Recomponer el federalismo

Uno de los principios institucionales que nuestra Constitución establece de manera inequívoca y que -sin embargo- la dinámica de los hechos se ha encargado casi siempre de desnaturalizar es el que consagra para la República Argentina el régimen federal de gobierno.

Se ha dicho muchas veces en el campo doctrinario, con razón, que la estructura del sistema federal reposa, por naturaleza, sobre un delicado equilibrio: por un lado, tiende a posibilitar una saludable descentralización geográfica de la administración y del poder, en tanto que, por el otro, necesita fijarle un límite máximo a la pretensión de autonomía de las jurisdicciones locales, pues de lo contrario se pondría en riesgo la unidad del Estado madre o soberano.

De la sabiduría y la prudencia con que se manejen esas tensiones entre la pluralidad y la unidad dependerá que se puedan conciliar o no, en cada caso, las imposiciones fácticas del dinamismo histórico con los lineamientos conceptuales y teóricos que prescribe la letra constitucional.

Es cierto que entre la Constitución del Estado federal y las constituciones de los diferentes Estados miembros o provincias debería existir, por lógica, una clara relación de subordinación y de determinación de competencias, de modo que en teoría no deberían crearse zonas de conflicto entre lo general y lo particular. Pero es sabido que toda organización institucional tiene dos niveles: uno doctrinario o jurídico y otro impuesto por la dinámica de los hechos. Hasta en los Estados Unidos, el primer país en el que apareció históricamente la imagen típica del federalismo, se han sufrido los efectos de ese desencuentro frecuente entre lo establecido por la teoría constitucional y el resultante fáctico de una realidad muchas veces reñida con lo que prescriben los textos legales.

Por supuesto, en una sociedad altamente desarrollada como la norteamericana los reaseguros y contrapesos institucionales han funcionado casi siempre con eficacia y, en última instancia, el sistema ha podido ser preservado.

En la Argentina, país que ha sufrido la interrupción del orden constitucional en sucesivas oportunidades, el debilitamiento del régimen federal ha sido significativamente más grave y ha faltado la continuidad estructural que hubiese permitido eliminar los vicios y los desequilibrios que distorsionan la relación entre las provincias y el poder central.

Una de esas distorsiones es la que dificulta la puesta en marcha de estrategias eficaces para fortalecer el ordenamiento fiscal de la Nación. Las depresiones económicas han ido llevando a la instrumentación de regímenes impositivos que unifican la tributación y que encomiendan al Estado nacional la misión de distribuir entre las distintas jurisdicciones el producto de la recaudación.

Está pendiente en la Argentina la sanción de una nueva ley de coparticipación federal y a pesar de que se han vencido los plazos fijados por la Constitución vigente para su aprobación se sigue dilatando en el tiempo su tratamiento por el Poder Legislativo. Esa nueva ley debería avanzar hacia la creación de un sistema que comprometa a las provincias con la defensa de un régimen fiscal equilibrado y sano. En el sistema actual, los gobernantes provinciales -con algunas loables excepciones- no se sienten responsables en lo más mínimo por el mantenimiento de un orden económico mínimamente razonable y utilizan descontroladamente el gasto público, en sus respectivos territorios, para servir a sus subalternos intereses partidarios.

La cuestión se agrava por la existencia, en algunas provincias, de regímenes políticos de naturaleza semifeudal, basados en la dominación verticalista ejercida por un caudillo o un grupo familiar que han logrado perpetuarse en el poder durante extensos períodos.

Esos sistemas sofocan las libertades públicas y cierran el camino a toda posibilidad de cambio o de alternancia política en el gobierno provincial de que se trata.

La naturaleza de esos regímenes gravita negativamente no sólo sobre las sufridas poblaciones de las provincias afectadas sino también sobre el conjunto de la sociedad argentina, debido a la participación que esos caudillos autoritarios tienen, de hecho, en el gobierno central, a través de su influencia en el Senado de la Nación. En nuestra historia reciente hay ejemplos sobrados del daño que se puede ocasionar, por esa vía institucional, al bien común y al interés de todos los argentinos.

Es de esperar que en 2004 se den los pasos necesarios para una reforma integral del régimen de coparticipación federal, que otorgue al sistema fiscal argentino la racionalidad que ahora le falta. Y que progresivamente vayan desapareciendo de los escenarios públicos provinciales los anquilosados regímenes que impiden el avance político de sus pueblos a genuinos procesos de renovación democrática.

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