El pasado diciembre, el Gobierno anunció un "nuevo paradigma" en las relaciones económicas entre el Estado y la Iglesia Católica, modificando el formato existente hasta hoy de asignaciones a los obispos.
En la Argentina, parece haber voluntad de eludir la intervención del Congreso en un tema que tiene suficiente importancia, de manera de que el resultado sea sólido y perdurable. Si se acepta que la dimensión religiosa es importante en la vida individual y comunitaria, y se reconoce que las confesiones religiosas hacen un aporte valioso a la sociedad, es posible diseñar un sistema de aportes por parte del Estado razonablemente igualitario.
Hay dos temas que se relacionan: la necesidad de desarrollar la conciencia de los fieles en sus obligaciones económicas hacia la Iglesia y acordar con el Estado un sistema por el cual colabore de manera efectiva al financiamiento, como forma de garantizar la libertad religiosa, individual y colectiva.
