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¿Proscripción o trampa electoral?
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La Constitución de la Nación es más que clara cuando, en su artículo 54, establece que el Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y que corresponderán "dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos". La introducción de este artículo por la convención que reformó nuestra Ley Fundamental en 1994, y que dispuso la creación de una tercera banca por distrito, apuntó a otorgarle una mayor presencia a la oposición.
Un viejo dicho, que lamentablemente ha gozado de bastante popularidad en nuestro país, expresa: "Hecha la ley, hecha la trampa". La situación electoral que se está presentando en varias provincias argentinas, entre las cuales se destaca la de Buenos Aires, donde competirán dos listas integradas por figuras políticas afiliadas a un mismo partido político, el justicialista, ha generado una irregularidad que parece dar cuenta de aquel triste dicho popular, con la agravante de que la ley que se pretende burlar es la propia Constitución nacional.
Premeditada o no, se trata de una trampa electoral que se reproducirá en varias provincias, como Misiones, La Rioja, San Juan y San Luis, donde dirigentes justicialistas encabezarán más de una lista de senadores nacionales.
Si se diese el caso de que en el distrito bonaerense, por citar sólo un ejemplo, el Frente para la Victoria, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y por José Pampuro como candidatos a senador nacional, obtuviese el mayor número de votos, y el Partido Justicialista, liderado por Hilda González de Duhalde como aspirante a integrar la Cámara alta, lograse el segundo puesto, se presentaría la paradoja de que, contrariamente a lo que estipula la Constitución, las tres bancas en disputa serían cubiertas por dirigentes del justicialismo.
Podrá esgrimirse que el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista son dos agrupaciones políticas distintas. Sin embargo, todos los candidatos a senador mencionados son afiliados al Partido Justicialista.
A menos que los postulantes del Frente para la Victoria renuncien expresamente como afiliados al PJ, esa irregularidad -denunciada ante la justicia electoral bonaerense por representantes del socialismo y de la Unión Cívica Radical- se mantendrá. Y de no producirse ese requisito, lo que correspondería es que los distintos sectores dirimieran las candidaturas de este partido en las elecciones internas abiertas previstas para el 7 de agosto.
Desatinadas resultan las declaraciones del presidente Néstor Kirchner cuando acusa a los dirigentes opositores que se presentaron ante la Justicia de pretender la "proscripción" de sus candidatos. No se trata de proscribir a nadie, sino de algo tan simple como respetar la letra y el espíritu de la Constitución.
No sería la primera vez, por cierto, que los dirigentes del justicialismo utilizan un artilugio como éste para dirimir quién tiene más poder dentro del partido sin recurrir a las elecciones internas. Es prematuro pronosticar si los dos sectores en que se ha dividido el peronismo en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos se unificarán después de la contienda electoral de octubre o si, por el contrario, se producirá una fractura. Los antecedentes generados por otras divisiones similares en el partido que hoy gobierna el país indican que, con frecuencia, se unen después de las elecciones. Si esto volviese a suceder, estaríamos ante una clara trampa a la Constitución y frente a un duro golpe a los esfuerzos por reconstruir un sistema de partidos que la esencia de nuestro sistema republicano y democrático precisa.
Si la Argentina no puede reconstruir un sistema de partidos que permita la alternativa y la alternancia, resultará muy difícil el mejoramiento de nuestra calidad institucional, que sigue siendo una gran asignatura pendiente.
Del mismo modo, se daría un paso más hacia la consolidación de una cultura hegemónica, con prácticas que conducirían a una idea cercana a la de un partido único que le teme a la democracia interna y donde imperan las conductas facciosas y los intereses personales por encima de los mecanismos institucionales.
