Reducir el gasto, un deber político pendiente

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9 de febrero de 2020  

La provincia de Santiago del Estero tiene un índice de pobreza histórico de entre el 40 y el 50%, pero está construyendo un estadio de fútbol modelo para 29.000 espectadores sentados, plateas vip y 22 palcos, además de un museo interactivo y un restaurante. El valor aproximado de ese emprendimiento, al que el gobernador Gerardo Zamora llamó "política de Estado", ronda los 1500 millones de pesos.

En La Pampa, para el Día de la Lealtad peronista, aterrizó una decena de aviones, entre oficiales y privados, para trasladar a gobernadores y dirigentes políticos. En Tucumán, pocas semanas antes, el gobernador Juan Manzur ofreció al entonces candidato presidencial Alberto Fernández una megarrecepción cuyo costo rondó los 20 millones de pesos, financiados con dineros públicos.

Durante el XV Congreso de Economía Provincial, organizado por la prestigiosa entidad Fundación Libertad, a fines de 2019, se informó que "el gasto argentino por legislador es 2,6 veces más alto que su par español; que para 2019, el costo total destinado por los 24 distritos a sus Legislaturas fue de 41.008 millones de pesos, lo que implica un gasto anual por legislador en el país de 34,2 millones. O, en otras palabras, mantener a cada legislador ronda los 3 millones de pesos mensuales. El mismo informe da cuenta de que al tope de la tabla de las provincias que más gastan está Tucumán.

La mayor parte del gasto de los poderes Legislativos se destina a personal, es decir, a diputados y senadores y a sus equipos de trabajo, que alguna vez fueron calificados, con acierto, como pymes, acaso -agregamos- medianas o pequeñas empresas privilegiadas, ya que sortean todos los inconvenientes que a las pyme se les plantean más aún en épocas de crisis.

Si la comparación se hace entre las unidades administrativas de los Estados Unidos (condados) y las nuestras (municipios), el resultado no puede más que confirmar el despilfarro. Según publicó el reconocido economista Roberto Cachanosky, los EE.UU. tienen 3143 condados y una población de 326 millones de habitantes, eso quiere decir que cada condado atiende las necesidades de 103.700 habitantes. En nuestro país, hay 44 millones de personas y 2300 municipios, con lo cual cada uno atiende las necesidades de 19.130 individuos. El hecho de que el costo de cada unidad administrativa recaiga sobre muchas menos personas aquí implica que la carga burocrática per cápita sea varias veces más alta en la Argentina que en los Estados Unidos.

Si tomamos la cantidad de ministerios, son 21 los que hoy existen en la estructura del sector público a nivel nacional. Es el mismo número con el que concluyó el gobierno anterior. Según datos del Cippec ("GPS del Estado: radiografía 2017/2018"), la mayor cantidad de carteras en la región la tiene Venezuela (31); Ecuador, Chile y Brasil tienen 23; les sigue la República Dominicana, con 22 y, por debajo de nosotros, el resto de los países.

Cuando hace poco más de un mes nuestro Congreso Nacional sancionó la "ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública", tal cual el ampuloso nombre oficial, quedó claro que el ajuste, una vez más, iba a pasar fundamentalmente por sectores privados, que sería un impuestazo a la producción y que la política no se haría cargo de "solidarizarse" con ningún recorte serio. Un ejemplo de ello, quizá uno de los más aberrantes, fue el hecho de que la ley que congeló jubilaciones, subió impuestos y retenciones, y amplió el cepo, exceptuó del congelamiento de haberes a las jubilaciones del presidente, del vicepresidente, los regímenes para funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y del Servicio Exterior de la Nación.

Esa situación generó un profundo y comprensible malestar en buena parte de la sociedad, lo que llevó a varios dirigentes a decir que congelarían sus salarios. Del Presidente para abajo se empezó a hablar de recortes profundos, pero en los hechos fueron pocos los que se hicieron eco de la necesidad de bajar los costos de la política. Las iniciativas al respecto se enfriaron y el oficialismo les bajó el pulgar a proyectos de largo alcance como el del diputado Waldo Wolff (Pro), destinado a congelar los sueldos de todos los funcionarios durante 2020. A cambio, Cristina Kirchner y Sergio Massa, a cargo del Senado y de Diputados, respectivamente, firmaron resoluciones para congelar dietas por 180 días.

"La clase política no es la que hace esfuerzos, la clase política dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado", se sinceró -aunque luego intentó suavizar sus dichos- el senador kirchnerista Carlos Caserio.

En la Argentina, tenemos un problema muy serio con la asignación del gasto público, un problema que se ha agravado profundamente con la sucesión de gobiernos populistas o de gobiernos que, no siendo populistas en su origen, se han valido de ese método para gobernar. Tenemos también un severo problema en materia impositiva vinculada con cuestiones políticas. Necesitamos urgentemente rearmar nuestro sistema impositivo. Ahora bien, ¿cómo lograrlo si quienes tienen que dar el ejemplo y colaborar con ese objetivo son los mismos que se benefician con el actual esquema? En otras palabras: ¿aceptarán los Zamora, los Manzur y otros muchos gobernadores que sus legisladores voten la cesión de recursos que reciben los distritos?; ¿se dispondrán a debatir la ley de coparticipación federal de impuestos, adeudada desde 1996?

"En un contexto donde la Argentina debe ir a una reestructuración integral y profunda del Estado para ordenar sus cuentas públicas que le permita emprender un crecimiento sostenido, el costo político no puede soslayarse", expresaba el investigador de la Fundación Libertad Javier Bongiovanni al presentar en Rosario el informe citado.

"Todos tenemos que ceder algo", dijo el Presidente. La pregunta es: ¿cederá la política a fin de dar el ejemplo y tratar de equilibrar las finanzas públicas en lugar de seguir comportándose como devoradora de la riqueza que genera el sector privado, de continuar pidiendo mayores esfuerzos a quienes los realizan desde hace décadas? ¿Se sancionará de una buena vez la ley de extinción de dominio para poder recuperar el dinero y los bienes públicos robados por la corrupción?

Con 4 millones de empleados públicos, 7 millones de jubilados y pensionados y más de 8 millones de beneficiarios de planes asistenciales no hay economía que resista si la producción no crece y el Estado se limita a seguir gastando sin límites.

La política debe dar el ejemplo. Y lamentablemente no hay señales de que lo vaya a hacer.

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