin efecto. Por otro lado, y curiosamente, tanto la de 1949 como la de 1994, se gestaron durante gobiernos peronistas en los que ambos líderes pugnaban por hallar la fórmula para garantizarse un poder eterno. Un dato para nada menor.
La vapuleada intervención de la empresa Vicentin con el argumento de la soberanía alimentaria es un pésimo ejemplo de este estatismo compulsivo, profanador de seguridades jurídicas, derechos, garantías y libertades esenciales varias. La expropiación debe ser por causa de utilidad pública, pasar por el Congreso y no corresponde hacerla mientras sigue su curso una causa judicial. Además, sacarla de sus dueños presuntamente malos administradores de su propiedad para ponerla en manos de un Estado incumplidor, quebrado y al mismo tiempo sobredimensionado, no es la mejor solución.
El caso de la ida de Latam del país es otro ejemplo de hacia dónde apuntan las autoridades en materia de monopolio aeronáutico. A Latam, como a muchísimas empresas en el mundo, la afectó el brutal parate de operaciones derivado de la pandemia. Pero se sabe que en nuestro país no tuvo las cosas fáciles para operar: asfixia económica, inequidades, discriminación y presiones sindicales y políticas fueron la regla y no la excepción. Así las cosas, como hemos dicho desde estas columnas, el cielo ha quedado libre para Aerolíneas y todo su déficit histórico, con un servicio ineficiente y lleno de privilegios para sus empleados y sindicalistas.
Si esas señales no alcanzaran como para graficar las nostalgias crecientes por el 49, pueden sumárseles otras acciones de vieja y de nueva data, como las expropiaciones kirchneristas de la propia Aerolíneas, del Correo Argentino, de Aguas Argentinas y de la ex Ciccone Calcográfica, hoy en creciente actividad para poder solventar con emisión monetaria desenfrenada la duplicación de gastos de un Estado que sostiene con planes y subsidios a casi la mitad de la población total de la Argentina.
En el presente quedan como testimonio puro y duro de esa nostalgia perniciosa la flamante ley de alquileres, burda interferencia estatal en una negociación entre privados, con su cuota melancólica de amor por las regulaciones, por la demagogia y por el desprecio de los efectos prácticos.
Para completar este lamentable listado de pasos en falso es necesario reparar en la ley de góndolas; los controles de precios; las presiones al campo por medio de nuevas retenciones, de imposiciones fiscales superpuestas y de exigencias de trámites inexplicables con el propósito de esquilmar al sector de mayor productividad del país.
Se trata de un cúmulo importante de acciones concretas y de proyectos tendientes a reflotar políticas intervencionistas, asfixiantes y seudonacionalistas que no han hecho otra cosa que sumir al país en el atraso y a gran parte de la población en el hambre y la exclusión.
No está mal mirar al pasado si lo que se pretende es no cometer los mismos errores. El problema es insistir en volver a él para repetirlos.
