Preocupante retroceso institucional en Catamarca

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1 de septiembre de 2020  • 00:10

Medidas impulsadas por el gobernador Raúl Jalil tienden a una peligrosa concentración de poder y jaquean la independencia judicial

El novel gobernador peronista Raúl Jalil, sobre quien se habían depositado razonables esperanzas de buena administración y moderación en el ejercicio de la función pública, ha contrariado todas las expectativas.

Con absoluto desprecio por las voces de la oposición que impugnan las irrazonables e inconstitucionales disposiciones adoptadas, el gobierno de Jalil avanza sin pausa y con bastante prisa hacia un esquema institucional que le otorgará un poder desmesurado.

Haciendo uso de las mayorías que el partido gobernante logró en ambas cámaras legislativas, en julio, durante la vigencia del aislamiento social obligatorio, se aprobaron a las apuradas varias leyes, sin dictamen previo de comisión ni discusión alguna. Entre ellas, con el indisimulable objetivo de controlar al Poder Judicial provincial, el gobernador promulgó una ley que dispuso la eliminación lisa y llana del Consejo de la Magistratura de Catamarca. Ese Consejo fue creado en 2000, durante el gobierno del hoy opositor Frente Cívico y Social, ante la necesidad de conformar un organismo provincial similar al creado por la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

Siguiendo el modelo nacional, en su integración estaban representados equilibradamente los jueces, los legisladores, los abogados locales y también el Poder Ejecutivo, siendo su función principal la selección por concursos públicos de los candidatos a jueces y fiscales que luego eran elevados en ternas al Ejecutivo provincial.

Sobre esta institución, señaló la Corte Suprema de Justicia que "...el nombramiento de los jueces de la Nación con arreglo al sistema referenciado se erige en uno de los pilares esenciales del sistema de división de poderes sobre el que se asienta la República".

Dada la fuerte repercusión que tuvo tan vertiginosa disolución, correctamente interpretada como un ataque a la independencia del Poder Judicial, el gobernador constituyó por decreto una comisión consultiva en pretendido reemplazo del Consejo. Esta comisión, en la órbita del Poder Ejecutivo y sin representación de los poderes Legislativo y Judicial, carece de la necesaria representatividad e independencia.

El mandatario catamarqueño también avanzó contra un derecho esencial de las democracias republicanas, como la representación de las minorías en los cuerpos legislativos.

En su avance sobre el Poder Judicial, el gobernador también impulsó la ley que amplió la cantidad de miembros de la Corte de Justicia de la provincia, llevándola de cinco a siete. En 2016, su antecesora Lucía Corpacci -actual diputada nacional por el justicialismo- ya había elevado ese número de tres a cinco, por lo que esta nueva ampliación no puede interpretarse de otro modo que como un intento de Jalil de contar con una mayoría que le responda automáticamente en el más alto tribunal de la provincia.

El mandatario catamarqueño también avanzó contra un derecho esencial de las democracias republicanas, como la representación de las minorías en los cuerpos legislativos. Otra ley promulgada por el activo Poder Ejecutivo provincial acotó la participación de estas minorías en las legislaturas municipales al derogar parcialmente leyes anteriores. Aquellas leyes aseguraban la representación de un miembro en el cuerpo legislativo cuando por aplicación estricta del sistema electoral los partidos minoritarios no obtenían representantes, siempre que hubieran obtenido un piso del 2% del padrón electoral.

Con el nuevo régimen se elimina la participación de las minorías en los municipios de ciudades del interior provincial con poca población, en las que, aun sacando un alto porcentaje de votos, las minorías no tendrán representación, contrariando lo establecido por la Constitución provincial.

No quedan dudas respecto del carácter regresivo de estas medidas impulsadas por el gobierno de Catamarca en cuanto conculcan el principio de progresividad establecido en pactos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Se trata de normas que tienden a disminuir la protección de andamiajes básicos como la independencia del Poder Judicial y la representación de las minorías. Resultan contrarias a los principios republicanos y, por ello, dadas su desproporción y ausencia de razonabilidad, resultan inconstitucionales.

Cuando estas medidas se analizan en conjunto con otras acciones en marcha, se hace evidente que conducen a la construcción de un poder casi absoluto para el gobernador. Nos referimos a la promoción de la reforma de la Constitución provincial para establecer, entre otras cosas, la periodicidad de los mandatos de los miembros del Poder Judicial destruyendo su inamovilidad mientras dure su buena conducta y atentando contra su independencia. También se avanza en el juicio político que impulsan diputados del partido gobernante contra dos miembros de la Corte provincial que, evidentemente, no resultan funcionales al gobernador.

La actual gestión parece emular con las peores prácticas a la de Ramón Saadi

Por último, en dirección a continuar colonizando al Poder Judicial, el gobernador Jalil acaba de proponer al Senado provincial la designación de dos abogados para cubrir cargos de vocales de la Corte de Justicia, creados recientemente por su iniciativa. Uno de ellos, Hernán Martel, muy allegado al gobernador, era ya alto funcionario del gobierno provincial y había impugnado en 2008 la postulación a la Corte del doctor Luis Cippitelli fundada en su falta de antecedentes e independencia política. Una ironía.

La otra candidata es Fabiana Gómez, esposa del intendente de Fray Mamerto Esquiú y militante del peronismo.

Ambos carecen de la experiencia y los conocimientos que demandan tan altos cargos, además de haber recibido ya impugnaciones por carecer de los requisitos constitucionales para los cargos propuestos. Nadie duda de que responderán al férreo manejo del gobernador.

Es de esperar que prosperen las distintas acciones judiciales y políticas que se iniciaron contra estos avasallantes cambios que ya adquirieron escandalosos ribetes. Tristes experiencias ya conocemos en varias provincias en las que los gobernadores se perpetúan en el poder y las convierten en feudos de privilegios para los propios y de miseria para la mayoría de sus habitantes. Basta con recordar el pasado gobierno de Ramón Saadi, al que la actual administración parecería querer emular con las peores prácticas.

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