Rémoras de un peligroso pasado cercano

A las insólitas declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández sobre la necesidad de "revisar muchas sentencias que se dictaron en los últimos años", tras cuestionar con dureza a varios jueces y camaristas que procesaron a la expresidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su gobierno por hechos de corrupción, se ha sumado una no menos inconstitucional propuesta de Eugenio Zaffaroni. El exjuez de la Corte Suprema sugirió la sanción de una ley cuyo objetivo sea "la revisión por las causas de los presos políticos", en referencia a los detenidos por casos de corrupción.

Ambas posiciones dan cuenta de la clara intención del kirchnerismo de desactivar las causas judiciales en las que se hallan involucrados sus exfuncionarios, si se produce su regreso al poder. Un propósito que tiraría por la borda los principios de separación de poderes y de independencia del Poder Judicial.

Las referencias de dirigentes kirchneristas a la existencia de "presos políticos" y no, como correspondería, a "políticos presos" resultan inadmisibles, por cuanto se trata de exfuncionarios que están siendo investigados o juzgados con todas las garantías constitucionales para ejercer su defensa. No son más que chicanas para negar o relativizar la enorme corrupción que caracterizó las gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner, que han seguido a las declaraciones de la expresidenta cargadas de victimizaciones y de infundadas denuncias sobre "persecuciones políticas, judiciales y mediáticas".

Respecto de la ley propuesta por Zaffaroni para revisar las causas judiciales en las que se encuentran detenidos exfuncionarios, es claro que el Congreso no puede sancionar normas para revisar lo que hace otro poder como el Judicial, como lo han señalado reconocidos constitucionalistas en los últimos días. Con iniciativas semejantes, más que el fin de la grieta que sugieren algunos hombres del kirchnerismo, se conseguiría el fin de la Justicia y la consagración de la impunidad.

Varios jueces de la Corte, como Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, también han advertido sobre la necesidad de que se respeten las decisiones judiciales.

Uno de los hechos luctuosos que demuestra la importancia de prestar particular atención y protección a las indebidas injerencias en materia de independencia judicial lo constituye la muerte del fiscal Alberto Nisman pocos días después de denunciar por encubrimiento a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las declaraciones del exjefe de Gabinete (2003-2008) y hoy candidato presidencial Alberto Fernández sobre jueces actualmente en funciones deben ser analizadas detenidamente y no como una noticia coyuntural. Esas manifestaciones no solo fueron muy graves, sino que además fueron lanzadas en un contexto en el cual hay indicios de que avanza la idea de un pacto de impunidad.

Pocos días antes del inicio del juicio por la llamada causa de la obra pública, en el que se juzga a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Báez, entre otros acusados de integrar una asociación ilícita encargada de defraudar al Estado, Fernández afirmó que "algún día [Julián] Ercolini, [Claudio] Bonadio, [Martín] Irurzun, [Gustavo] Hornos y [Juan] Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno".

Ese provocador comentario contra los cinco magistrados federales excedía claramente la referida causa de la obra pública. Solamente Ercolini venía participando activamente en ella al dictar primero el procesamiento de los acusados y luego al decidir elevarla a juicio oral. Cabe preguntarse por qué Fernández incluyó también a Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani en el grupo de jueces federales que, a su juicio, deberían rendir cuentas por las acciones tomadas contra Cristina Kirchner.

Ocurre que Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani adoptaron decisiones en otro juicio que compromete a la exmandataria. Se trata nada menos que del proceso iniciado por el fiscal Nisman en el que se la investiga por el delito de encubrimiento en el caso de la voladura de la AMIA. El juez Bonadio ordenó su procesamiento. Irurzun, como integrante de la Sala II de la Cámara Federal, confirmó esa resolución. Después, Gemignani y Hornos rechazaron los recursos interpuestos contra la decisión que firmó Irurzun. Y, por último, la Corte Suprema rechazó los recursos planteados, lo cual supuso también confirmar la prisión preventiva ordenada contra Cristina Kirchner.

El 18 de mayo pasado, la actual senadora se autoproclamaba candidata a vicepresidenta y anunciaba que Fernández sería su postulante a presidente. Al otro día, el ungido candidato, lejos de moderar su tono amenazante, lo reforzó al agregar que "las cosas que han dicho, en los juicios contra Cristina, Bonadio o Ercolini son dantescas". El mensaje intimidatorio es de tal gravedad que no admite ser edulcorado con tecnicismos jurídicos. Dado el cargo para el que se postula y su condición de abogado, sus expresiones plantean una incertidumbre de fuerte relevancia e impacto en el plano institucional.

Nisman murió a los pocos días de denunciar el presunto encubrimiento pergeñado para eludir el accionar de la Justicia argentina. La presencia de un hecho de tal trascendencia nos obliga a denunciar los dichos del precandidato. Nuestra sociedad no puede siquiera considerar como posibilidad que no se concrete el juicio oral para esclarecer la muerte del fiscal Nisman ni el referido a las responsabilidades por el eventual encubrimiento de la causa AMIA. Tampoco podemos aceptar que las decisiones judiciales en la instrucción del caso puedan ser motivo de posteriores ajustes de cuentas "institucionales".

En una entrevista televisiva, en 2015, Alberto Fernández calificaba al gobierno de Cristina Kirchner como muy malo: "Toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la Justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la Justicia'; todo eso es deplorable. Lo que hizo con el tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable".

Poco importan la falta de coherencia y las contradicciones en las que incurre el precandidato, apasionado defensor hoy de lo que ayer denostaba. La gravedad de sus dichos nos mueve a reafirmar que la independencia judicial y la separación de poderes constituyen elementos esenciales del sistema democrático. Que desde una plataforma electoral se proponga tan descarada como peligrosamente ignorarlos constituye una sonora advertencia para los votantes. Un precandidato que busca generar apoyos apelando a debilitar tan flagrantemente el orden institucional ha de encender todas las alarmas: lo que está en juego es nada menos que la República.