Preocupante desaparición de pruebas del caso Ciccone

La desaparición o robo en la Inspección General de Justicia (IGJ) de tres de los más importantes expedientes referidos a la trama societaria del caso Ciccone, revelada por LA NACION, constituye una burla a la sociedad y a la Justicia y un obsceno alarde de impunidad en un caso que compromete cada vez más al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

A este hecho se suma el desplazamiento de Raúl Pleé, jefe de la Unidad Fiscal contra el Lavado, por decisión del fiscal Jorge Di Lello, quien interviene desde mayo pasado, cuando Boudou logró el apartamiento del fiscal Carlos Rívolo, quien impulsaba la investigación. El vicepresidente también logró la partida del jefe de los fiscales, el procurador general Esteban Righi.

En este marco de descarada manipulación, se aparta a los funcionarios y se sustraen los elementos que puedan llegar a probar que Boudou habría empleado testaferros para hacerse con la imprenta ex Ciccone.

Cabe destacar, sin embargo, la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña de confirmar, por mayoría, la continuidad de la investigación sobre el vicepresidente y su ex socio José Núñez Carmona, avalando así la declaración de Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele. La mujer dijo que su ex marido era el "testaferro" de Boudou. El vicepresidente y Vandenbroele siempre aseguraron que no se conocen. Sin embargo, en un allanamiento judicial en el piso de Boudou en Puerto Madero se hallaron servicios de un inquilino a nombre de Carusso Donatiello, allegado de Vandenbroele.

El inexplicable y más que sospechoso extravío de los tres expedientes en la IGJ comprende el de la ex Ciccone Calcográfica , rebautizada Compañía de Valores Sudamericana); el de London Supply, firma que entregó 1,8 millones de pesos para el levantamiento de la quiebra de la imprenta, y el de The Old Fund, el fondo que se usó para comprar la empresa dedicada a la impresión de billetes.

Como informó LA NACION, la desaparición de esta valiosa documentación fue casi total e incluyó también las copias protocolares. Por ejemplo, falta la transcripción del acta en la que se identificó al presunto testaferro de Boudou, Vandenbroele, como el nuevo accionista de The Old Fund. Se trata de documentos que podrían resultar clave en la causa judicial en la que se encuentra imputado Boudou, a quien se vincula con los directivos de la nueva Ciccone hasta la estatización de la empresa.

Si bien la desaparición de los expedientes ocurrió en febrero último, fue necesario que este diario la divulgara para que la siempre lenta justicia federal se decidiera a investigar el grave hecho, luego de que el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa radicara la denuncia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resultó sorteado y quedó a cargo de la denuncia penal contra Boudou, el ministro de Justicia, Julio Alak, el ex titular de la IGJ Marcelo Mamberti y su actual sucesor, Norberto Berner. Dentro de la propia IGJ, hace ocho meses que se dipuso la realización de una investigación sumaria para individualizar a los responsables de la desaparición. Por lo visto, se trata de una tarea compleja pues hasta el presente no habría arrojado resultados.

Lo ocurrido es un hecho muy grave. Podría aceptarse el extravío de un solo expediente, pero la desaparición de tres de ellos de suma importancia para una de las investigaciones penales más delicadas del presente, más la desaparición de las respectivas copias de respaldo, permite suponer que nos encontramos ante la sustracción y muy probable destrucción de pruebas judiciales. Que esto haya ocurrido en un organismo público constituye un serio agravante.

El desesperado recurso a estas groseras actitudes muestra tanto la desesperación de algunos altos funcionarios como su confianza en la impunidad. Por eso conviene recordar las palabras del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, durante una entrevista con una radio en marzo último: "Lo que vos llamás el caso Boudou nos suena a lo que fue Skanska... mucho barullo y después terminó sin causa". La causa Skanska quedó casi en vía muerta, ya que la Cámara Federal resolvió que había "inexistencia de delito", pese a que la propia empresa constructora sueca había reconocido el presunto pago de sobornos durante la ampliación de los gasoductos.

En el caso Skanska la Justicia no hizo caso de importantes pruebas. En el caso Boudou algunos funcionarios habrían mejorado la estrategia recurriendo a la desaparición previa de pruebas y al desplazamiento de investigadores para ahorrarle trabajo a la Justicia. De esta manera, podría cumplirse el grave y también sospechoso vaticinio de Abal Medina. Por lo visto, al Gobierno no le interesa saber quién es el verdadero dueño de la ex Ciccone, a quien deberá indemnizar por la intempestiva expropiación de la firma impresora.