Qué se juega hoy con una nueva ley de semillas

El Consejo Agroindustrial Argentino, constituido hace diez años, mantuvo recientemente por Zoom una reunión con el ministro Luis Basterra, donde instó al Gobierno a promover un proyecto de ley que fomente las inversiones y las potencialidades del campo. La entidad dejó en claro, en palabras de su presidente, Miguel Cané, que eso incluye la sanción de una ley de semillas moderna, que respalde la investigación genética y biotecnológica.

Las normas en vigor provienen de 1973. Entonces, la producción agrícola sufría el estancamiento provocado desde la revolución de 1943 por una política desatenta del inmenso potencial agropecuario del país. En 1973 faltaban años, todavía, para que se consumara lo que pasaría a conocerse con la muletilla de "segunda revolución de las pampas". Ese fenómeno transformó de modo notable, desde principios de los noventa, la productividad agrícola nacional al introducir prácticas sustentables –labranza cero, rotación de cultivos, fertilización apropiada a la exigencia de los cultivos y cuidado del suelo, combate eficaz de plagas– y valerse en muchos casos de semillas transgénicas. La industria de la maquinaria agrícola se actualizó a tono con esas novedades, que fueron de tal magnitud que cambiaron valores ancestrales de la cultura rural y multiplicaron varias veces la productividad de nuestra agricultura.

Pero la ley de semillas vigente es la misma de hace casi 50 años, por más que durante décadas se haya debatido la necesidad de reemplazarla por otra que interprete acabadamente una realidad que poco tiene que ver con la de aquella época. Es lamentable, por lo tanto, que haya perdido estado parlamentario un dictamen aprobado en 2019 con impulso de los diputados de Cambiemos. No satisfacía a nadie por completo –acaso como reflejo de su equilibrio–, pero expresaba un avance importante.

Ese dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, fundamentado por el diputado entrerriano Atilio Benedetti, protegía a los obtentores y establecía por cinco años restricciones a los productores para el uso propio de semillas por ellos cosechadas. El dictamen establecía, con bueno criterio, que las regalías se pagarían en el momento de compra de las bolsas, con lo cual se sopesaban las posiciones contrapuestas de productores y semilleros. Se ponía, además, al margen de las nuevas exigencias, a los pueblos originarios, a los campesinos involucrados en modalidades de la agricultura familiar y a los productores cuya facturación no sobrepasara a las minipymes.

Nada alcanzó para sumar el apoyo indispensable para el quórum de los diputados peronistas. Hoy, el ministro Basterra, quien por entonces se desempeñaba como legislador nacional, coincide en la necesidad de una nueva ley. Hay siete eventos extranjeros, no todos de interés comercial en la Argentina, cuyos obtentores se resisten a traerlos por falta de una consistente protección legal a sus derechos. Tiempo atrás, Monsanto desistió a último momento por esas mismas razones de lanzar aquí la soja Xtend, cuya utilización es un boom en campos de los Estados Unidos.

El lado más oscuro de este viejo asunto se entrelaza con la propensión argentina a manifestarse fuera de la ley. Los populismos son mandados a hacer para enredarse en los comportamientos que en el campo se grafican como de "andar por la banquina". Eso sale caro al país, no es gratuito; lo prueba la situación de parias virtuales en que nos encontramos en el campo de las finanzas internacionales.

Resulta apropiado al respecto citar el reciente reporte del Índice Internacional de Derecho de Propiedad (IPRI), que supervisa la Property Rights Alliance. Acaba de situar a la Argentina en el puesto 79 sobre 129 países evaluados, en lo que concierne a derechos de propiedad. Logramos un puntaje de 5,111, por debajo del promedio mundial de 5,73. El índice contempla tres factores: el contexto legal y político de un Estado, o sea, la seriedad de sus instituciones; el grado de consideración por los derechos de propiedad física y de los derechos de propiedad intelectual. Los califica como decisivos para el desarrollo social y económico o, en su defecto, para el retraso de las naciones.

En el fondo, la discusión sobre la ley de semillas refiere a si la Argentina está dispuesta a seguir siendo un país al margen de la ley. Por tomar un ejemplo de notoria gravedad, la reforma judicial en marcha, incentivada por intereses de la facción política dominante en el Senado y por la situación procesal de algunos de sus principales personajes, no podría echar más sombras sobre la manipulación de este tipo de cuestiones.