Por una ley de semillas
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Ha llegado la hora de que la Argentina tome en serio la necesidad de tener un marco de respeto a la propiedad intelectual en semillas que esté en línea con los más avanzados estándares internacionales.
Hay carreras donde no se puede perder terreno, como ocurre ahora con la soja. Los mismos productores y su dirigencia, con razón preocupados por el peso de las retenciones que les restan recursos para invertir, deben velar para que ese cultivo, principal generador de divisas, revierta una brecha preocupante: mientras un país vecino como Brasil ha venido ganando en mejores rendimientos por inversiones de las empresas semilleras, en la Argentina se estancó. La soja es un ejemplo, pero también lo pueden ser decenas de cultivos de economías regionales donde la cuenta de la propiedad intelectual está pendiente.
La cuestión viene de larga data e incluye factores que van desde lo económico hasta lo cultural en cierta manera o una forma arraigada de hacer las cosas: no pagar o pagar menos por lo que realmente vale. Mientras una bolsa de semilla fiscalizada de soja con la última tecnología en el mercado local, que tiene todas las garantías de la industria, ronda los 40 dólares, otra que es del circuito informal, conocida como “bolsa blanca”, se ubica en los 19 dólares. La soja es una autógama que, a diferencia de un híbrido de maíz que no lo permite, sí se puede volver a usar como semilla tras su cosecha.
La Argentina tiene una vieja y obsoleta ley de semillas de 1973, cuando no existía la biotecnología agrícola y la soja recién avanzaba en el país. Hubo intentos por adaptarla a la realidad actual, en el gobierno de Mauricio Macri, pero nada ha cambiado en materia legal. Solo el convencimiento del sector privado semillero, que hoy tiene vigente el sistema Sembrá Evolución, que ofrece a los productores tecnologías a cambio de un esquema de reconocimiento, ha de alguna manera reparado la inexistencia de una actualización a estándares internacionales.
El país está adherido al convenio internacional UPOV-78, que es una organización intergubernamental con sede en Ginebra. Entre otros puntos, en ese convenio está el derecho del productor, ya contemplado en la ley de semillas argentina, de hacer el uso propio de parte de su cosecha de soja o de trigo para volver a utilizar como semilla. Sin embargo, el uso propio sin una delimitación sobre su alcance ha devenido en una situación de abuso y en una falta de reconocimiento a la inversión en investigación y desarrollo.
Con el avance de la tecnología, se han impuesto nuevas necesidades y muchas naciones que se abrazan siempre a los estándares internacionales han ingresado a la versión UPOV-91. Esta le otorga una mayor seguridad a las inversiones de las industrias del sector que, no por nada, recientemente apoyaron que el país adhiera a UPOV-91. Este convenio regula sobre el germoplasma y no sobre biotecnología patentable. Urge que el gobierno nacional, que se comprometió por el acuerdo comercial con los Estados Unidos a adherir a UPOV-91, lo haga con el consecuente envío del proyecto al Congreso. Es saltar de UPOV 78 a UPOV 91, a un mejor estándar internacional que muchas empresas ven como la puerta para traer más y mejores tecnologías.
En la región, es cierto, Brasil está con UPOV-78, no 91, pero supo avanzar con un marco adecuado: funciona el sistema de patentes de los eventos, no de las creaciones fitogenéticas (variedades). Mientras la Argentina cuenta con tres biotecnologías disponibles en soja, en Brasil ya se avanzó a seis. Pronto asomarán más. Las inversiones que encontraron en Brasil un terreno fértil para su protección y reconocimiento, incluso para una empresa argentina que está en ese mercado y es protagonista como el Grupo Don Mario (GDM), no encontraron el mismo espacio en el país.
Los números que se conocen a partir de los rendimientos son elocuentes. Reconocer la propiedad intelectual tiene sus consecuencias. Mientras en Brasil las ganancias genéticas por las inversiones de la industria semillera en general se han disparado hasta un 2,8% anual, en la Argentina se han logrado avances del 1,2 al 1,5%. Si bien la brecha no responde solo a la ganancia genética, ya que es la suma también de otras variables como un uso pleno del paquete tecnológico como eventos, fungicidas, agroquímicos o fertilizantes, lo cierto es que podría haber muchas más inversiones para nivelar la cancha con Brasil. Lo saben todos en el sector.
Como un mecanismo de defensa ante las retenciones, los productores han ajustado sus costos y eso ha derivado también en la aplicación de menos tecnología. Por otro lado, hay mucha resistencia del sector productivo a adherir al convenio UPOV-91. Las razones no quedan claras. Por lo que se interpreta, hay mucho de desconocimiento y poca racionalidad. Este tema parecería haberse convertido en algo emocional.
Tipo de trabajo:
opinión
