1
Punto final para el club de la obra pública
Las nuevas medidas del Gobierno tienden a facilitar la competencia en las licitaciones, concesiones y otras modalidades de participación público-privada
4 minutos de lectura'
La denominada causa de los cuadernos, resultado de la investigación de LA NACION, conducida por el periodista Diego Cabot, trajo a la superficie la extensa red de corrupción que fluía en el entramado de la obra pública durante la era kirchnerista. Los cuadernos del chofer Centeno registraban los puntos en los que el funcionario que él transportaba recogía pesados bolsos y los lugares donde los dejaba. Quienes los recibían disponían del poder de manejar el resultado de licitaciones o de retener o dar curso a certificados de obra. Ese intenso flujo de billetes extranjeros de alta denominación tenía su origen en el propio Estado que pagaba trabajos públicos en montos que superaban holgadamente el costo de realizarlos o, a veces, de no realizarlos. ¿Cómo podía generarse ese excedente? No solo había complicidad y arreglo entre contratistas y funcionarios, sino que también los había entre los mismos contratistas. Los precios logrados en las adjudicaciones de licitaciones supuestamente competitivas debían ser suficientemente elevados para generar el excedente que cubriera dos destinos: los bolsos para funcionarios y, además, las participaciones compensatorias a los constructores que no recibieron la adjudicación. No en vano y en tono de sorna se mencionaba “Cámara Argentina de la Corrupción” a la Cámara Argentina de la Construcción.
Ninguna obra es igual a otra. Solo la verdadera competencia en las licitaciones asegura que los precios contratados estén razonablemente ajustados
Sin un acuerdo previo entre oferentes no solo hubiera resultado difícil generar retornos y compensaciones, sino también preservar por mucho tiempo la confidencialidad de esos nefastos procedimientos. La distribución de participaciones, o “esta obra es para mí y la próxima para vos” se hacía factible por la complicidad entre todos. En rigor todo el proceso corrupto se hacía posible por la cartelización de las empresas constructoras. La suplantación de funcionarios corruptos por otros honestos seguramente ha terminado con los bolsos, pero si no se combate eficazmente la cartelización, se mantendrá el riesgo de sobreprecios. Se podrá decir que eso es tarea de la Comisión de Defensa de la Competencia, pero esta ya existía cuando los hechos ocurrieron. Es extremadamente complejo determinar precios de mercado y actuar a través de ese mecanismo.
Ninguna obra es parecida a otra. Solo la verdadera competencia en las licitaciones asegura que los precios contratados estén razonablemente ajustados. Al logro de este objetivo apunta la reciente medida del actual gobierno, materializada por el Decreto 206/25 y la Disposición 24/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones.
A los fines de disipar aún más la posibilidad de una cartelización de la obra pública, debería disponerse que los pliegos sean siempre publicados y que se suprima la obligación de comprarlos para poder presentar ofertas
Se suprimió el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas que calificaba a las empresas según su capacidad de obra y hacía posible limitar a un coto cerrado los participantes en cada licitación. Solo podían presentarse los que ya estaban.
A las empresas extranjeras solo se les computaban las obras ejecutadas en la Argentina. Ahora se han simplificado y flexibilizado los requisitos para la calificación de las constructoras y se le da la mayor importancia a la solvencia económica. La calificación será el resultado de dos factores: la producción promedio de los últimos cinco ejercicios homogeneizada por inflación y el Factor de Habilitación calculado según índices de solvencia del último balance. En adelante no se hará diferencia entre empresas nacionales y extranjeras. No se exigirá calificación, sino una garantía, para las obras que no superen determinado monto.
La filtración de la lista de adquirentes es el primer instrumento para un intento de cartelización
Estas medidas harán posible una mayor competencia en las licitaciones de obra pública y también de concesiones u otras modalidades de participación público-privada.
A los fines de disipar aún más la posibilidad de una cartelización debería disponerse que los pliegos sean siempre publicados y que se suprima la obligación de comprarlos para poder presentar ofertas. La filtración de la lista de adquirentes es el primer instrumento para un intento de cartelización.
La necesidad de recuperar el atraso en el mantenimiento y el desarrollo de infraestructura exigirá una intensificación de las inversiones al mismo tiempo que se deberá lograr el menor costo de las obras y la mayor participación privada. Las medidas que comentamos en esta opinión editorial van en el correcto sentido.
Tipo de trabajo:opinión
Más leídas de Editoriales
