Piqueterismo estudiantil

Las tomas de escuelas registradas en la ciudad de Buenos Aires vuelven a poner en debate varios asuntos delicados: el derecho de los alumnos a expresarse frente al de quienes quieren concurrir a clases; la manipulación política que ciertos sectores ejercen sobre numerosos adolescentes con el fin de cooptarlos tempranamente llevando agua para sus molinos; el progresivo y profundo deterioro del principio de autoridad, y el enfrentamiento entre padres que apañan las tomas y los que son conscientes de que la apropiación de edificios públicos es un delito. Seguir por esta senda de la suspensión de clases inexorablemente redundará en un mayor declive educativo, tal como vienen demostrando las pruebas nacionales e internacionales que miden el grado de conocimiento de los alumnos.

Hasta ayer había más de una decena de escuelas tomadas. Según las autoridades porteñas, esa ocupación le cuesta a la ciudad seis millones de pesos por día, dinero que pagamos todos con nuestros impuestos. Por esa razón, el Ministerio de Educación del distrito, a través de la Procuración General, denunció a un grupo de adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma de escuelas e hizo hincapié en que, mientras los alumnos reclaman, por ejemplo, el mantenimiento edilicio, vuelven a vandalizar con pintadas y leyendas distintos sectores que habían sido arreglados.

En esta ocasión, la toma se inició en el Mariano Acosta y luego fue levantada, pero siguió en otras escuelas del distrito, a las que adhirió el Carlos Pellegrini, dependiente de la UBA, lo cual delata el indisimulable tinte político de la queja cuando se suma a un reclamo porteño un colegio que depende de la Nación.

En cuanto al Acosta, las demandas giran en torno a cuatro ejes: el envío de una mayor cantidad de viandas y la mejora de su calidad; las “reformas inconsultas” decididas por el gobierno porteño, como realizar pasantías en empresas privadas para terminar la secundaria; que los docentes tengan que capacitarse los fines de semana, y “terminar con la persecución política a los centros de estudiantes”. En rigor, en las escuelas medias de jornada simple no se entregan viandas, sino un refrigerio como refuerzo del desayuno o de la merienda, algo de lo que carecen de manera escandalosa miles de alumnos con necesidades básicas totalmente insatisfechas de muchísimos distritos del país. Respecto de la capacitación laboral para los estudiantes y técnica para los docentes, resulta cuanto menos absurdo que se las combata en un mundo cada vez más exigente y profesionalizado. Y en cuanto a la presunta “persecución a los centros de estudiantes” siempre hay mecanismos para hacer los reclamos sin por ello cometer un delito, como el tipificado en el Código Penal al establecer prisión de un mes a dos años para quien, por medio de “violencia, amenazas, engaños o abusos de confianza, despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real de uso”. Hace un lustro, y ante otra serie de tomas de escuelas, una jueza afín al kirchnerismo había determinado que los espacios públicos no son susceptibles de usurpación, una interpretación sin dudas capciosa que va en línea con la sospecha de las actuales autoridades del distrito respecto de que, detrás de estas usurpaciones, se vislumbra el impulso político de ese mismo sector.

Otro aspecto que intranquiliza de estas ocupaciones indebidas es la intransigencia de algunos grupos de alumnos y la pérdida del respeto por la autoridad. Según dijo a LA NACION la legisladora radical porteña Manuela Thoure, el día en que se produjeron los primeros copamientos “hubo instancias de diálogo y se realizó una reunión en el Lengüitas con funcionarios del ministerio. Las consignas de los chicos no eran claras y ya tenían decididas las tomas”.

A estas cuestiones de por sí preocupantes se suman dos aspectos que no deben ser pasados por alto: el primero, como dijimos, es el enfrentamiento entre padres que apañan las tomas y quienes las rechazan, y que deberían estar dando ejemplo de tolerancia, de diálogo y compromiso con el cumplimiento de los de por sí escasos días de clases anuales. Por otro lado, que esas posiciones irreductibles de los adultos no les permitan reparar en la posibilidad cierta de que sus hijos sean usados por agrupaciones cuyo interés en la educación es escaso o nulo.

Urge evitar la consolidación de un piqueterismo estudiantil que flaco favor le hace a la enorme necesidad de recuperar los altos estándares que supo tener nuestro país en materia educativa.

Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, sin valores ni buenos ejemplos será muy difícil recomponer el deteriorado tejido social. Todo reclamo merece atención y las normas, respeto. Es la base de una sociedad civilizada. Sin educación no hay futuro posible.