Piquetes, política y secretismo

La multiplicidad de piquetes que tuvieron lugar anteayer bloqueando los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires ha aportado un efecto sumamente revelador que va incluso más allá de haberles impedido a miles de personas ejercer su constitucional derecho a transitar libremente por calles y rutas del país. Las reacciones oficiales ante el nuevo y brutal bloqueo no han hecho más que blanquear los desmanejos de un gobierno que, ahora, por la presión de los propios beneficiarios, se ve en la obligación de reconocer el aquelarre de dinero que insumen programas sociales sin los debidos controles de asignación y seguimiento.

Basta con empezar a reconocer que hay “piqueteros aliados” al Gobierno y “piqueteros opositores”. Anteayer marcharon estos últimos, enrolados en la izquierda. El Gobierno los enfrentó diciendo que reciben mensualmente casi diez mil millones de pesos en planes sociales para sus agrupaciones y que hay muchos casos de beneficiarios de cuya supuesta vulnerabilidad no pueden dar debida fe.

A poco de asumir como ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz anunció la baja inmediata y definitiva de más de dos mil titulares del programa Potenciar Trabajo que adquirieron dólares ahorro o realizaron consumos con tarjeta de crédito en esa moneda. Poco después, y tras conocerse un informe de la AFIP que revelaba la existencia de más de 250.000 incompatibilidades en planes sociales, Tolosa Paz informó que se daban de baja 20.000. La cuestión quedó judicializada.

A mediados del mes pasado, la funcionaria anunció que más de 150.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo no habían validado su identidad y que iban a ser suspendidos, tras conocerse los resultados de una auditoría realizada por su cartera para identificar y validar los datos de cada uno en el sistema.

Anteayer, en respuesta a los extendidos piquetes encabezados por Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, la funcionaria lo increpó: “No puede explicar dónde están los 6000 hombres y mujeres de Unidad Piquetera que el mes pasado certificaron que estaban haciendo una contraprestación. ¿Dónde están?”, preguntó.

Previamente, el piqueterismo “amigo” del Gobierno también había tenido diferencias con Tolosa Paz cuando esta pidió a la Justicia levantar el secreto fiscal del Potenciar Trabajo para avanzar en la suspensión de beneficiarios.

Según el dirigente social Juan Grabois, el Gobierno persigue con ello ejecutar un “ajuste” sobre los sectores pobres.

Las preguntas que nos surgen son muchas, pero las sintetizaremos en dos: ¿cuánto secretismo e irregularidades más hay detrás de todo este enorme cúmulo de dinero que se destina a programas y planes sociales? Y ¿por qué se perdieron más de tres años de gobierno para empezar a intentar –no sabemos todavía si se logrará– la depuración del enorme y descontrolado derroche de fondos públicos?

Por otra parte, resulta curiosa, como mínimo, esta ideologización de la pobreza, que los lleva a admitir que existen piqueteros amigos y piqueteros opositores, cuando este gobierno ha pretendido enseñarnos que la pobreza no se mide ni se sectoriza porque implica estigmatizar a los pobres. Y no menos excéntrica resulta aquella apelación pública de Cristina Kirchner para quitar el control de los planes sociales a las organizaciones piqueteras cuando sus gobiernos, como muchos otros, se han servido históricamente de punteros para lograr más votos.

En una nota del periodista Diego Cabot publicada en LA NACION hace ya dos años se informaba que el 55% de los habitantes de la Argentina estaban alcanzados por alguna cobertura de planes sociales de transferencia de ingresos y asistencia alimentaria. Ese porcentaje era 32,9 en 2010.

Sin dudas, la pandemia demandó exigencias puntuales de ayuda, pero casi tres años después seguimos en el mismo laberinto, sin claridad y sin que puedan acceder a un trabajo digno y registrado millones de argentinos que viven en la pobreza y en la indigencia extremas.

Sin dudas, en esta oportunidad, los piquetes han venido a dar fe no solo del cercenamiento de derechos constitucionalmente reconocidos como el del libre tránsito, sino también de la ineptitud de quienes están a cargo del Gobierno para transparentar sus actos e intentar resolver la gravedad de la situación a la que han llevado al país.

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