PAMI: sin sistema y sin vergüenza

El pasado 2 de agosto, el PAMI denunció un hackeo masivo a su sistema informático atribuido a un software malicioso de denegación del servicio. Se trata de unas 14.000 computadoras inoperativas cuyo encendido hasta ayer aún se desaconsejaba, planteando una delicada situación de emergencia. En un primer momento, voceros de la obra social de los jubilados negaron incluso lo ocurrido y buscaron explicar las dificultades a partir de un supuesto cambio de servidores.

Lo cierto es que tanto la página como la app del PAMI dejaron de funcionar, privando a unos cinco millones de afiliados de servicios esenciales. El sistema de emisión de recetas y órdenes electrónicas utilizado por los profesionales que brindan servicio a los afiliados, junto con los de control, registro, dispensa y auditoría de medicamentos, se vio automáticamente paralizado.

A través de FarmaPAMI, el afiliado tiene a su disposición, en cualquier farmacia del país, los medicamentos indicados por su médico de cabecera. Con la caída del sistema, solo las recetas prescriptas con anterioridad pudieron dispensarse hasta el restablecimiento del servicio digital que usan los profesionales para su emisión y que venía obligando a los ya castigados afiliados a retornar presencialmente al consultorio médico para pedir la emisión en papel, con complicaciones tales como descuentos que no se aplicaban.

Las demoras en la entrega de medicamentos impusieron interrupciones de tratamientos con riesgo para la salud de muchas personas mayores, aun cuando se ordenó que los servicios de atención en curso se renovaran automáticamente. Los problemas se suceden uno tras otro y la Defensoría de la Tercera Edad vio triplicarse el número diario de denuncias con adultos mayores que sumaron nuevos calvarios a sus penosas vidas.

La Anmat, por su parte, debió autorizar las ventas de la industria farmacéutica y de productos médicos sin la información que posibilita su trazabilidad nacional.

Ante un parcial restablecimiento de los servicios, por 30 días se habilitó un sistema mixto de convivencia entre órdenes en papel y digitales, mientras otros servicios aún funcionan con mecanismos “de contingencia”. Dentro del PAMI, muchos reconocen que estarán ante una “olla a presión” si los inconvenientes no se resuelven, con consecuencias no solo para los pacientes, sino también para la administración financiera y las licitaciones de servicios que gestiona la entidad.

Los ataques cibernéticos se multiplican, tanto en el ámbito público como en el privado, con mayores niveles de sofisticación y alcances. Se estima que ya han sido hackeados unos 1300 organismos gubernamentales. La situación preocupa y plantea desafíos para mejorar los protocolos de protección de información sensible.

La reacción inicial de pretender negar los hechos o disfrazarlos de lo que no son demoró el aviso a los titulares de datos, una práctica recomendada por la Agencia de Acceso a la Información Pública. Al día siguiente del ataque, en un visible afán por llevar tranquilidad, el PAMI reportó que sus protocolos de protección de la información “han funcionado correctamente” y que se estaba “garantizando la atención médica” a los afiliados. Confirmando que siempre son buenos para los relatos, el domingo pasado el grupo Rhysida publicó en la web oscura que la información secuestrada se encuentra a la venta, estrategia para exigir antes de las 72 horas el pago de unos 735.000 dólares de rescate, proceder poco recomendado por los expertos, ya que, pudiendo conservarse copia de los datos, los deja expuestos a nuevas extorsiones.

Más allá de las explicaciones brindadas, está claro que una conducción que ha demostrado su impericia en el gerenciamiento del organismo presenta estos “inconvenientes” a pocos meses de la finalización de una pésima gestión. A su ineficiencia estructural debidamente alimentada por unos 1100 nuevos empleados solo en el último trimestre, esta guarida de La Cámpora, administradora de una caja tan suculenta como la del PAMI, en la que nadie podría garantizar que no hayan metido mano para proselitismo electoral al punto de dejarla paralizada, vuelve a tener en vilo a nuestros sufridos adultos mayores. Sin sistema y sin vergüenza.