Pobreza y familia

En estos tiempos en que tantos argentinos están situados por debajo de la línea de pobreza, es importante detenerse a considerar de qué modo las situaciones de crisis afectan y debilitan a la familia como unidad social primaria y como espacio en el que se desarrollan positivamente la estabilidad emocional y la formación moral de las personas.

La familia ha sido revalorizada últimamente en el mundo no sólo por el rol fundamental que cumple en el plano de la contención afectiva sino también porque desempeña funciones de vital importancia para el conjunto de la sociedad. Las estadísticas demuestran con abrumadora elocuencia, en efecto, que el núcleo familiar es el ámbito en el que los niños y los adolescentes desarrollan su creatividad personal y adquieren los hábitos mínimos indispensables para el resguardo de su salud.

Encuestas de alcance internacional han verificado, por ejemplo, que el 50% del rendimiento de los menores en los ámbitos escolares guarda una estrecha relación con el grado de dedicación y de seguimiento de los padres respecto de la marcha de sus estudios y también con la mayor o menor solidez de sus lazos de pertenencia al grupo familiar.

Por otra parte, la familia es valorada hoy como la principal estructura de prevención del delito. Encuestas e investigaciones que se han realizado en diferentes países revelan la existencia de una estrecha relación entre el fenómeno de la criminalidad y la tendencia a la desintegración de la familia.

Estas consideraciones cobran especial importancia en el estado actual de las sociedades latinoamericanas, en las cuales el fenómeno de la pobreza amenaza con socavar severamente las bases morales y económicas de la estructura familiar. Los estudios que se han hecho recientemente en la región muestran que el deterioro incide de manera muy directa, por ejemplo, en el aumento del número de madres adolescentes, un mal que conspira contra la consolidación del núcleo familiar como unidad social estable.

A ello hay que sumar el crecimiento correlativo de un antiguo problema cultural y social: la violencia doméstica. En países como Colombia y Perú hay cifras desalentadoras en ese sentido: más del 40% de las mujeres sufre agresiones físicas en el el marco de la relación conyugal. En la Argentina, informaciones diversas -entre otras, las que se recogen en los hospitales- dan cuenta de un incremento sostenido de la violencia intrafamiliar. Son formas de degradación que se acentúan con las crisis económicas y que atentan contra la esencia de la institución familiar.

Por supuesto, la única alternativa a la violencia es, en muchos casos, la desarticulación completa de la familia, producida por la imposibilidad de sus integrantes de mantener, en el actual contexto de desocupación y creciente marginalidad, un proyecto de vida compartido.

Es oportuno recordar que en una reveladora encuesta realizada no hace mucho por Gallup, el ciento por ciento de los entrevistados afirmó que la familia ocupa el lugar más importante de su vida, por encima de los temas vinculados con el trabajo o de otros aspectos más o menos satisfactorios de la existencia.

Sin embargo, en las actuales condiciones socioeconómicas es cada vez mayor el número de jóvenes que no tienen la oportunidad de constituir una familia estable. En los sectores más castigados por la pobreza, las familias tienden a desarticularse y es fácil prever que los hijos de esas familias desechas tendrán en el futuro graves dificultades para completar sus estudios, para conseguir un empleo y, a su turno, para fundar una nueva familia. Se crea, así, un círculo vicioso regresivo y destructor.

Para luchar contra ese círculo perverso es necesario instrumentar políticas que remuevan las causas estructurales de la pobreza y del desempleo. Entre esas políticas no pueden faltar las que apunten al fortalecimiento del núcleo familiar básico. Es imprescindible alentar el nacimiento de nuevas familias en los sectores sociales más desprotegidos, proporcionando coberturas integrales de salud en el área de la atención clínico-maternal y generando las condiciones para que disminuyan los patéticos índices actuales de mortalidad por falta de asistencia médica.

Hacen falta acciones enérgicas tendientes a reducir drásticamenmte los índices de deserción escolar -significativamente elevados en los sectores más pobres- y, sobre todo, es indispensable multiplicar las iniciativas públicas y privadas que lleven alivio a las familias más afectadas. A lo que cabe esperar del sector público hay que sumar lo mucho que aporta la sociedad civil desde los espacios abiertos por los impulsos de solidaridad y fraternidad. No se debe caer más en el error de invertir los roles: la misión de las ONG no es controlar al poder público -como más de una vez se ha pretendido- sino hacer, realizar, ejecutar. La fuerza de las ONG reside en su capacidad para pasar ellas mismas al terreno de los hechos.

Es cierto que la crisis golpea a todos los sectores y también al propio Estado. Pero no siempre el problema que afronta la sociedad tiene que ver con la falta de recursos. A veces, lo que se necesita es una adecuada fijación de prioridades y un eficaz gerenciamiento de las políticas sociales. Los argentinos -y, por supuesto, los demás pueblos de la región- debemos avanzar con la mayor celeridad posible en esa dirección.

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