
Reanimación de la ley Láinez
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El deterioro de la educación en todos sus niveles en el país obliga a reflexionar sobre cuáles deberían ser las mejores herramientas para enfrentar tan acuciante problema. El rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Horacio Sanguinetti, acaba de lanzar una propuesta, que merece ser analizada, para que el Ministerio de Educación de la Nación instituya escuelas de excelencia en las provincias para contribuir a elevar el nivel educativo en cada jurisdicción.
Esa iniciativa no sería otra que la reanimación de la llamada ley Láinez de 1905.
Esa norma entró en vigencia 21 años después que la ley 1420 de educación común, en coherencia con los vigorosos propósitos de alfabetización de ese tiempo. La ley Láinez buscó extender los alcances de la anterior, se inspiró en los mismos principios y condicionó, a la petición de los gobiernos provinciales, la creación de nuevas escuelas según sus normas y sostén en los territorios de cada jurisdicción.
La última cláusula citada buscó evitar que se instalara una suerte de competencia entre los establecimientos cuya dependencia había de ser distinta. Esa previsión no bastó, ya que prontamente docentes y alumnos fueron prefiriendo las nuevas escuelas Láinez y así resultó que las políticas educativas del gobierno nacional desbordaron los límites que se había fijado ante los gobiernos provinciales. Por lo tanto, aunque en el planteo formal de la ley no se hubiese afectado el principio del federalismo, en la práctica se produjo. En esto gravitó una tendencia centralista muy marcada en nuestra vida política, que todavía hoy ejerce influencia.
Sin embargo sería injusto evaluar la ley Láinez sólo por sus efectos contrarios al federalismo, porque se han reconocido sus logros en materia de escolaridad que permitieron mayores avances para las políticas de alfabetización.
En suma, siendo digna de consideración la iniciativa lanzada por Sanguinetti, es necesario advertir la necesidad de que se debe respetar el federalismo educativo, cuestión básica por sostener. Desde luego, convendría examinar la posibilidad de que el gobierno nacional alentase a las provincias a crear en sus territorios establecimientos de excelencia, de acuerdo con las necesidades regionales, que redundaría en beneficio de la calidad educativa en cada jurisdicción.






