Revalúo y mayor presión impositiva

No hizo falta demasiado tiempo para que los funcionarios ligados a la ejecución del presupuesto advirtieran que la contracción del gasto prevista en el acuerdo con el FMI será de difícil cumplimiento.

Como consecuencia del aumento de los precios internacionales del gas y del petróleo y de la aceleración de la inflación local, el espacio para reducir los subsidios a la energía se estrechó notablemente. La decisión de segmentar las tarifas prevé aumentos que continuarán por debajo de los costos para una masa significativa de usuarios de menores recursos. Pero exigirá, como compensación, incrementos tarifarios superlativos y prácticamente imposibles para los de mayores recursos. No hay método preciso para segmentar a los usuarios. Se lo hará según la zona donde viven, de manera que se repetirán las protestas de gente humilde que habita en áreas mejor calificadas, a las que les corresponden esos importantes aumentos.

La realidad es que siempre serán notablemente traumáticos los ajustes tarifarios luego de largos períodos de congelamiento e inflación. Esa experiencia dolorosa le tocó al ministro Juan José Aranguren durante la presidencia de Mauricio Macri. Correspondía hacerlo aunque surgieran errores, pero hacían falta una cuidadosa corrección de situaciones extremas, una intensa comunicación y fuerte voluntad y convencimiento. Estas últimas no son virtudes del actual gobierno nacional y, además, la política le dice que no debe encender mechas que puedan afectar sus perspectivas electorales.

Estaríamos ante otra forma de destrucción de valor y de desaliento de inversiones, que se sumaría al efecto destructivo de la vigente ley de alquileres

Por todo esto está explorando alternativas y, entre ellas, ha surgido una que aparenta ser una simple corrección técnica y que cuenta con el fervor recaudador de los gobernadores provinciales: la del ajuste de las valuaciones de inmuebles que beneficiaría al fisco nacional a través del impuesto a los bienes personales, y a las provincias por el impuesto inmobiliario. La directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, ha mencionado un acuerdo con la ciudad de Buenos Aires para restablecer las valuaciones que tiempo atrás fueron reducidas a la cuarta parte.

Es sabido que las valuaciones fiscales han evolucionado, pero que siempre han estado por debajo del valor de mercado. Esta realidad se compensó habitualmente mediante otro artificio: aplicar alícuotas impositivas elevadas, que no podrían resistirse si cargaran sobre los valores de mercado. La renta real que puede obtenerse de un inmueble difícilmente excede hoy el 3% del capital. Si el impuesto inmobiliario más la tasa de alumbrado barrido y limpieza hoy rondasen ese porcentaje y la de Bienes Personales sigue ubicándose entre 1,5% y 1,75%, los impuestos terminarían absorbiendo más del 100% de la renta y se dejaría de invertir en inmuebles para destinarlos al alquiler.

En conclusión, si se decide revaluar los inmuebles, indefectiblemente deberán reducirse las tasas impositivas aplicadas. El gobierno nacional, las provincias y los municipios deberán dejar de lado la expectativa de recaudar más mediante el revalúo de las propiedades. No deben cometer la torpeza de hacerlo manteniendo las actuales tasas o alícuotas. Sencillamente, estaríamos ante otra forma de destrucción de valor y de desaliento de inversiones que se sumaría al efecto destructivo de la vigente ley de alquileres y al marco general adverso de la alta inflación y de las medidas retrógradas implementadas para combatirla.