Otro paso clave para recuperar lo robado por la corrupción

El reciente fallo judicial que habilita al Estado a disponer de bienes obtenidos como producto de la corrupción merece ser recibido con beneplácito, por cuanto constituye un avance contundente en la recuperación de dineros públicos que se encuentran en manos de la delincuencia.

Se trata de la primera sentencia dictada por un juez sobre la base del decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri a principios de año. Mediante este instrumento se dispuso, entre otras cuestiones, la declaración de la extinción de dominio a través de un procedimiento autónomo e independiente, la creación de una procuraduría habilitada para realizar investigaciones de oficio y la ejecución de todo bien susceptible de valoración económica en pos de recuperar lo robado al Estado para que este pueda destinar esos fondos a políticas públicas.

Esto implica que los dineros públicos vayan a quienes tienen que ir y no a delincuentes cuyo único propósito ha sido y sigue siendo enriquecerse a costa del Estado.

En esta oportunidad, se trata de un lote valuado en alrededor de 800 millones de pesos que incluye 45 inmuebles, unos 30 vehículos de alta gama, joyas, motos y dinero en efectivo secuestrados a una banda conocida como "el clan Loza", acusada de traficar cocaína desde la Argentina hacia España y lavar el dinero proveniente de esa actividad ilegal.

La demanda fue presentada por el Ministerio Público Fiscal después de que, en enero pasado, el juez en lo penal económico Pablo Yadarola trabara un embargo sobre bienes de ese clan.

La causa recayó en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 10 de la ciudad de Buenos Aires. El juez federal Marcelo dos Santos ordenó que esos bienes quedaran bajo la tutela de la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE).

Aquel decreto de Macri, promulgado el 22 de enero pasado, provocó una fuerte discusión en el Congreso, donde desde hace varios años se encuentra en estudio una ley para la extinción de dominio, que nunca llegó a ver la luz.

Si bien esa iniciativa cuenta con la aprobación de Diputados, la Cámara alta la modificó, por lo que ahora el texto debe ser tratado nuevamente por los diputados, que deberán decidir si insisten en el proyecto original o aceptan los cambios. Todo indica que no habrá ningún avance legislativo sobre este tema, especialmente teniendo en cuenta la proximidad de los comicios de octubre.

El decreto presidencial, precisamente, establece un proceso judicial sumarísimo. Solo la Procuración General de la Nación puede iniciarlo sobre bienes que ya fueron embargados en un proceso penal, pero sin que sea necesario que haya condena en ese fuero. He ahí uno de los aspectos más criticados por los legisladores que reclaman mantener la acción en el fuero penal, que no se invierta la carga de la prueba y respetar el sistema de garantías de nuestro país.

Los defensores del DNU sobre el que ahora ha fallado la Justicia sostienen, en cambio, que habiendo trabado el Congreso la sanción de la ley, lo que el decreto ha dispuesto es la creación de un proceso de ejecución rápida, que cuenta con los debidos resguardos, por lo que no es necesario esperar la condena para que el Estado recupere lo que le ha sido robado.

Mientras pasa el tiempo y no se toman decisiones sobre los bienes, ocurre que muchos de ellos pierden valor o su mantenimiento termina siendo muy costoso para el propio Estado, por lo que urge deshacerse de ellos.

Si bien queda aún cumplir varios pasos administrativos antes de materializar la correspondiente subasta, el citado fallo judicial representa un avance de suma importancia.

En primer lugar, fue el Poder Ejecutivo el que ha dado una señal contundente e inequívoca en la búsqueda de la recuperación de esos activos. Ahora lo ha hecho la Justicia.

El Congreso no se ha expedido ni sobre la ley ni sobre el DNU que se cuestiona. Así, uno de los tres poderes de la República sigue manteniendo una enorme deuda con todos los ciudadanos.

LA NACION

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