¿Quién responde por la desidia del Estado?
La negligencia estatal ha determinado que, insólitamente, se les deba pagar a abogados de Cristina Kirchner con dinero de todos
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Ciertas paradojas son, en realidad, síntomas. Mientras el Estado todavía no ha logrado hacer efectivo un solo peso de los aproximadamente 587 millones de dólares cuyo decomiso fue dispuesto en la causa Vialidad, enfrenta ahora la perspectiva de pagar cerca de diez millones de dólares en honorarios a los abogados de quienes fueron demandados por el propio Estado.
No se trata de una derrota después de una ardua discusión jurídica. Una demanda civil iniciada por Vialidad Nacional contra Cristina Kirchner y otros acusados para reclamarles fondos terminó por una razón mucho más inquietante: el Estado dejó de impulsarla y permitió que caducara la instancia. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad, ante el abandono del juicio por parte del demandante.
La inactividad comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández y la caducidad terminó de configurarse durante la actual administración. La responsabilidad institucional, por lo tanto, difícilmente pueda atribuirse a un solo signo político. El problema es más profundo.
El Estado dispone de organismos jurídicos, funcionarios, abogados y recursos financiados por los contribuyentes precisamente para defender el patrimonio público. Cuando por falta de actividad procesal se pierde una acción de semejante magnitud y, como consecuencia, esos mismos contribuyentes quedan expuestos a pagar honorarios millonarios, no basta con lamentar el resultado.
La responsabilidad de los funcionarios públicos no puede agotarse en la responsabilidad política. Si la negligencia en la defensa de los intereses del Estado causa un perjuicio patrimonial, corresponde investigar sus causas y, eventualmente, determinar sus responsables.
En el caso que nos ocupa, es imprescindible determinar quién debía impulsar aquel expediente, por qué no lo hizo, qué mecanismos de control fallaron y qué responsabilidad corresponde a quienes permitieron que ocurriera.
Porque cuando el Estado pierde por abandono, el dinero que pierde no es suyo. Es de todos.
