Nuevo avasallamiento a Papel Prensa

Por pedido del Poder Ejecutivo, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas aprobó instruir a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que realice una auditoría en Papel Prensa SA. Se trata, a todas luces, de otra decisión tan arbitraria como ilegal que, con la finalidad de perseguir a la prensa libre, confirma, una vez más, que el Gobierno concibe a los órganos de control –que deberían vigilar para asegurar la transparencia– como instrumentos de presión y persecución.

También llama la atención que el oficialismo recurra nada menos que a la AGN, organismo cuya función principal es, según el artículo 85 de la Constitución Nacional, el control del sector público y el asesoramiento técnico al Congreso de la Nación. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y la situación general de la administración pública en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos dependen de los dictámenes de la AGN, cuyo presidente es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores, requisito que en la actualidad reúne el radicalismo.

Papel Prensa es una sociedad comercial constituida como una sociedad anónima y, por lo tanto, de carácter privado y sometida al régimen del derecho comercial. No forma parte de la administración pública, no es una empresa ni una sociedad del Estado, ni una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, ni una sociedad de economía mixta, ni se encuentra comprendida dentro de la categoría de organizaciones empresariales en las que el Estado nacional tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

El dictado de la ley 26.736, en diciembre del año pasado, por la cual se declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios, no modifica en modo alguno el carácter privado de la sociedad Papel Prensa, de la cual el Estado nacional posee actualmente un 27,46 por ciento, del que tendría que haberse desprendido hace casi dos décadas por obligación contractual.

Por otra parte, la AGN es uno de los contadísimos órganos públicos de control que, hasta aquí, ha cumplido su cometido con imparcialidad y profesionalismo, bajo la titularidad del radical Leandro Despouy, sorteando las constantes trabas con las que el oficialismo ha intentado obstaculizar e impedir su labor, incluido un fracasado intento por lograr el desplazamiento de su presidente.

Por el contrario, la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de la lucha contra el lavado de dinero y a cargo de dirigentes sin experiencia en la materia, se ha dedicado a perseguir políticamente a opositores y disidentes, al igual que la Comisión Nacional de Valores (CNV); lo mismo puede sostenerse de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). La Oficina Anticorrupción (OA), en tanto, ha caído en la total inacción.

El repentino interés que ha manifestado el Gobierno por la AGN contrasta con lo ocurrido el año pasado, cuando sumaban 432 los informes sobre irregularidades elaborados por la AGN en relación con distintas áreas de la administración pública que permanecían sin ser analizados por los legisladores y, por lo tanto, sin la posibilidad de ser aprobados o rechazados. La mayoría con que el oficialismo cuenta en ambas cámaras del Congreso impedía el tratamiento de esos expedientes. Ahora, si bien el número de esos expedientes se redujo, aún permanecen sin tratamiento parlamentario las auditorías más comprometedoras para el Gobierno, lo cual demuestra el nulo interés del oficialismo por la genuina labor de la AGN.

Lamentablemente, el pedido de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas a la AGN, que además de la auditoría a Papel Prensa incluye otra sobre la concesión de la empresa Artear SA, propietaria de El Trece, del Grupo Clarín, se inscribe, como dijimos, en la persecución al periodismo independiente y se relaciona con el grosero patoterismo, físico y verbal, desplegado en Papel Prensa por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y por el titular de la Sigen, Daniel Reposo, quien forma parte de la Comisión Fiscalizadora en esa empresa.

Hay que destacar que, en su conformación anterior, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida entonces por el diputado radical Heriberto Martínez Oddone, había rechazado el pedido efectuado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado ahora cuando el diputado oficialista Fabián Ríos es quien está al frente de la comisión.

Si de auditorías se trata, debería darse curso prioritario al pedido de investigar a la imprenta ex Ciccone, recientemente expropiada por el Gobierno con el claro objetivo de proteger el delictivo accionar de encumbrados funcionarios del Gobierno, para que la ciudadanía sepa quiénes son sus verdaderos dueños.

No está de más recordar que Papel Prensa debe ser la única sociedad anónima con una participación minoritaria del Estado nacional que cuenta con dos de los tres integrantes de la Comisión Fiscalizadora designados por el Estado y una auditoría conjunta de los estados contables. Así, el ejercicio del control societario tiene una fuerte participación del Estado.

Lo cierto es que ni la participación minoritaria del Estado en Papel Prensa ni el área de acción de la AGN permiten que este órgano audite a una sociedad anónima de capital privado que se rige por las normas de la ley de sociedades comerciales. Una vez más, el Gobierno pretende utilizar a un organismo de control, en otro claro desvío de poder, para presionar y perseguir a quienes no son funcionales a sus dictados.