Otro basural, esta vez en San Vicente

Con una población estable estimada en 80.000 habitantes, San Vicente crea más de 750 toneladas mensuales de residuos domiciliarios que se arrojan en un basural a cielo abierto de unas cuatro hectáreas. Está ubicado en un predio a veinte cuadras de la plaza céntrica y a escasos metros del cruce entre las rutas 58 y 6. El terreno, de por sí muy bajo, es atravesado por un curso natural de agua lo cual agravará considerablemente el problema cuando cese el período de sequía que afecta a la zona. De los residuos, el 60 por ciento está compuesto por materiales orgánicos y el resto, por plásticos, papel y cartón.

En el partido bonaerense de San Vicente, a escasos 55 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 45 de La Plata, se desarrollan principalmente actividades ganaderas y agrícolas, aunque en los últimos años ha aumentado el comercio y ha crecido fuertemente la localización de clubes de campo y el turismo rural.

Sin duda, todo esto ha contribuido a la creación del basural que hoy constituye un pasivo ambiental y que debería ser rápidamente desactivado para luego evaluar los daños ambientales producidos y realizar las acciones necesarias para su saneamiento.

Además de la presencia de olores y gases en el proceso de descomposición, y la evidente contaminación visual, por la presencia de bolsas y desechos a cielo abierto que son diseminados por el viento, la principal causa de contaminación resulta de los líquidos lixiviados que los residuos drenan hacia los arroyos circundantes y que penetran la superficie del suelo hasta alcanzar y afectar las napas freáticas.

Para erradicar el basural a cielo abierto, el municipio de San Vicente proyecta erigir una planta de clasificación de residuos, en un sitio cercano a la ciudad, entre las rutas 56 y 6. Esto ha provocado la protesta de los vecinos que afirman que esta planta contaminará los tambos linderos y campos para cría de ganado. Según los productores rurales, la municipalidad no habría realizado una evaluación previa de impacto ambiental ni una audiencia pública, requisitos legales para instalar la planta.

Cabe recordar que en esta materia existe una regulación relativamente reciente que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, cuyo objetivo es lograr un adecuado y racional manejo de éstos mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.

Esta ley promueve la valorización y minimización de los residuos domiciliarios para evitar los impactos negativos que puedan producir sobre el ambiente. De modo preciso la norma establece que los centros de disposición de residuos requieren, para su habilitación, la aprobación de una evaluación de impacto ambiental, que contemple la ejecución de un plan de monitoreo de las principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y posclausura.

Teniendo en cuenta la importancia y sensibilidad del caso, sería deseable que, en primer lugar, se hiciera un análisis profundo para conocer cuál es la metodología más adecuada para evitar la contaminación y minimizar la generación de basura, tal como lo menciona la propia ley. Hoy resulta irrazonable seguir disponiendo residuos que constituyen materia orgánica. Quizá pudieran tener un destino menos riesgoso para el ambiente que su simple disposición, lo cual contribuiría también a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.

Mas allá de cualquier motivo coyuntural, es indispensable contemplar las diferentes variables de saneamiento y manejo de residuos, por encima de cualquier interés político en el tema.

La correcta disposición de la basura hace a la calidad de vida de la comunidad y es imprescindible que se considere la eficiencia de las metodologías que se aplican para no trasladar al futuro los problemas ambientales que requieren hoy una solución.

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