Otra gran oportunidad perdida por el Gobierno

La tentativa de asesinato contra la vicepresidenta ha suscitado la condena prácticamente unánime de todo el arco político, del Congreso de la Nación y de la sociedad en general. Ese sentimiento tan extendido ha estado lejos de amenguar –más bien, lo contrario– el considerable interés por conocer los resultados finales de una investigación judicial exhaustiva de lo ocurrido en tanto impacta en las reglas de convivencia compartidas como sociedad, que deberá llevar a la condena de los responsables.

Alarmó la ausencia de un sistema eficiente y profesionalizado de protección propio de altas jerarquías institucionales. Entre las muchas fallas detectadas, incluida la ya previsible llegada del auto como en días anteriores, la posición de los custodios no era la correcta, pues observaban a la vicepresidenta y no al público. Ante los hechos, fue de una torpeza inaudita que no respondieran con rapidez protegiéndola y retirándola rápidamente de la escena. Seis minutos firmando autógrafos hubieran sido en exceso suficientes para cualquier ataque. El tiempo transcurrido hasta la aprehensión oficial del atacante, atrapado en un primer momento por militantes, al igual que el hecho de que no fuera inmediatamente esposado y subido al patrullero ante un público enardecido, hablan por sí solos. La pérdida hasta aquí de la información que pudo estar acumulada en el celular del imputado principal constituye un hecho gravísimo y refleja la supina impericia de las fuerzas involucradas.

Estas cuestiones vuelven a echar sombras sobre la eficiencia del Estado y su personal, y de lo que significa la intromisión de una corte de poco profesionales fanáticos en tareas indelegables de seguridad.

Mientras la ciudadanía está a la espera de conocer todos los aspectos del episodio del jueves último, el Gobierno ha desperdiciado una oportunidad excepcional para cumplir con uno de sus deberes esenciales: promover la unión nacional

El Gobierno, mientras la ciudadanía está a la espera de conocer todos los aspectos del episodio del jueves último, ha desperdiciado una oportunidad excepcional para cumplir con uno de sus deberes esenciales: promover la unión nacional. Azuzó las diferencias ideológicas, lanzó al aire imputaciones antojadizas y violentó barreras emocionales. Demostró, también, lo difícil que es esperar un cambio de parte de quienes están preparados para el combate sine die y entrenados en el empleo de mil ardides para extraer ventajas políticas, por las buenas o por las malas, incluso en las más delicadas situaciones nacionales. Demasiada temeridad con acusaciones infundadas sin medir los efectos sobre el bienestar y la paz social.

Las dudas sobre el arma, sobre quién la encontró finalmente, si fue pisoteada en el piso, la ausencia primero y la presencia después de huellas dactilares en ella, generan dudas, lo mismo que respecto de por qué se recurre a rastros genéticos que son poco fiables a la hora de periciar un arma. Ante graves errores de procedimiento, cabe también preguntarse por qué no se convocó a otra fuerza federal para dilucidar las responsabilidades de la fuerza policial actuante. La incompetencia del ministro Aníbal Fernández y del jefe de la AFI, Agustín Rossi, han quedado tan expuestas que sus renuncias deberían ser aceptadas sin más demora. También deberían renunciar el jefe de la Policía Federal y el jefe de la custodia de la vicepresidenta.

Por horribles que hayan sido las circunstancias, en nada han debido mejorar la situación de Cristina Kirchner en el juicio por corrupción que se le sigue

A la par de la publicación de Télam que incluyó la ilustración de un arma con el caño convertido en un micrófono, nadie fue tal vez más imprudente que el senador kirchnerista José Mayans, aunque haya dicho en público lo que otros dirigentes del oficialismo dicen en privado: “¿Queremos paz social? Empecemos a parar el juicio de Vialidad que es vergonzoso”. Lo corrigió otro senador oficialista, Oscar Parrilli, quien mejor representa el pensamiento de la vicepresidenta y de su usina ideológica, el Instituto Patria, al decir que lo que pretendían era justicia. Un burdo chantaje.

Por horribles que hayan sido las circunstancias de ese escándalo, en nada han debido mejorar la situación de la encausada en el juicio por corrupción por el direccionamiento de obras públicas a favor de Lázaro Báez, y menos aún, en otros asuntos que están pendientes de un mayor número de resoluciones judiciales. Si la calificación de una conducta mejorara por haber sido una persona víctima ilesa de un atentado contra su vida, la muerte misma debería haber llevado en cualquier tiempo a otras personas a los altares de la santidad.

Los anuncios acerca de la posible adopción de las normas sobre odio que rigen en Venezuela, al servicio de confiscar radios, canales y diarios, y llevar a prisión, en condiciones indignas para los seres humanos, a cientos de detenidos políticos fueron tibiamente desmentidas por la vocera oficial. La última idea del Gobierno es que todo este ajetreo termine en una ley de publicidad oficial que defina los valores que deben defenderse allí donde el Estado difunda los actos de gobierno. Claro que difícilmente serán los valores que se pisoteaban desde programas como “6, 7, 8″.

El Gobierno podría comenzar por rectificarse de los sentimientos ajenos a la democracia que impregnaron su gestión

Cualesquiera sean las decisiones en marcha, la mayor contribución en favor de la paz social sería que el Gobierno termine de una vez por todas por comprender la importancia de un Poder Judicial independiente y de una prensa que no ha de ser juguete para sus caprichos.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en relación con políticas que parecerían enderezadas a buscar represalias contra medios desafectos de la orientación oficial e ignorar lo que ocurre en plataformas o redes sociales, expresó: “Nuestro trabajo –dijo ADEPA– puede ser discutible, pero recurrir a la burla en redes, promover un insulto al aire, agraviar a un medio por un artículo o increpar a un profesional en una conferencia de prensa, son prácticas antidemocráticas que se agravan cuando provienen desde lo alto del poder, y es necesario desterrarlas”.

Así como procura a las apuradas corregir delirios cometidos en más de dos años de política económica y financiera, el Gobierno podría comenzar por rectificarse de los sentimientos tan ajenos a la democracia que impregnaron su gestión. Lograría así varios objetivos simultáneamente: pondría a prueba una coherencia de propósitos de orden general, tomaría distancia de los regímenes emergidos de izquierdas radicalizadas y con personajes que añoran el terrorismo a la vieja usanza, y aprovecharía la experiencia conmovedora de hace unos días para lanzar una convocatoria seria, creíble, en favor del diálogo y el consenso en las principales cuestiones de Estado que se hallan abiertas.