Pensiones por invalidez: una estafa vergonzosa

Sin duda, muchas personas que sufren algún tipo de discapacidad tienen serias dificultades a la hora de intentar ganarse la vida y viven en situación de extrema vulnerabilidad. Si carecen de otros bienes, de sostén familiar o de ingresos, es la sociedad a la que pertenecen la que ha de apoyarlas. Con ese fin, hace un tiempo, el Estado promovió un régimen especial y gratuito de ayuda frente a diversas formas de invalidez si se acredita una disminución del 76% o más de la capacidad laboral, documentada mediante un Certificado Médico Oficial (CMO) y cuando no se compruebe una relación de dependencia vigente.

Ese fue el sentido de la ley y de la ratificación en el Congreso de los tratados internacionales que contemplan la asistencia de las personas con discapacidad, para argentinos nativos o naturalizados con cinco años de residencia o bien extranjeros con más de 20 años de residencia.

En 2003, los beneficiarios de este sistema de pensiones no contributivas por invalidez ascendían a poco más de 170.000. Para 2015, al concluir el segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner, superaban el millón: 1.045.000 personas, para ser precisos.

Se trata de un dato sospechosamente llamativo, teniendo en cuenta que nuestro país no vivió durante ese tiempo ninguna guerra, epidemia o cataclismo y que, considerando a quienes sufrieron algún accidente de distinta índole, las cifras deberían ser considerablemente menores. Claramente, nos encontramos ante otra máquina de comprar voluntades políticas como también lo fue la asignación de planes sociales por parte de funcionarios irresponsables y corruptos.

La Agencia Nacional de Discapacidad detectó recientemente incompatibilidades frente a titulares del beneficio con residencia en el extranjero, con trabajo registrado, que no se presentaron a cobrarlo por tres meses, o receptores de otras prestaciones del Estado, todos ellos convocados para hacer su descargo y documentar debidamente sus casos. Además de corregir las irregularidades, se implementará progresivamente un sistema digital para tramitar el CMO, reduciendo así las posibilidades de que médicos emitan certificados cuando la incapacidad no existe o no alcanza el porcentaje estipulado por la norma. Pero hay otra información que confirma que estamos ante otro de los numerosísimos escándalos ocurridos en tiempos de gobiernos del matrimonio Kirchner: la enorme disparidad de pensiones por invalidez asignadas en varios distritos.

En el grupo conformado por la ciudad de Buenos Aires, la provincia homónima, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa y los distritos patagónicos, la población que percibe estas pensiones oscila entre el 0,5 y el 2% del total. En el que integran San Luis, Tucumán, La Rioja, Jujuy, Corrientes y Catamarca, por su parte, el porcentaje va del 3 al 4,5% del total de habitantes. Por su parte, en Formosa -provincia-feudo de Gildo Insfrán, gobernador cuasi vitalicio- y en su vecina Chaco ronda el 7%, mientras que en Santiago del Estero, gobernada por el matrimonio Zamora, el 8,18% de los santiagueños percibe estas pensiones por discapacidad. Cuando hace dos años se intentó poner orden en el escandaloso sistema de asignaciones, un exaltado Zamora vociferó que defendería las pensiones por invalidez de los santiagueños. Se refería nada menos que al beneficio del que goza el 30% de la población económicamente activa de su provincia.

Impresiona de manera igualmente negativa la cantidad de pensiones en el departamento santiagueño de Ojo de Agua, hasta hace poco en manos también de otro matrimonio con comportamientos feudales. Hablamos de Rodolfo Capellini, procesado en la causa que involucra a 92 intendentes acusados de desviar fondos destinados a mejorar la disposición final de residuos, y a la esposa de Capellini, la actual senadora Ada Itúrrez.

Estaríamos ante casos flagrantes de corrupción en los que están implicados funcionarios, dirigentes provinciales y municipales y profesionales de la salud que se han prestado a estas maniobras que afectan, en primer lugar, a quienes, aquejados realmente por una discapacidad, deben afrontar engorrosos trámites ante la lógica necesidad de demostrar tanto su condición como su falta de ingresos o bienes y por otro lado se ven así disminuidas de cobrar montos superiores a los que perciben.

No hay que ir muy lejos para detectar irregularidades. En muchas calles de la Capital Federal es común observar autos estacionados en lugares prohibidos, cuyos dueños buscan hacer valer la tenencia de la oblea que distingue a los vehículos que transportan a personas con discapacidad, aunque no lleven a nadie con esa condición.

Otra palpable irregularidad es el cobro de unos 12.000 planes sociales por parte de beneficiarios que no cumplen con los requisitos que son obligatorios desde febrero del año pasado: formación laboral, al menos una visita médica al año y terminalidad educativa. El gobierno nacional decidió suspenderlos recientemente hasta que demuestren haber cumplido con aquellas obligaciones.

Días atrás, ante un recurso de amparo colectivo, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad que avanzaba en un proceso de actualización de información de los titulares de pensiones en las que se detectaran incompatibilidades, tendiente a avanzar hacia su recorte si se comprueban irregularidades. Esta medida judicial no debería ser obstáculo para favorecer la transparencia y velar para que los recursos del Estado lleguen a quienes tienen que llegar y no a quienes los obtienen sin merecerlos.

Un ejemplo para destacar son los nuevos requisitos que estableció la Anses para el otorgamiento de pensiones de carácter vitalicio y no contributivo para adultos mayores de 65 años que no posean empleo ni cobren jubilación, comprendidos en el programa Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM). Según la resolución publicada anteayer en el Boletín Oficial, se realizarán evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales de los solicitantes, como ingresos, consumos de tarjetas de débito y crédito, y patrimonio.

La asignación de recursos en favor de quienes no son sus legítimos derechohabientes o no cumplen con las condiciones para el mantenimiento de los beneficios distrae dineros del Estado que deberían destinarse a cubrir necesidades en educación, salud, Justicia, obras públicas e investigación, entre tantas otras. Tampoco estaría de más que se evaluara la alternativa de que las pensiones por discapacidad muchas veces dadas con nulo o escaso rigor por las provincias y que paga el Estado nacional pasen a depender del erario provincial.

Hemos asistido y, seguramente seguiremos asistiendo, al sonoro e injustificado reclamo de quienes temen perder inmerecidas prebendas. Estamos ante una estafa y el Gobierno no tiene que dudar a la hora de dar de baja el beneficio a quienes no acrediten debidamente lo que exige la ley.

Debe también evitarse que dirigentes, funcionarios y médicos involucrados en cualquier condenable maniobra de defraudación con dinero de los contribuyentes queden impunes. Acabar con falsos privilegios permitirá reconsiderar los montos asignados a quienes en verdad son merecedores de regímenes especiales, en lugar de llenar desvergonzadamente corruptos e inescrupulosos bolsillos.