Pesadilla entrerriana

Hechos de enorme gravedad institucional sacuden a la provincia de Entre Ríos. La reciente suspensión de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien estaba al frente de una investigación sobre ilícitos cometidos por el nefasto exgobernador de Entre Ríos y actual embajador en el Estado de Israel Sergio Urribarri, solo puede ser interpretada como un intento de asegurarles impunidad a responsables de escándalos de corrupción.

Las acusaciones que dieron lugar a la investigación se refieren al desvío de fondos públicos por 7,5 millones de dólares para promocionar la precandidatura presidencial de Urribarri en 2015, campaña que él bautizó “Sueño entrerriano”. Goyeneche tenía también a su cargo la investigación de una causa que involucra, entre otros, al cuñado del exgobernador Pablo Aguilera, por el cobro del 95% de los salarios de entre 300 y 600 empleados fantasma de la Legislatura entrerriana. Se estima que esas contrataciones, a lo largo de ocho años, implicaron una defraudación de 53 millones de dólares.

Son ocho las causas abiertas relacionadas con ilícitos del exgobernador Urribarri. En declaraciones a medios locales, otro exgobernador, también justicialista, el contador Mario Moine, señaló que podrían estar involucrados varios exvicegobernadores y recordó su renuncia a la afiliación al PJ de su provincia ante la falta de sanciones a Urribarri por parte del titular partidario, el actual gobernador Gustavo Bordet.

La fiscal anticorrupción suspendida ha sido acusada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Al mismo tiempo, el procurador Amílcar García afrontará un juicio político en la Legislatura y los otros integrantes de la Procuración han sido apartados de la investigación, que quedará a cargo de un fiscal “especial” seleccionado de una lista de conjueces en la que abundan letrados vinculados al exgobernador Urribarri y su círculo familiar.

Otra cara de esta escandalosa situación ha sido el caso del dirigente sindical de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de Entre Ríos y exlegislador provincial José Allende, quien logró un acuerdo con resarcimiento de bienes al erario para evitar la condena de su esposa, funcionaria del Ministerio de Salud, y otros miembros de su familia. Este personaje había admitido robar 1,2 millones de dólares del Estado durante 22 años, con una fortuna valuada en 4,5 millones de dólares, que incluye yates, casas en Paraná y un departamento en el barrio porteño de Puerto Madero.

La provincia de Entre Ríos no integra la lista de gobiernos patrimonialistas que tanto degradan las instituciones democráticas, como Formosa, San Luis, Santiago del Estero o Santa Cruz. Si bien desde hace 18 años gobierna la misma fuerza política, el justicialismo, ha habido alternancia desde 1983 y la oposición es competitiva. Por eso es preocupante este grave retroceso institucional provocado por la decisión de proteger de gravísimas acusaciones de corrupción a un exgobernador cuya idoneidad para ese cargo y cuyas credenciales para representar al país como embajador resultan funestas.

Ante estos atropellos han reaccionado el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, con una declaración que señala “el intento de obstaculizar la investigación de hechos de corrupción generados en ámbitos del poder político provincial avasallando de manera grotesca al Ministerio Público Provincial de Entre Ríos”. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Fiscal de la Nación, con la firma de su presidente, Carlos Rívolo, instó al poder político a no violar las garantías de autonomía e independencia de los fiscales y advirtió que ellas no son patrimonio individual de los fiscales, sino “concesiones de la sociedad en el marco constitucional para el desenvolvimiento de sus tareas”.

La Red de Entidades por una Justicia Independiente (Rejía) también expresó preocupación ante la grave situación institucional planteada con Goyeneche, al igual que las asociaciones de magistrados y funcionarios judiciales entrerrianas, que calificaron la actuación del tribunal de enjuiciamiento como un “grave atropello a las instituciones de la provincia, que significa una quiebra del orden constitucional”.

Sucesos como estos degradan las instituciones y deterioran su prestigio ante una ciudadanía que percibe en la dirigencia política una oligarquía al servicio de sus intereses y apetencias personales.

Los hechos comentados dan cuenta de una manifiesta intención de obstaculizar la investigación y el esclarecimiento de hechos de corrupción que involucren a figuras del poder político, mediante el hostigamiento a fiscales y jueces.

El mensaje detrás de la suspensión de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos y del juicio político al procurador de la provincia es que se puede perseguir y destituir a quien ose investigar escándalos de corrupción. Sin Justicia independiente, los derechos y libertades ciudadanos sucumben ante distintas jerarquías de un poder político que solo persigue impunidad.