1
Otra gran caja de corrupción
3 minutos de lectura'
LA NACION
En 1880 irrumpió el llamado Boxing Day en la Premier League del fútbol británico. La denominación, que remite a “box” que es caja en inglés, nació cuando los más desfavorecidos recibían de sus jefes o benefactores cajas o paquetes con motivo de la Navidad. Desde entonces, año tras año, la celebración que tiene lugar el 26 de diciembre se convirtió en la jornada más importante de la liga británica, con duelos regionales o clásicos muy destacados que se disputan en un día feriado. En la ocasión, los clubes hacen regalos a los niños que concurren a los estadios y los equipos realizan actos de beneficencia en hospitales, asilos, hogares u ONG.
En el escenario local, Malena Galmarini adelantó esta celebración. Antes de terminar su oscura gestión en AySA, repartió unas 10.000 cajas navideñas por 120 millones de pesos entre los 8000 empleados de la empresa. La compra se concretó a comienzos de diciembre y la entrega se efectivizó el 19, con Javier Milei ya en la presidencia y en un contexto de severo ajuste del gasto. Los kits navideños de pan dulce, budín, garrapiñada, turrón y otras confituras tuvieron un costo de $11.900 por unidad. El proveedor fue OAG SA, una empresa que ofrece servicios de “logística alimentaria” con aceitados contactos, ya que cuenta entre sus clientes con la propia Presidencia de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y municipios como Tigre, Pilar, Hurlingham y Marcos Paz.
Con su habitual desparpajo, Galmarini venía de rechazar las acusaciones que derivaron en la apertura de una investigación penal por la compra de vehículos por más de 25 millones de dólares que aún no fueron entregados. Tamaños desembolsos para despliegue logístico por parte de quien fuera sarcásticamente apodada “la reina de la canilla” son a todas luces injustificados y podrían asimilarse a las cantidades de autos que se están desafectando en distintas áreas de gobierno para ajustar gastos. Cabe recordar también que la Coalición Cívica denunció a Galmarini y al empresario Mauricio Filiberti por presunto fraude a la administración pública en millonarias compras de cloro.
AySA solo genera menos del 20% de los ingresos anuales que requiere su operatoria, demandando créditos de organismos multilaterales o fondos del Tesoro para cubrir el resto. Solo en este año, Sergio Massa debió girarle a la empresa que presidía su esposa más de 42.000 millones de pesos mientras era ministro de Economía –y frustrado candidato presidencial– para cubrir ese rojo operativo. Maniobras de economía hogareña trasladadas al ámbito público. Vergonzoso.
Auditar la cuestionada gestión de Galmarini en AySA acaso destape otra caja de sorpresas. Hay demasiadas cajas en manos de irresponsables que solo buscaron su propio beneficio, otra imperdonable malversación de la que muchos deberán dar cuenta. Es de esperar que la Justicia caiga con todo su peso sobre quienes durante años dilapidaron los recursos de todos.
Tipo de trabajo:
opinión
