Política cultural de largo plazo
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Nuestras columnas se han hecho eco de los debates acerca de cuál debería ser el lugar más idóneo para exhibir más de 120 obras de Florencio Molina Campos, que actualmente se exhiben en un inmueble de Moreno.
Ni el diccionario ni la realidad permiten llamar “museo” a una institución por el solo hecho de que en su interior albergue objetos de valor artístico o histórico. Para ser tal se debe exigir la existencia de cierta consistencia cultural y facilidades materiales que permitan asegurar la conservación y la exhibición adecuada de aquello que se pretende difundir. Los antecedentes del caso no parecen asegurar esas exigencias: desde la inexistencia de un inventario razonado de las obras del artista ubicadas en el lugar hasta la sospecha de la falta de autenticidad de muchas de ellas, pasando por la absoluta ausencia de valor patrimonial del edificio del supuesto museo.
Para colmo, la costumbre frecuente de usar cualquier medio a mano para asegurar réditos políticos de corto plazo parece haber encontrado en el caso otra ocasión para medrar. Ante la posibilidad de aparecer como paladines culturales, algunas figuras políticas que no parecen contar con antecedentes suficientes como para sugerir políticas culturales de algún valor han recomendado medidas tales como declarar al lugar “patrimonio histórico” por el municipio local o forzar a la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos a designarlo “monumento histórico nacional”, cuando no hay argumento técnico que lo justifique.
También hay quienes impulsan el control estatal de una institución a la que nunca antes se le dio apoyo alguno, sin entender que, por sí sola, semejante medida carece de sentido si no se la incluye dentro de esquemas de política cultural de miras más amplias y cuya realización no quede en manos de funcionarios improvisados, movidos por el interés de apropiarse de las escasas y erráticas partidas presupuestarias que se suelen asignar a estos propósitos.
Debe comprenderse que designar a ciertos lugares “monumentos históricos” o bautizar a ciertos bienes “patrimonio cultural” no necesariamente asegura resultados positivos. Sirve como ejemplo lo ocurrido con “Los Estribos”, que fue casa de Molina Campos en Cascallares y declarada “sitio de interés histórico” por la Municipalidad de Moreno. A pesar de la pomposa designación, desde hace años está usurpada, derruida y abandonada.
La única política cultural posible es la que se fija objetivos de largo plazo; la que otorga a las instituciones del sector adecuada protección presupuestaria y una imprescindible inserción en planes educativos y de difusión de sus valores; la que permite la capacitación de su personal y su funcionamiento en edificios adecuados bajo la dirección de funcionarios especializados y la posibilidad concreta de realizar investigaciones museológicas. Lo demás se queda solo en palabrerío y culmina en la improvisación.
Las actuales dificultades que soporta nuestro país no deben llevar a que se abandone la necesidad de contar con una adecuada política cultural, sino a asegurar que lo poco o mucho que se dedique a ella brinde los mejores resultados posibles.


