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Petróleo en las Malvinas
El rechazo de la Cancillería a la explotación petrolera en las islas no es objetable, pero debería llevar a fórmulas de conciliación y no a un distanciamiento
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La comprobación de la existencia de yacimientos petroleros comercialmente explotables en el subsuelo marino cercano a las islas Malvinas ha generado una justificada atención del gobierno argentino. Significa agregar una motivación al interés del Reino Unido por sostener la ocupación y desafiar el propósito de nuestro país de manejar la extracción de un recurso energético no renovable en una plataforma marítima propia. En otras palabras, se suma una cuestión que podría dificultar y alejar la probabilidad de un acuerdo negociado.
La actividad pesquera con base y permisos otorgados por el gobierno de las islas no ha tenido el mismo carácter e impacto. Si bien compite en la extracción de un recurso que puede ser sobreexplotado, es renovable y con menor efecto ambiental que el petróleo. La pesca es operada en áreas ya habitualmente surcadas por naves que se mueven en aguas internacionales.
Hasta ahora la actividad petrolera en las Malvinas se mantuvo en la etapa de exploración, fundamentalmente off shore. En esta tarea actuaron las compañías Falkland Oil & Gas Ltd, Noble Energy y BHP Billiton. También lo hicieron Rockhopper Exploration (Gran Bretaña) y Novitas Petroleum (Israel), que asociadas en un 65% y 35% respectivamente, han sido autorizadas para pasar a la fase de producción en el yacimiento marino de Sea Lion con un límite de 55.000 barriles diarios (8745 m3). Las reservas económicamente extraíbles se estimaron en 320 millones de barriles. Se proyecta la perforación de 11 pozos.
La eventualidad de que haya actividad petrolera en las Malvinas fue considerada en 2011, cuando se sancionó la Ley 26.659, que dispuso la inhabilitación por entre 5 y 20 años de las empresas que desarrollaren actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de nuestro gobierno. Sin mencionar las islas Malvinas, el objetivo era claro. Cuatro años más tarde, cuando la probabilidad de un éxito exploratorio cobró mayor certidumbre, se sancionó la Ley 26.915 incluyendo la pena de prisión de hasta 10 años para los directivos, multas hasta el equivalente de un millón y medio de barriles de petróleo y prohibición de trabajar en la Argentina en cualquier actividad. Es improbable que estas leyes tengan alguna efectividad en el caso que nos ocupa. Pese a que se mantienen las razones históricas del reclamo argentino, el triunfo militar de 1982 ha profundizado el afán del Reino Unido por quedarse con esta porción de territorio argentino y por cerrar cualquier tentativa a negociaciones sobre nuestros derechos soberanos en el archipiélago.
En todo caso el dictado de estas leyes por el Congreso Nacional reafirmó la persistente voluntad de los argentinos de recuperar la plena soberanía sobre las islas y su plataforma marítima. El camino de la negociación por seguir, que descarta la fuerza, debe apoyarse en la validez de los derechos históricos de la Argentina, oportunamente reconocidos en la Resolución 2065 de las Naciones Unidas (1965) que invitaba a los dos países a negociar con la sola condición de respetar los intereses de los isleños. Esta aspiración fue reiterada el 24 de junio de 2021 por el Comité de Descolonización, que invitó a los gobiernos de ambas naciones a buscar una solución pacífica de la controversia.
La pesca, así como la producción de petróleo o el turismo son muy significativos en el nivel de vida de los 2700 pobladores malvinenses, excluidos los soldados. Pero son economías de tamaño absolutamente irrelevante en la dimensión de un país. Las Malvinas no son una cuestión económica. Para Gran Bretaña constituyen eventualmente un tema estratégico relacionado con la proyección antártica y con su presencia en el Atlántico Sur. Una negociación deberá contemplar estas cuestiones.
La cercanía o lejanía geográfica con otras economías sigue siendo un factor importante para cualquier territorio insular. Hay actualmente en las Malvinas alrededor de 400 ciudadanos chilenos; esto es, un 15% de sus habitantes, y esta proporción está creciendo. Habría un porcentaje mayor, tal vez dominante, de argentinos si la Corona no hubiera desalentado y hasta evitado la propiedad de argentinos. En dos oportunidades se impidió la adquisición del capital de la Falkland Islands Company por empresarios argentinos. Lo mismo ocurrió con intentos de compra de tierras. El camino para lograr pacíficamente que algún día las Malvinas formen parte de nuestro país se facilitaría si ese territorio se abriera a la iniciativa de empresas argentinas, así como a productores agropecuarios, profesionales o comerciantes. La exploración y producción de petróleo por empresas argentinas, si el Reino Unido no lo impide, debería ser una oportunidad para avanzar hacia un acuerdo pacífico entre los dos países y no una causal legal de terminar en la cárcel. Corresponde y no es objetable el rechazo expresado por la Cancillería a la explotación petrolera en la plataforma marina de las Malvinas. Sin embargo, debe pensarse si hay alguna forma en que esta actividad pueda contribuir positivamente en una negociación, antes que acentuar un distanciamiento.
Tipo de trabajo:
opinión
