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Nuestro inviable sistema previsional
El crecimiento de la expectativa de vida y los magros haberes que perciben quienes se retiran reclaman una modernización eficaz del régimen jubilatorio
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LA NACION
Desde estas columnas, nuestra opinión editorial se dirige, a veces, a alguno de los poderes de gobierno. En otras, a la sociedad en su conjunto. La crisis del sistema previsional es uno de los casos que demandan una reflexión entre todos, de modo de contribuir con quienes conducen el país y con quienes fiscalizan desde la oposición, en la búsqueda de respuestas racionales a tan importante y candente cuestión.
Una elevada dosis de incomprensión se yergue ante los sistemas previsionales posibles a nivel global, no solo en la Argentina. Es más: en aspectos claves del asunto, el país ha avanzado más que algunas potencias centrales y eso no es decir poco, con todos los males que refleja. El tan impresionante como afortunado crecimiento de la expectativa de vida constituye una realidad en todo el mundo y, sin embargo, observamos furibundos escándalos y protestas, por ejemplo, en Francia por el proyecto de Macron de elevar la edad jubilatoria de 62 a apenas 64 años.
En nuestro país, las mujeres acceden al beneficio de la jubilación a los 60 años y los hombres, a los 65. ¿Cómo no preparar a nuestra sociedad para que comprenda que cuando la longevidad promedio ronda los 75 años el período activo de trabajo no puede ser ya el mismo del de los padres? No puede serlo, básicamente, porque no hay sistema previsional ni cobertura asistencial sustentables que acompañen lo que la ciencia ha hecho para prolongar la calidad de vida.
Desde luego que las protestas que estallan en diferentes partes del mundo ante los inevitables cambios en viejos sistemas previsionales tienen fundamento en promesas legislativas incumplidas sobre cómo y en qué momento se producirían los retiros. La ira se dirige a quienes gobiernan hoy, que son quienes advierten sobre lo impostergable de una reforma a fondo de leyes del pasado, en lugar de dirigirla, como sería menester, contra varias generaciones de dirigentes que carecieron de una anticipatoria visión del futuro o que, simplemente, mintieron a los votantes.
En la Argentina se mintió y se estafó en 2008 cuando el Estado confiscó los dineros depositados en administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que funcionaban desde la reforma previsional de 1993, con el sistema de capitalización, cobrando muy altas comisiones a los afiliados. Se echó mano de esos millonarios recursos con la misma irresponsabilidad, o incluso mayor, que con la que el gobierno se apoderó de los fondos de seguros de retiro, constituidos por aportes voluntarios de trabajadores y empresas. Fue una confiscación lisa y llana de bienes cuyo reclamo muchos llevaron a la Justicia y que todavía tiene pendiente, en no pocos casos, la debida reparación. El sistema de reparto al que se pretendió traspasar a la masa de afiliados es absolutamente inviable en su estado actual.
El sistema de capitalización que había entrado en vigor en 1981 en Chile fue por largo tiempo exaltado como modelo de respuesta apropiada a esta delicada cuestión social. Las recientes revueltas populares en el país vecino por una diversidad de motivos han puesto en conocimiento general que ese modelo tenía, entre otras debilidades, la de los bajos aportes de los contribuyentes. Hoy, las quejas de beneficiarios de ese sistema, que perciben 220 dólares al mes -esto es apenas la mitad de los 422 dólares que integran en Chile el salario mínimo-, se están haciendo oír.
Países como el Reino Unido y Dinamarca han vinculado la edad de retiro con la expectativa de vida de sus respectivas poblaciones. Es un indispensable paso en la buena dirección. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha informado que en los últimos 40 años el número de personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar, esto es, de 20 a 64 años, ha pasado de 20 a 31. Lo más grave del informe de la OCDE es la observación de que esta tendencia seguirá creciendo hasta prácticamente duplicarse en 2060, cuando la población de 65 años y más alcance el 58 por ciento de quienes estén en edad de trabajar, según las pautas vigentes. También señala el referido informe que formas atípicas de empleo, como el trabajo por cuenta propia, el temporal y a tiempo parcial, representan más de un tercio en los países miembros de la referida organización. ¿Quién puede creer seriamente que este sistema puede mantenerse en el tiempo sin explotar en la caja de recursos de los Estados?
Entre el 90 y el 95 por ciento de las personas de más de 65 años alcanzadas por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) perciben beneficios. Sin embargo, nadie puede ignorar que parte considerable de nuestra población de más de 65 años debe compensar el magro haber jubilatorio a través de otros medios: con algún ingreso laboral adicional o con la obligada ayuda familiar en la mayoría de los casos, así como también a través de la renta producida por ahorros entre quienes pudieron acceder a ellos, por ejemplo, con la adquisición de bienes inmuebles, materia en la cual distintos gobiernos produjeron daños irreversibles entre 1943 y 1970 con el congelamiento de alquileres y arrendamientos.
La inflación y el apoderamiento por parte del Estado de activos financieros son parte de la explicación de la dolarización de la economía argentina y de que tantos argentinos hayan buscado en centros financieros de otros países la seguridad para sus ahorros aquí ausente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha contribuido con dos fallos a conferir en ciertos puntos certeza en la azarosa materia previsional. En 1994, en el caso "Gualtieri", dictó la constitucionalidad de los topes jubilatorios, y, más tarde, en "Delfino", determinó la manera de calcular los intereses por deudas previsionales. Pero nada alcanzará para sentar bases firmes en nuestro sistema previsional mientras se deteriore la relación entre el número de retirados y de quienes aportan, que se acerca peligrosamente a 1 a 1. La suma de todos los trabajos gravados con cargas y contribuciones salariales indica que en la Argentina no hay más de ocho millones de trabajos formales; la informalidad, cuando menos, se halla en el 35 por ciento de la población activa, algo insostenible, desde todo punto de vista, incluido el impositivo, a fin de dotar de equidad, razonabilidad y sustentabilidad al sistema.
Por todo lo dicho, debemos tomar conciencia como sociedad de que urge la modernización eficaz del sistema de jubilaciones y retiros. En cuanto a los funcionarios, conviene que aumenten el grado de visión y templanza suficientes para conjurar los males presentes dentro de un cuadro general que se agravará mucho más, haciéndose insostenible, si continúa como hasta ahora.
LA NACION
